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Brasil: el falso debate de las terapias de conversión

04/10/2017 9:00 AM CDT | Actualizado 04/10/2017 11:19 AM CDT

Cris Faga/NurPhoto vía Getty Images
Protesta en Sao Paulo contra el fallo del juez Waldemar de Carvalho que permitiría a los psicólogos tratar la homosexualidad como una enfermedad. 22 de septiembre de 2017.

En Brasil, las terapias de conversión ya están permitidas. Después de 18 años de haberse prohibido de manera generalizada, hoy —gracias a la resolución de un juez federal— las y los psicólogos pueden ofrecer a sus pacientes homosexuales una "terapia" para "corregir" su orientación sexual.

Desde luego, no existe prueba alguna de que estas terapias funcionen; por el contrario, hay evidencia sólida de los terribles daños que provocan. Numerosos pacientes han ofrecido testimonios de cómo la tortura psicológica y física (incluyendo electroshocks, agujas en la piel y baños en agua fría) han dejado marcas irreparables en su vida.

La imagen es dolorosísima y naturalmente, mi primera reacción es de absoluta indignación frente a la decisión brasileña. Sin embargo, reconozco que el tema es delicado y no debe ser juzgado a la ligera. Y es que el juicio, más allá de las terapias de conversión, tenía de fondo otra discusión: en Brasil existe un sistema de colegiación obligatoria para las y los psicólogos; esto quiere decir que si desean practicar su profesión, deben inscribirse como miembros del Consejo Federal de Psicología (CFP).

Cuando en 1999 el CFP dictó la resolución 001/1999, no solo limitó las llamadas terapias de conversión; también prohibió que las y los psicólogos realizaran cualquier investigación o trabajo que resultara en la posible patologización de la homosexualidad. Además, las y los psicólogos están impedidos de participar en declaraciones públicas o de expresarse en medios de comunicación, de manera que refuercen los prejuicios sociales.

En su momento se trató de una resolución de avanzada, surgió apenas unos años después de que la Organización Mundial de la Salud eliminara a la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Pero al ser tan amplia puso en entredicho otros derechos humanos. Entre ellos, la libertad de expresión y la censura a la investigación científica.

Fue precisamente de ese error que el juez federal Waldemar de Carvalho pudo aprovecharse para suspender la resolución. Porque trasladado a otros contextos, un Estado podría prohibir a los periodistas informar sobre una protesta; a los doctores pronunciarse a favor del aborto; o a los psiquiatras, reconocer la libertad de una persona de elegir su expresión de género.

Para el juez de Carvalho, cualquier expresión de la sexualidad que sea distinta a la heterosexual es una desviación de la norma social.

Una prohibición generalizada, además, va en contra del mismo argumento que los activistas LGBT hemos utilizado por décadas en contra de la criminalización de la sodomía: que lo que ocurre en puertas cerradas, entre dos adultos que han mostrado pleno consentimiento, no debe ser limitado ni vigilado por el Estado.

Pero no caigamos en la trampa. El razonamiento del juez es erróneo y está repleto de falacias.

En primer lugar, porque debemos preguntarnos si quien asiste a una terapia —incluso de manera voluntaria— se encuentra en una situación de igualdad frente a quien le recibe. La respuesta claramente es no; un paciente acude a un psicólogo, en una gran mayoría de los casos, en un estado de vulnerabilidad y fragilidad emocional. En ese sentido, ve al terapeuta como una figura de autoridad que confía, tiene conocimientos plenos para actuar de manera profesional.

NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images
Protesta contra la llamada 'cura gay', en Sao Paulo. 22 de septiembre de 2017.

Prohibir a un psicólogo ofrecer un tratamiento que no está científicamente validado no es coartar la libertad de expresión, ni el ejercicio científico de una profesión, es limitar la venta de un producto falso, de la misma manera que se regulan los productos milagro para bajar de peso o combatir la calvicie. Se trata, precisamente, de separar a los profesionales de los charlatanes, en beneficio de quienes ejercen la profesión con seriedad.

Y en segundo lugar, el fallo es violento en su razonamiento jurídico. El juez, en los considerandos de la sentencia, mencionó que "la sociedad (brasileña) muestra preocupación por prácticas sexuales que se desvían de la norma socioculturalmente establecida".

En Brasil y en el mundo son cada vez más los grupos que buscan descarrilar la protección de derechos de personas LGBT argumentando la protección de otros derechos humanos.

Es decir, para el juez de Carvalho, cualquier expresión de la sexualidad que sea distinta a la heterosexual es una desviación de la norma social. Decirlo de esa manera es discriminatorio en su esencia. Coloca a las personas con orientaciones sexuales no convencionales en un plano inferior que, desde su punto de vista, si bien puede ser tolerado, no debe ser normalizado.

Lo que el este juez quizás no recordó —o no supo— es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió precisamente ese dilema. En el caso Atala Riffo e hijas v. Chile, en 2012, la CoIDH puntualizó que "si bien ciertas sociedades pueden mostrarse intolerantes frente a una persona por su raza, género, nacionalidad u orientación sexual, los Estados no pueden hacer uso de ello como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Por el contrario, los Estados están llamados internacionalmente a adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de todas las personas."

De modo que la estigmatización que valoraciones como la de Carvalho permiten y perpetúan no solo afectan a pacientes y psicólogos; se trasladan a todas las esferas de una sociedad que apenas el año pasado, fue catalogado como el país más violento para personas LGBT.

En Brasil y en el mundo son cada vez más los grupos que buscan descarrilar la protección de derechos de personas LGBT argumentando la protección de otros derechos humanos; ya sea la libertad de expresión y de investigación, como en este caso; la libertad religiosa protegida bajo la primera enmienda en Estados Unidos; o la libertad de educar a los hijos, como en México.

Entrar al juego de la jerarquía de derechos es caer en la trampa de un falso encuadre. Basta analizar los argumentos para darnos cuenta, como en el caso de Brasil, que algo aparentemente coherente, no es más que una débil defensa de la intolerancia, repleta de agujeros.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.