POLÍTICA

La impunidad que reveló el socavón en el Paso Exprés (y que no ha sido sancionada)

Después de seis meses del accidente, todavía no se ha sancionado a un solo funcionario por la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero.

07/02/2018 5:00 AM CST | Actualizado 07/02/2018 5:00 AM CST
Cuartoscuro.

El 12 de julio de 2017, el auto en que el viajaban Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, cayó en un socavón que se generó en las primeras horas del día en la carretera federal conocida como el Paso Exprés de Cuernavaca, en Morelos. Horas más tarde, estas personas murieron dentro del socavón por asfixia.

Después de seis meses del accidente, todavía no se ha sancionado a un solo funcionario por la muerte de los Mena.

En casos como el de la falta de sanciones por el socavón del Paso Exprés hubo impunidad en la administración pública federal, es decir, hubo impunidad ahí donde, debiendo existir una responsabilidad, no la hubo, señala un estudio realizado por Impunidad Cero.

Y ¿qué tanta impunidad hay en la administración pública? A nivel federal es cercana a un 93% de las irregularidades. Esto es, de cada 100 irregularidades, se sancionan siete. Fuente.

Un socavón lleno de irregularidades

El día 12 de julio de 2017, Juan Mena López, de 56 años, y su hijo, Juan Mena Romero, de 36 años, se dirigían a su trabajo a través de la carretera que conduce de Cuernavaca a México, cuando súbitamente se abrió un socavón en la carretera, de cuatro metros de diámetro y cinco metros de profundidad, en el cual cayó su auto. Aunque la caída no fue fatal, el tiempo que tardaron las labores de rescate provocó que las víctimas murieran de asfixia.

El percance se suscitó en el kilómetro 93+857 del Libramiento de Cuernavaca, el cual forma parte de una obra pública conocida como Paso Exprés, ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de contratos de obra encomendados a empresas particulares, en el año 2014. El objeto de dichos contratos fue llevar a cabo la ampliación de la carretera de cuatro carriles a un total de diez, en una extensión de 14.5 kilómetros. Esta carretera tiene aforo para la circulación de 100 mil vehículos diarios.

A la fecha, los familiares de las víctimas llegaron a un acuerdo reparatorio de tipo económico con las empresas constructoras y la SCT, derivado de la presentación de una denuncia penal de los familiares de las víctimas. Este acuerdo de reparación no implica que se pueda dejar de sancionar administrativamente a los responsables de la muerte y, en nuestra opinión, en este caso, la imposición de sanciones administrativas se vuelve una pieza clave para generar confianza en la administración.

En el caso se parte de un hecho general: dos personas murieron por asfixia, luego de caer en un socavón que apareció espontáneamente en el Paso Exprés de Cuernavaca. Es importante analizar el caso partiendo de este hecho y no de irregularidades aisladas, pues el análisis aislado podría llevar a no dimensionar correctamente la afectación; por ejemplo, al hablar de las irregularidades, no es lo mismo una mala planeación de obra que tiene por resultado la realización de pagos en exceso, que una mala planeación de obra que resulta en dos fallecimientos. Por ello, es indispensable que en el caso se parta de la muerte de estas dos personas en la obra.

Impunidad Cero.

Comparando el hecho relevante, con los deberes y obligaciones de los servidores públicos, encontramos que se incumplen tres obligaciones:

*Se incumple con la obligación de hacer lo posible para que los servicios no se interrumpan. Esta obligación no se cumplió en el caso porque se dejó de prestar el servicio normal de la carretera, debido a la aparición de un socavón en ella. Específicamente, en el caso de las personas que fallecieron, la falla en el servicio, además, les causó la pérdida de la vida.

*Mal manejo de los recursos públicos, pues se trata de una obra pública que presentó fallas a pocos meses de haberse entregado para su uso.

*El hecho actualiza el incumplimiento de otros deberes legales contenidos en los ordenamientos que regulan la conducta de los funcionarios vinculados a la obra.

A continuación, un cuadro que indica al órgano responsable seguido de las normas donde se encuentran reguladas sus obligaciones y una síntesis de las obligaciones que tendrían respecto al accidente.

Impunidad Cero.

Impunidad Cero.

A continuación, para determinar la sanción concreta que corresponde a cada uno de estos órganos, lo procedente es determinar la afectación causada con su conducta u omisión específica por parte de la autoridad, considerando desde la indebida planeación hasta la ejecución con materiales de distinta calidad y la muerte de dos personas.

Impunidad Cero.

Por último, para determinar la sanción que debe aplicarse a los distintos funcionarios en razón de sus conductas, se debe considerar la siguiente tabla, y, después, las sanciones desglosadas que deberían aplicarse a cada entidad.

Impunidad Cero.

Impunidad Cero.

SANCIONAR TAMBIÉN A LAS EMPRESAS

Bajo el régimen de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sí hay posibilidad de sancionar a las empresas que tienen contratos celebrados con el gobierno, equiparándolas a servidores públicos en términos del artículo 2 de dicha ley.

Por ello, las empresas contratadas para la ejecución y supervisión del Paso Exprés pueden y deben ser sancionadas por las conductas previamente descritas, calificando la conducta como gravísima, y poniéndoles las sanciones que, en razón de su participación como empresas contratadas, les resultan aplicables: inhabilitación y multa.

"No contar con sanciones a los servidores públicos involucrados en la muerte de los señores Mena es una clara muestra de impunidad, cuando por la gravedad de las conductas, el caso debería implicar suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y multas para las autoridades involucradas", concluye el reporte de Impunidad Cero.

Aquí puedes leer o descargar la investigación íntegra de Impunidad Cero:

ed18 - impunidad - Primer parte - Socavon Paso Exprės by InformesParaCompartir on Scribd

*Luis Darío Ángeles González es magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires (con diplomatura en Derecho Procesal Civil por la misma casa de estudios) y licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha sido profesor de Teoría General del Proceso y profesor asistente de Derecho Administrativo. Actualmente es socio del despacho Urrutia-Ángeles y Asociados, S. C.