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Por qué importa tanto para México que la fiscalía sirva como un “nuevo poder”

06/09/2017 7:00 AM CDT | Actualizado 06/09/2017 10:36 AM CDT

GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
Representantes de alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en el Ángel de la Independencia para exigir a la Procuraduría General de la República que se convierta en una fiscalía autónoma, capaz e independiente y que no esté vinculada a filiaciones políticas, corrupción e incompetencia€. 29 de agosto de 2017.

Una de las características más importantes de un estado democrático es la división de poderes. En México, al menos en el papel, la Carta Magna contempla la existencia de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Mucho se podrá discutir si en la práctica, esta distinción se cumple. Pareciera que esta división tan fundamental para un ejercicio democrático está cada vez más diluida o en riesgo de desdibujarse, y una democracia sin pesos y contrapesos difícilmente se sostiene.

En estos momentos, parte de la opinión pública está centrada en la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la nueva y autónoma Fiscalía General de la República. Como órgano constitucional autónomo, la Fiscalía debe erguirse como un nuevo poder con la capacidad de investigar no solo los delitos cometidos por la delincuencia organizada, sino también los cometidos por servidores públicos de cualquiera de los tres poderes, niveles e instituciones del Estado. Para que funcione, la Fiscalía requiere autonomía, un titular independiente y replantearse desde cero, es decir, lejos de las malas prácticas que podría heredar de la PGR.

El servicio de procuración de justicia demanda independencia y objetividad. Esto solo se puede lograr si se establecen en el artículo 102 apartado A constitucional —a través de una reforma integral—, así como en la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía, los requisitos mínimos para una plena autonomía de la institución encargada de la procuración de justicia. Ninguno de los proyectos de Ley Orgánica de la Fiscalía que actualmente tiene el Senado en su poder, plantean un panorama realmente diferente al que tenemos actualmente en la PGR. No obstante, no basta con que la normatividad aplicable lo establezca, hay que asegurar su observancia y cumplimiento para que el modelo funcione.

Para que funcione, la Fiscalía requiere autonomía, un titular independiente y replantearse desde cero, es decir, lejos de las malas prácticas que podría heredar de la PGR.

Como sociedad nos espera una tarea ardua para seguir impulsando los cambios de fondo que requerirá la nueva FGR; parte del músculo social que se ha consolidado se mostró en la salida pública que dieron dos colectivos (el de #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMas) el 29 de agosto pasado. La riqueza de los mismos está no solo en la diversidad de actores que los integran, sino en que es un movimiento que se ha estado formando durante meses, preparando para el debate y que se encuentra vigilante de los pasos que dé el Senado.

Los senadores y las senadoras tienen una enorme responsabilidad: el futuro de la Fiscalía. Deberán demostrar en esta oportunidad histórica su congruencia, valores democráticos sobre el presente y porvenir de este país en términos de combate a la corrupción, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Ciertamente hay sistemas democráticos como el de Alemania, donde la autonomía de la Fiscalía no es un tema crucial para hacer eficiente y objetiva la procuración de justicia —podríamos decirlo—, porque sus integrantes son, como funcionarios públicos de carrera, suficientemente independientes y, además, la mayoría de casos de corrupción no son de alta jerarquía. Pero en un país donde gran parte de los delitos y actos de corrupción se llevan a cabo en la sombra de altas autoridades del Estado, es difícil imaginarse que habrá investigaciones objetivas con un fiscal que tenga vínculos con el ejecutivo o vínculos partidarios.

PEDRO PARDO via Getty Images
Raúl Cervantes, actual procurador general de la república, el más fuerte candidato a ser titular de la nueva fiscalía y criticado ampliamente por su cercanía con el Partido Revolucionario Institucional.

Es preciso blindar esta institución para evitar que sea cómplice de un mandato de impunidad. En Alemania, la Fiscalía, como parte integrante del sector justicia ("Rechtspflege"), es una autoridad vinculada al gobierno, que participa en la tarea de administrar justicia y que está sujeta, en última instancia, a las instrucciones del ministro de justicia, pero es una democracia más consolidada, con reales contrapesos. México, desafortunadamente no lo es y eso debe estar presente en el momento de crear el modelo de la Fiscalía y de elegir a su titular.

Ante prácticas como actos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada detención arbitraria o ejecución) cometidas por servidores públicos, se requiere la aplicación de la objetiva de la ley para evitar una justicia selectiva, en perjuicio de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y con pocos resultados en la persecución y sanción de agentes del Estado. Solo una persona independiente del poder político podría llevar a cabo esta tarea satisfactoriamente.

Si quien está a la cabeza no tiene independencia político partidista o independencia de otros poderes, el modelo quedará como un mero adorno institucional.

La nueva fiscalía requiere además toda una reconstrucción del modelo bajo el cual opera. No puede seguir funcionando sin estrategia para investigar casos que implican macrodelincuencia, graves violaciones a derechos humanos o corrupción; fraccionando los casos, sin un esquema organizativo flexible, creativo y dinámico de investigación; lleno de burocracia y maltrato hacia víctimas e imputados; sin un servicio de carrera, que es fundamental para garantizar la autonomía real de la procuración de justicia.

El modelo actual ya no se sostiene. Lo tenemos muy claro. Pero aún con el mejor modelo, si quien está a la cabeza no tiene independencia político partidista o independencia de otros poderes, el modelo quedará como un mero adorno institucional.

La autonomía es un concepto que se relaciona con la distribución funcional del poder, y se expresa de distintas maneras: funcional, que significa ejecutar una labor sin injerencias indebidas; presupuestaria, que implica gestionar directamente el gasto; institucional, donde se requiere asignación de un presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus labores yautogobierno, que implica tener órganos internos o externos que tengan a su cargo el gobierno de la institución sin injerencias de otros poderes jurídicos o fácticos.

Por ello hemos insistido en la importancia del perfil del titular y sobre el proceso de designación y remoción. Pero igual seguiremos insistiendo en que debe también transformarse el modelo de procuración de justicia. No es una cosa por la otra o no es una cosa por otra. Son las dos a la vez. De ahí la importancia de la discusión integral del artículo 102 A Constitucional. ¿Estará nuestro Senado a la altura de lo que se requiere? Eso esperamos.

*Este artículo fue realizado tomando ideas y algunas de las conclusiones del Seminario Internacional: La Fiscalía que México Necesita, realizado en la Ciudad de México el 28 y 29 de noviembre de 2016. El documento completo se puede consultar en: http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2013/06/LaFiscaliaQueMexicoNecesitaSeminario.pdf

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México