POLÍTICA
06/02/2018 12:43 PM CST | Actualizado 06/02/2018 12:56 PM CST

Cuando ni Corral ni Segob le habían contado a HRW de sus planes

Señala Human Rights Watch que no tiene la competencia para determinar si Alejandro Gutiérrez ha sido víctima de tortura.

Cuartoscuro.
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua.

El 4 de febrero pasado, el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado aceptó el traslado del exsenador priista y exsecretario general del partido, Alejandro Gutiérrez -- acusado de triangular recursos federales a campañas electorales del PRI— a un penal federal, el Cefereso No. 9 en Ciudad Juárez, pero quedando sujeto a proceso por el juez estatal.

A cambio el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acordó el depósito de los 800 millones de pesos que el estado del norte reclamó en diciembre pasado, así como la extradición del exgobernador César Duarte, a través de la Procuraduría General de la República.

Pero en el acuerdo entre las partes también salió a relucir la organización Human Rights Watch (HRW), la cual, según dijeron, se encargaría de aplicar al procesado el Protocolo de Estambul para determinar su estado físico y emocional.

El propósito del Protocolo de Estambul es servir como una guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

Sólo que les faltó el detalle de dar aviso a la organización. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, dio a conocer que se enteró del acuerdo por los medios de información mas que por una comunicación oficial, pues de haber sido así, tanto Segob como el gobierno de Chihuahua sabrían que no está dentro de sus competencias.

En entrevista con Radio Fórmula, Vivanco señaló que sostuvo conversaciones por teléfono con el gobernador y con el fiscal general César Augusto Peniche Espejel para solicitarles la petición por escrito para saber cuáles eran sus expectativas y responderles en un lapso de 48 horas.

Lo examinamos y lo que realmente requerían era una especie de peritaje médico forense respecto del estado de una persona para verificar si se trataba de alguien que podría haber sido víctima de tortura o malos tratos, nosotros no hacemos eso, los alrededor de 400 funcionarios de Human Rights Watch somos mas bien abogados"José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW.

Por ello, Vivanco sugirió a los involucrados se pongan en contacto con la organización Physicians for Human Rights, quienes incluso son "los arquitectos" del Protocolo de Estambul.

Physicians for Human Rights (PHR) fue fundada en 1986 con el objetivo de que profesionales de la salud, a través de la ciencia y la medicina, pudieran detectar posibles violaciones a derechos humanos.

Jamás accedimos a realizar una tarea de esa naturaleza y en la primera oportunidad que tuve de darles una respuesta formal a las autoridades les explicamos cuál es nuestra situación, nunca hemos hecho un estudio de exploración con el Protocolo de Estambu (...) Obviamente ha habido un malentendido por parte de las autoridades".
José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW.