MÉXICO
09/02/2018 1:30 PM CST | Actualizado 09/02/2018 3:41 PM CST

El Estado mexicano utiliza sistema de justicia para ocultar la verdad y justificar la impunidad: informe

El informe Derecho a la verdad, elaborado por Artículo 19 y otras organizaciones, concluye que las instituciones de México han procurado tapar la verdad de violaciones graves de derechos humanos, lo cual es un obstáculo para la pacificación del país.

Artículo 19

El Estado mexicano oculta la verdad para justificar la impunidad y violaciones graves de derechos humanos, dentro de una lógica política que ha impedido la pacificación del país.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Derecho a la verdad en México: alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, desarrollado por Artículo 19 junto a organizaciones de derechos humanos y académicos. En él se documentan casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos que van desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas, el asesinato de periodistas como Rubén Espinosa o las desapariciones forzadas en Nuevo León.

Casos emblemáticos donde el Estado ha entorpecido y manipulado las investigaciones judiciales con el fin de que las víctimas y los ciudadanos no conozcan la verdad.

Un asunto que, en opinión del académico colombiano de la Universidad de Georgetown, Michael Reed-Hurtado, tiene que ver con un intento de las élites políticas por no quedar evidenciadas ante crímenes cometidos contra la población, en medio de una continua disputa por el poder.

La contención de la verdad se debe a un elemento obvio: hay sectores que ejercen muchísimo poder. Los perpetradores y las élites políticas, militares, económicas, se podrán ver muy expuestas frente a procesos de revelación de la verdad, y obviamente van a resistir con todo, en lo legal y lo ilegal, para que no haya ejercicios de revelación".Michael Reed-Hurtado, investigador de la Universidad de Georgetown

"No ha habido proceso en el mundo que haya sido pacífico hacia el reconocimiento de las atrocidades y el establecimiento de la verdad. De hecho lo que sabemos es que la búsqueda de la verdad no es un proceso secuencial, ordenado. Es un proceso increíblemente caótico, conflictivo, desorganizado, donde se generan reacciones en cadena que a veces no se esperan", asegura el académico y experto en derechos humanos.

"Pero lo más curioso de este ejercicio de contención es la gran apatía de las mayorías", señala Reed. "Es difícil generar una reacción en masa cuando el miedo está domesticando a los movimientos sociales", concluye.

Entre las conclusiones del informe, a cargo de Denise González, académica del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, el Estado mexicano ha realizado una serie de acciones para impedir que se conozca la verdad en casos graves de violaciones a los derechos humanos, tal como fabricar narrativas engañosas.

El Estado genera condiciones para que la verdad de los derechos humanos no salga a la luz. Agentes estatales fabrican narrativas mediáticas que confunden o engañan a la opinión pública. Intimidan a las víctimas para inhibir su denuncia. Utilizan al sistema de justicia para ocultar la verdad e irónicamente para justificar la impunidad".Denise González, Programa de Derechos Humanos UIA

En este sentido, las organizaciones participantes en la elaboración del informe (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos [CMDPDH] y Fundar), hicieron un llamado para la creación de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos apoyada por un consejo asesor contra la impunidad, con el fin de darle mayor visibilidad y peso jurídico a casos de ocultamiento de la verdad promovidos desde el Estado mexicano.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, criticó que en tiempos electorales los candidatos de los distintos partidos hablen de generar un cambio cuando en realidad han propiciado un debilitamiento en las instituciones mexicanas encargadas de impartir justicia.

Hoy por hoy el Estado ha sido incapaz de darnos cualquier tipo de información sobre lo que sucedió, sobre lo que hizo, sobre lo que dejó de hacer y sobre lo que podría estar haciendo para garantizar la verdad, para que esto no vuelva a suceder". Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19

"¿Cómo vamos a creer en las instituciones si no sabemos qué fue lo que hicieron? ¿Cómo vamos a perdonar si no reconocen sus errores? ¿Cómo vamos a creer una "verdad" que se construye a base de tortura?", señaló Ruelas, quien expuso el caso del asesinato de periodistas como un ejemplo palpable de cómo el Estado busca confundir, silenciar y engañar narrativas que se buscan construir una verdad distinta a la que promueve el aparato oficial.

"No se mata la verdad matando periodistas. Esta semana han asesinado a una periodista, otra vez. La semana anterior desaparecieron a otra y la semana anterior mataron a otra", refirió Ruelas como preámbulo del paradigmático caso sobre el asesinato del fotoperiodista veracruzano Rubén Espinosa junto a tres mujeres en la colonia Narvarte.

En lo que va de 2018, han sido asesinados los periodistas Carlos Domínguez (Tamaulipas) y Pamela Montenegro (Guerrero), mientras que el periodista Agustín Silva (Oaxaca) fue reportado como desaparecido.

"Los periodistas son un elemento clave para la construcción de verdades. En una relación muy simbiótica entre los historiadores y el Estado, la única contranarrativa existente es la del periodismo", señala Ruelas.

"El Estado mexicano ha negado la verdad y la justicia históricamente. Quienes siguen poniendo el cuerpo son los periodistas. Pero, ¿dónde están el cine, el arte, las financiadoras, generando narrativas contrarias a las Estado sobre violencia?", agregó Jacobo Dayán, académico de la UIA.

Abel Barrera, del Centro de la Montaña Tlachinollan, explicó que el tema del derecho a la verdad se originó en Guerrero, tras la masacre de campesinos en Aguas Blancas, a manos del Estado. Un caso que evidenció "la cultura del engaño" que sigue prevaleciendo por parte de las autoridades mexicanas en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Un asunto por el cual consideró que las voces de las víctimas son indispensables para la construcción de la verdad:

Un punto en el que coincidió José Guevara, de la CMDPDH, quien sostuvo la urgencia de instalar una Comisión de la Verdad para investigar crímenes de lesa humanidad y que instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, realicen un examen sobre la situación de México "y lleve a juicio a los funcionarios del más alto nivel" que hayan ordenado, propuesto, inducido o actuado como cómplices en delitos de lesa humanidad.

"Las instituciones actuales no son capaces ni tienen voluntad de investigar los delitos cometidos por agentes del Estado, menos aún cuando están militares involucrados", aseguró.

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