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Por qué Jeff Sessions podría ser aterrador para los inmigrantes como procurador general de EU

Jeff Sessions representa una amenaza clara y actual al sistema estadounidense de justicia en general y a los derechos de los inmigrantes en particular.

10/01/2017 4:32 PM CST | Actualizado 10/01/2017 4:32 PM CST

Kevin Lamarque / Reuters
El senador republicano Jeff Sessions, hoy, durante la sesión en el proceso para convertirse en procurador general de Estados Unidos.

El nombramiento de Jeff Sessions (senador republicano por Alabama) como procurador general de EU es una señal clara y amenazante de que el presidente electo Donald Trump está completamente determinado a cumplir con sus promesas de deportación masiva, el registro de los musulmanes y las restricciones radicales a la inmigración legal.

Desde que llegó al senado de EU hace unos 20 años, Jeff Sessions ha dejado su marca como uno de los legisladores más vehementemente localistas y antiinmigrantes en la historia de EU. Más que sumarse a sus colegas que han intentado actualizar el anticuado sistema migratorio de EU desde sus curules, Sessions ha pasado décadas trabajando mano a mano con extremistas anti-inmigración para bloquear dichos intentos.

Como el principal abogado de la nación, jefe de la corte de migración y principal funcionario de derechos civiles, Sessions tendría acceso a muchas herramientas para afectar a los inmigrantes y dañar el debido proceso. Debido a su retórica y a su actuación como senador de EU, así como sus nexos con los extremistas antiinmigración, existen todas las razones para creer que hará uso de dichas herramientas.

Aquí van cinco maneras en que Sessions podría intentar minar las políticas de migración y a los inmigrantes si se confirma su nombramiento como procurador general:

-Imponer su radical ideología anti-inmigrante en decisiones que puedan tomar las cortes de inmigración.

- Aumentar el número de migrantes deportados a pesar de ser elegibles para obtener una green card o para recibir asilo.

- Reducir el acceso a asesoría legal e información sobre los derechos legales a inmigrantes;

- Criminalizar a los inmigrantes al presentar cargos amañados en contra de trabajadores ordinarios y

- Obligar a las policías estatales y locales para convertirse en agentes de deportación de Trump.

Evidentemente, cualquier intento de Sessions de afectar los derechos civiles y de debido proceso se toparía con fuertes litigios externos. Sin embargo, el senado de EU podría bloquear su confirmación desde el inicio puesto que él no está nada calificado para este puesto y ha demostrado un profundo desprecio por los derechos civiles y humanos.

En primer lugar, Sessions tendrá un control completo sobre las cortes de inmigración, incluyendo el poder para imponer su ideología radical antiinmigrantes. En 2002, cuando el congreso creó el Departamento de Seguridad Nacional, dejó todo el sistema de cortes de inmigración, conocido entonces como la Oficina Ejecutiva para la Atención de la Inmigración (EOIR), dentro del Departamento de Justicia y bajo la dirección de la Procuraduría General.

La EOIR incluye todas las cortes de inmigración en EU así como el Buró de Apelaciones de Inmigración, que revisa las decisiones de deportación de los jueces de inmigración. El procurador general contrata y capacita a estos jueces. Ellos actúan como agentes de autoridad del procurador y algunas veces son más fiscales que jueces.

El poder total de Sessions sobre las cortes de inmigración incluye la facultad de vetar unilateralmente decisiones precedentes del Buró de Apelaciones de Inmigración. Como procurador general, Sessions tendría la última palabra sobre decisiones que afecten las vidas de los inmigrantes, tales como ser víctimas de violencia doméstica, tráfico y tortura, así como otras que los hagan elegibles para recibir protección bajo las leyes de inmigración. Como se señaló en un texto reciente del Consejo para la Inmigración de EU:

El procurador general tiene la autoridad de revocar unilateralmente las decisiones del Buró de Apelaciones de Inmigración (BIA). Gran parte de las leyes de asilo se basan en decisiones del BIA, incluyendo las que determinan qué grupos deben recibir protección ante persecuciones en sus países de origen. Como senador, Jeff Sessions se ha opuesto férreamente a conceder cualquier tipo de estatus legal a las mujeres y niños que actualmente escapan de las persecuciones en América Central. Como procurador general, tendría la autoridad para conseguir que el asilo sea mucho más difícil de obtener a los que quieren llegar a EU para evitar la violencia en muchas partes del mundo.

En resumen, como procurador general, Jeff Sessions tendría amplias facultades unilaterales para alterar drásticamente la interpretación y gestión de las leyes de inmigración para satisfacer su visión localista y antiinmigrante. Así lo explicó Laura S. Trice en su artículo en New York University Law Review:

Es difícil exagerar el tremendo impacto de las decisiones de un procurador general. A pesar de que el esta figura raramente ejerce su autoridad para revisar las decisiones del BIA (con un promedio de 1.7 de determinaciones certificadas anualmente entre 1999 y 2009) la mayoría de sus veredictos producen cambios significativos en la ley que afectan directamente a categorías completas de inmigrantes en procesos de expulsión. El proceso de certificación es muy diferente las revisiones de rutina caso por caso que la BIA lleva a cabo. Se trata de una herramienta para ejercer una política selectiva que permite al procurador general mantener un control sobre el BIA e implementar cambios profundos en la doctrina legal.

En segundo lugar, el control de Sessions sobre las cortes de inmigración le daría el poder para escoger quién sería blanco de deportación. Como procurador general, Sessions podría establecer lineamientos sobre cómo decidir los casos de deportación, eliminar las reglas para cerrar los casos con baja prioridad, y limitar severamente la facultad de un juez de inmigración para enviar un caso a las oficinas de migración con el objetivo de la expedición de una green card, esto con base en lazos familiares cercanos o dificultades extremas en caso de una deportación. Esto, obviamente, tendría consecuencias enormes para familias por todo el país.

Por ejemplo, en el caso en el que una esposa y madre sea elegible para recibir una green card, con base en su matrimonio de años con un ciudadano estadounidense, muchos jueces de inmigración podrían, en un tema de economía jurídica, enviar el asunto para su decisión al Servicio de Ciudadanía y Migración de EU, en lugar de gastar los limitados recursos de la corte en un proceso de deportación. Sessions podría insistir que dichos casos se decidan por un juez de inmigración en procesos de expulsión, aumentando el riesgo de que la mujer sea deportada a pesar de sus sólidos lazos familiares y su elegibilidad para recibir una green card.

En tercer lugar, Sessions podría limitar el derecho de un inmigrante de obtener cualquier tipo de representación en una corte de inmigración o de entender siquiera sus derechos legales. Como procurador general tendría poder para recortar el acceso a la asesoría pública financiada por el gobierno o a una defensa pro bono, así como restringir la presentación del Programa de Orientación Legal que reciben los inmigrantes en detención, la cual es generalmente la única fuente de información sobre los procedimientos de deportación.

Sessions también podría cambiar las reglas que permiten a los representantes jurídicos acreditados (asesores que no son abogados) estar en la corte para interceder por los inmigrantes indígenas y los menores, la cual a veces es la única forma de representación que un individuo puede tener.

Cuarto: como procurador general, Sessions podría utilizar estatutos federales para convertir a los inmigrantes indocumentados con imputaciones del orden civil en "criminales", lo que sería un uso escalofriante de la autoridad que podría ser del agrado de un personaje como él. Además de perseguir con agresividad a los inmigrantes indocumentados por delitos relacionadas con la migración, como entrar o reentrar ilegalmente al país. Sessions podría, vilmente, utilizar la ley criminal federal para criminalizar a los inmigrantes por el simple hecho de trabajar en el país. Esto es exactamente lo que pasó en la era de Bush durante las persecuciones de Postville, Iowa, en 2008. Cuando unos 400 trabajadores indocumentados fueron detenidos por el ICE en un operativo de la empacadora de carne Agriprocessors y que luego se les acusó de criminales en un abuso agresivo del poder.

En Postville, el Departamento de Justicia utilizó el estatuto federal de robo de identidad, que implica cárcel por dos años, como un ariete para coaccionar a los trabajadores indocumentados a declararse culpables de dicho delito, a pesar de evidencias dudosas. A esos hombres y mujeres literamente se les pastoreó y se les llevó a una instalación donde se exhibe al ganado. Luego se les llevaron a cabo audiencias grupales como medida para apresurar sus casos. Los procedimientos de Postville detonaron el enojo internacional y la Suprema Corte rechazó semejante uso tan escandaloso de las reglas de robo de identidad.

Sin embargo, como procurador general, Jeff Sessions podría tener la posición para abusar de nuevo de las leyes criminales en contra de trabajadores ordinarios en formas que asemejan lo que sucedió en Postville. Por ejemplo, podría ordenar al Departamento de Justicia enjuiciar por "fraude migratorio" en casos de errores por descuido e inofensivos, o equivocaciones en el llenado de los documentos de visado y de entrada al país, o durante las entrevistas para la ciudadanía.

Como procurador general se le encargaría asegurarse que los estados y localidades cumplan con las decisiones de la Suprema Corte, que se frenan con leyes antiinmigrantes estatales como la infame acta SB1070 de Arizona. Es difícil imaginar que haga algo así, dado su apoyo a medidas similares como la HB 56 en Alabama. También tendría la autoridad —a través de la Oficina de Defensa Legal del Departamento de Justicia— de dar su visto bueno a varias medidas antiinmigrantes, como la facultad de las corporaciones de seguridad estatales y locales de arrestar a individuos por violaciones civiles, así como los contornos legales del registro o prohibición de los musulmanes, permitir a las autoridades estatales o locales vetar los asentamientos de los refugiados.

También podría presionar a las autoridades estatales y locales, que se niegan a las deportaciones, con amenazas de juicio, negarles el acceso a fondos de algunos programas, y otros castigos. De hecho, este mismo escenario ha sido apoyado en público por quienes quieren más restricciones a la inmigración:

Con Sessions, abogados del Departamento de Justicia podrían intentar obtener órdenes judiciales para que los agentes locales colaboren con los funcionarios de inmigración federales.

"Lo primero que debes hacer es presentar la demanda, con lo que un juez consigue una orden" para obligar a las ciudades a detener sus políticas", dijo Krikorian, quien ha propuesto medidas a los asesores de Trump.

"El opción principal es que se enjuicie por la vía criminal a los miembros de los concejos de las ciudades y a los supervisores por albergar de forma ilegal a los inmigrantes ilegales, que es lo que son", dijo Krikorian.

No sorprende que el espectro que Jeff Sessions pueda obtener en su manejo del Departamento de Justicia hayan alarmado a los estadounidenses que aprecian los derechos humanos y civiles. En una carta en la que se exhorta al Comité Judicial del Senado a rechazar el nombramiento de Sessions, la Conferencia de Líderes de los Derechos Humanos y Civiles, a la que se sumaron 144 organizaciones, resumieron la vergonzosa trayectoria del senador por Alabama en temas de inmigración, así como su alianza con grupos de odio:

Sessions ha sido un fiero opositor a la reforma de inmigración integral y se ha referido a la ley de 2007 como "asistencia a terroristas". Él se ha relacionado fuertemente con NumbersUSA, la Federación por una Reforma de Inmigración de EU, y el Centro para los Estudios de la Inmigración, tres entidades fundadas por John Tanton, quien cree en la supremacía blanca y exige la preservación de una "mayoría estadounidense de origen europeo". El senador Sessions también ha recibido reconocimientos del Centro de la Libertado David Horowitz y del Centro de Políticas de Seguridad Frank Gaffney, dos organizaciones definidas anti musulmanas por el Centro Jurídico para la Pobreza del Sur.

Como procurador general, Jeff Sessions estaría en la posición de hacer un daño masivo e irreparable a individuos, familias y negocios a lo largo y ancho de Estados Unidos. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional es generalmente responsable de la aplicación de la ley de inmigración, el procurador general tiene amplia autoridad sobre la interpretación, administración y aplicación de la ley de inmigración.

Un voto para confirmarlo es un voto para darle la autoridad total de interpretación, gestión y aplicación de las leyes de inmigración a un descarado localista anti-inmigración. Es un voto para dejar a individuos y familias en riesgo de ser apartados por la deportación y el enjuiciamiento

Jeff Sessions representa un claro y real peligro para la justicia estadounidense en general y los derechos de los inmigrantes en particular. El senado debería rechazar su nombramiento como procurador general.

Este artículo fue publicado en Medium y retomado por The Huffington Post.

*Este texto representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México.

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