EL BLOG

La captura de la plusvalía: el concepto que generó una semana de caos

18/12/2016 10:31 AM CST | Actualizado 18/12/2016 10:31 AM CST

Isaac Esquivel /cuartoscuro.com
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno local, durante la inauguración de la Octava Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales, realizada en la plancha del Zócalo.

La ciudad más grande del hemisferio occidental vive una etapa convulsa en su desarrollo urbano, a causa de una desafortunada redacción.

La ciudad se divide en dos grandes secciones, una compuesta por una masa de cerca de 12 millones de habitantes en el Estado de México e Hidalgo que se rigen por un modelo estatal en el que no hay contrapesos que determinen en qué dirección va su desarrollo y consolidación.

Las decisiones son verticales y los grandes proyectos rara vez son sometidos a escrutinio público. Solo se ejecutan. En esa bolsa entran grandes proyectos inmobiliarios, viaductos elevados, autopistas urbanas de cuota y trenes de dudosa utilidad, entre otros proyectos.

En la Ciudad de México desde hace dos décadas años el desarrollo urbano es más controvertido, cuestionado y democrático que en cualquier otra ciudad del país.

En el transcurso de la semana pasada surgió a la luz un tema que tuvo inmersa a la opinión pública en un debate sobre quién es el "dueño" de la ciudad.

La redacción inexacta del proyecto de Constitución hacía presumir que el gobierno de la ciudad, al realizar mejoras en la infraestructura urbana, se apropiaba de la plusvalía de todo lo que está en pie en la capital del país.

A la letra, el Artículo 21, fracción C, numeral 7 (sí, así de complicado) decía que: "Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad".

Esta redacción provocó un choque de trenes entre gobierno, organizaciones vecinales, diputados locales, diputados constituyentes, partidos políticos, asociaciones de abogados, y desarrolladores inmobiliarios, pues dejaba entrever que al pavimentar, construir drenajes y mejorar parques, el gobierno local se convertía en automático en propietario de la ciudad.

La redacción era inexplicable, toda vez que el jefe de gobierno es doctor en Derecho, que su consejero jurídico cuenta con un doble doctorado, y que el responsable de la redacción fue uno de los más importantes hombres de Estado que quedan en México: Porfirio Muñoz Ledo.

Era un falso debate.

La versión extendida en la opinión pública ponía este ejemplo: un casateniente que vende su propiedad dejaría parte de sus ganancias al Gobierno.

Otro ejemplo: El gobierno podría apropiarse de los inmuebles de la ciudad porque había invertido en el mejoramiento de calles, parques, iluminación, etc.

La errática actuación del gobierno capitalino, promotor de la redacción del proyecto de Constitución, que se negaba a aceptar la confusa redacción; de los constituyentes y de diputados locales para comunicar que la redacción deficiente estaba en proceso de reescribirse llevaron a una especie de histeria colectiva a la opinión pública.

El debate demostró que en la actualidad el gran tema de la ciudad es su consolidación urbana.

Como nunca en su vida moderna, el tema del desarrollo urbano de la Ciudad de México está sujeto a debate. La llamada "vecinocracia", mejor informada y más asesorada legalmente que nunca, ha puesto en jaque al Gobierno de la Ciudad y ha logrado posponer y/o cancelar proyectos inmobiliarios que en otras entidades serían letra escrita en piedra.

Las organizaciones de vecinos estallaron al considerar que sus propiedades podrían ser gravadas con un impuesto adicional por las "mejoras" que el gobierno capitalino hiciera en sus barrios, es decir, bacheo, reparación de líneas de agua, nueva iluminación, o remozamiento de parques.

El proyecto de Constitución fue modificado a marchas forzadas para amainar la incertidumbre de casatenientes, escandalizados; y de desarrolladores inmobiliarios estupefactos.

El jefe de gobierno tuvo que dar dos ruedas de prensa para explicar que su intención nunca fue establecer un nuevo impuesto a los propietarios de inmuebles, y se comprometió a que cualquier intento que hubiera en la Asamblea Legislativa o el Constituyente para establecer un gravamen adicional sería vetado por su administración.

Las mejoras a la infraestructura urbana seguirán siendo, como siempre, obligación del gobierno.

El recurso para continuar dichas mejoras, como siempre, serán trasladadas vía predial prorrateado y diferido a varios años a los contribuyentes.

Los bienes inmuebles, como hasta ahora, siguen y seguirán siendo propiedad... ¡de sus dueños!

La tarde del miércoles, en un encuentro casual en pleno Centro Histórico, el ex director del INVI, David Cervantes, reconoció con una carcajada que el tema era "un falso debate".

Ana López, cabeza visible de 28 proyectos inmobiliarios en la ciudad, consideró que la opinión pública "sobrerreaccionó" ante un tema en el que pocos estaban informados.

Cecilia Soto, Constituyente, dijo vía telefónica que el tema eran "molinos de viento".

El debate demostró que en la actualidad el gran tema de la ciudad es su consolidación urbana, y abrió la perspectiva de que su desarrollo requiere, como nunca, la construcción de consensos entre sus habitantes, gobierno e inversionistas.

*Este texto representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México.

También te puede interesar:

- El México profundo rinde culto a la Virgen de Guadalupe

- Premios CDMX: aplausos para la mejor forma de protestar

- Rafael Tovar y de Teresa y la Secretaría de Cultura: un inicio desafortunado