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Lo único seguro en Venezuela es la incertidumbre total frente a la Constituyente

28/07/2017 5:00 AM CDT | Actualizado 28/07/2017 8:07 AM CDT

FEDERICO PARRA via Getty Images
Caracas el 26 de julio de 2017.

El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro tomó por sorpresa a los venezolanos, en primer lugar porque la constitución vigente fue promulgada apenas en 1999 por el propio Hugo Chávez. Sin embargo, esta se ha vuelto engorrosa y complicada para el chavismo, que busca instalar en Venezuela un estado comunal, en el que no existan ni gobernaciones, ni alcaldías, ni otras instituciones que desdoblen y diluyan el poder.

Un modelo muy parecido al de los soviets de la Unión Soviética y al del castrismo que impera en Cuba, en el que se controla a los ciudadanos y no a quienes ejercen el poder. En el que no hay elecciones directas, ni transparentes y la riqueza de la nación se reparte entre las cabezas del único partido que puede hacer vida política. Mientras que los ciudadanos dependen del estado hasta para las cosas más cotidianas y sencillas como alimento, medicina —incluso el ejercicio de profesión— y además carecen de las garantías fundamentales que debe brindar un estado democrático, como la vida, la integridad física y la propiedad privada.

La respuesta de la sociedad civil venezolana a las intenciones del régimen chavista ha sido la protesta continúa, que llevó al plebiscito del 16 de julio en el que poco menos de ocho millones de venezolanos manifestaron su rechazo a la Constituyente, exigieron a las fuerzas armadas actuar para restablecer el orden constitucional y expresaron su apoyo para que se llame de manera urgente a un gobierno de unidad nacional que conduzca a una transición a la democracia. Adicionalmente, la comunidad internacional en bloque ha manifestado su rechazo a la convocatoria de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente.

Los venezolanos, tanto los ciudadanos como sus líderes, saben que lo único que se puede negociar con un régimen de las características del chavismo es la salida de sus funcionarios y el restablecimiento inmediato del orden democrático.

Países como Estados Unidos, México, y organizaciones como la Unión Europea y Mercosur entre muchas otras han expresado su preocupación y rechazo ante la inminencia de la instalación de la Constituyente porque fue convocada al margen de la constitución y las leyes, con rechazo de los principales actores políticos y de la sociedad civil, que no fue tomada en cuenta a través de un referéndum consultivo, como lo exigiría la constitución.

Además, la convocatoria se hizo en medio de una crisis política causada por medidas como la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, un saldo sumamente elevado de muertos, heridos y detenidos, denuncias de violaciones gravísimas y sistemáticas de los derechos humanos y una crisis humanitaria sin precedente en América Latina debido a la falta de alimentos y medicinas.

Así mismo, la convocatoria a la Constituyente ha generado rechazo no solo en la oposición, sino en una gran parte de los que aún se consideraban militantes del chavismo, entre ellos destaca la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha enfrentado directamente al régimen y se ha convertido en vocera de esta fracción del país que se ha atrevido a deslindarse del gobierno y a unirse a quienes claman un cambio profundo en Venezuela. Esto, aunado a las sanciones impuestas a figuras claves del chavismo por parte del gobierno de Estados Unidos, ha logrado que la Constituyente termine de quedarse sin apoyo político, ni popular, ni internacional. e modo que instalarla tendría un costo altísimo para Maduro y su régimen, al punto que quizás lo lleve al colapso definitivo.

Handout . / Reuters
José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores (la casa presidencial), en Caracas, el 20 de febrero de 2017.

Dado este escenario Maduro ha expresado los últimos días su deseo de que se instale una mesa de diálogo a cambio de lo cual estaría dispuesto a suspender la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La figura clave que ha utilizado el régimen para impulsar esta vía ha sido el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue a Venezuela con la misión expresa de bajar la presión del conflicto, apagar las protestas y desconvocar la Constituyente al convencer a la oposición de participar en una mesa de diálogo. Esta opción dio resultado en octubre pasado cuando los venezolanos habían salido masivamente a protestar a causa de la suspensión del referéndum revocatorio en contra de Maduro.

A pesar de que Zapatero se reunió con algunos líderes de oposición su gestión no fue exitosa. En primer lugar porque tanto para los ciudadanos como para un sector importante de la oposición está claro que Zapatero busca oxigenar al régimen, en lugar de lograr una salida que realmente permita a Venezuela recuperar el orden democrático. La principal prueba está en que la propuesta de Zapatero no tomó en cuenta las exigencias más importantes de la oposición, tales como la liberación inmediata de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, respeto a la Asamblea Nacional y la relegitimación de los poderes públicos.

Lo único que tenemos claro al día de hoy los venezolanos es que no sabemos qué clase de país tendremos el próximo lunes.

El problema no es la negociación como tal, sino las condiciones de las mismas. Los venezolanos, tanto los ciudadanos como sus líderes, saben que lo único que se puede negociar con un régimen de las características del chavismo es la salida de sus funcionarios y el restablecimiento inmediato del orden democrático. Zapatero, ni goza de la credibilidad suficiente como mediador, ni tiene una propuesta que permita a los venezolanos recuperar la democracia y la libertad.

Maduro está buscando, como sea, una excusa que le permita suspender el proceso del domingo. Pero de no lograrlo podría instalarlo y sencillamente gobernar desde esa asamblea como única institución de poder. Otra posibilidad es que instale la asamblea y en efecto saque a relucir una constitución castrocomunista, pero al hacerlo se encontraría entre otras cosas con el rechazo de quienes dependen de las alcaldías y gobernaciones, lo que profundizaría la crisis.

Otro escenario, el caos total: que la comunidad internacional en efecto no reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente, la gente siga protestando en las calles y el régimen tenga que negociar su salida. En todo caso lo único que tenemos claro al día de hoy los venezolanos es que no sabemos qué clase de país tendremos el próximo lunes. La incertidumbre es total, las cosas cambian hora tras hora, lo más probable es que mientras termino se publica este post ya todo haya cambiado.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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