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México: candil de la calle, oscuridad de su casa

17/04/2017 7:00 AM CDT

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¿Cuándo llegará la certeza jurídica para las comunidades afectadas por la minería?

Las comunidades cuyos derechos humanos son violados por las actividades de las empresas mineras canadienses en México no han dejado de exigir certeza y seguridad. Sin embargo, el gobierno mexicano antepone a este derecho la certidumbre jurídica de las empresas mineras canadienses, una industria que al parecer se lleva más de lo que deja en este país.

En semanas pasadas, representantes del gobierno mexicano asistieron a la 85 Convención Internacional Minera PDAC 2017, en Toronto, Canadá. En el evento, el Comisionado Nacional de Seguridad en México, Renato Sales Heredia, prometió "certeza jurídica a las empresas extractivas de minerales" y aseguró "dar certidumbre y generar confianza" a la inversión minera canadiense que opera en México a propósito de su preocupación por "diferencias con las comunidades locales".

El funcionario también declaró la ampliación del curso que se da a la gendarmería en vinculación con la minería y con policías estatales para posibilitar que en un ambiente de "respeto" se vigile el entorno minero. En dicho evento ninguna autoridad mexicana planteó las violaciones a derechos humanos en los que incurren las empresas canadienses en México. Por el contrario, los representantes del gobierno mexicano presentaron mapas geológicos con oportunidades para la inversión.

En los últimos nueve años solo se ha quedado para beneficio nacional 1.3 por ciento de la riqueza minera explotada en nuestro país.

El pasado 11 de enero de 2017, Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), envió una carta al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para hacerle saber que, efectivamente, en estados como Durango y Chihuahua persiste la incertidumbre, pero para ejidatarias y ejidatarios dueños de la tierra donde están trabajando varias empresas mineras canadienses. En su escrito, la defensora de los derechos humanos alertó sobre el caso del ejido La Sierrita, en Durango, que ha interpuesto diversos recursos legales para denunciar que la minera canadiense, Excellon Resources Inc, viola sus derechos humanos.

La directora de ProDESC informó al mandatario federal que hay ejidatarias y ejidatarios a favor del derecho al desarrollo, pero estas relaciones –dijo- deben darse sin violar los derechos de las y los propietarios de la tierra. "No permita que su gobierno, por otorgar supuestas certezas jurídicas a las empresas, vulnere los derechos de las y los ejidatarios. El desarrollo y la inversión tienen que darse con los más altos estándares internacionales en cuanto a respeto y cumplimiento de derechos humanos para no incurrir en abusos hacia comunidades agrarias e indígenas", concluyó la carta.

El escrito de ProDESC surgió porque días antes la Cámara de Comercio de Canadá emitió una carta a la Presidencia de la República para señalar la supuesta incertidumbre jurídica en la que se encuentran sus inversiones en algunos estados; y a que durante el Foro de Cooperación Asia- Pacífico (APEC), en Perú, la ministra de Comercio, Chrystia Freeland, solicitó al gobierno mexicano certidumbre para las inversiones de empresas canadienses.

Sin ninguna respuesta para las comunidades, el gobierno mexicano siguió centrado sus esfuerzos en convencer a las mineras de que se queden en México, incluso a pesar de que, de acuerdo con información de la Evaluación núm. 1579-DE Política Pública de Minería, las compañías dedicadas a la extracción de minerales -la mayoría canadienses- han sacado del país más de mil 700 millones de pesos, pero solo han pagado 22.3 millones de pesos. Es decir: en los últimos nueve años solo se ha quedado para beneficio nacional 1.3 por ciento de la riqueza explotada, lo que representa menos de la mitad del costo de la llamada "Casa Blanca" de Peña Nieto.

¿Qué papel juega el gobierno canadiense en todo esto? Basta recordar que en semanas pasadas el gobierno canadiense declaró: "Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después". Las intenciones del país del norte son claras. Y ante toda esta situación, nos siguen quedando las siguientes dudas: ¿cuándo la certeza jurídica para las comunidades afectadas por la minería? ¿cuándo llegará el acceso a la justicia?, ¿cuándo la garantía y el respeto a los derechos humanos?

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de The Huffington Post México.

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