MÉXICO
19/01/2018 4:00 PM CST | Actualizado 19/01/2018 4:04 PM CST

La crisis de violaciones a derechos humanos en Guerrero llega hasta Europa

Alertan 12 estados miembros de la Unión Europea sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, particularmente sobre Guerrero.

Cuartoscuro.
CHILPANCINGO, GUERRERO, 12ENERO2017.- Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) llevaron a cabo un mitin para exigir la liberación de los detenidos de la Concepción.

En una carta dirigida a las autoridades mexicanas, 35 parlamentarios de 12 Estados miembros de la Unión Europea expresaron su preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, particularmente, llamaron la atención sobre Guerrero.

La misiva, resultado de acciones de incidencia por parte de diversas organizaciones, fue promovida con anterioridad a los hechos ocurridos en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco, el 7 de enero cuando se produjo el asesinato de cinco miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la detención arbitraria de 32 personas defensoras.

11 personas mueren en enfrentamientos en Acapulco.

Las organizaciones han denunciado además que al menos seis personas detenidas han sido víctimas de actos de tortura y/o malos tratos.

"En este contexto y ante la intensificación de la evidente crisis para la defensa de derechos humanos en el estado de Guerrero, el Observatorio, la Coordinación alemana y la Red TDT instan a las autoridades mexicanas y guerrerenses a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero", señalaron las organizaciones en un comunicado.

Algunos de los detenidos ya fueron vinculados a proceso; el pasado 16 de enero la Fiscalía General del estado informó que un juez de control vinculó a proceso a 25 presuntos comunitarios por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de pobladores de la Concepción.

El juez señaló un plazo de seis meses de investigación complementaria, la cual concluye el 14 de julio del presente año.

La crisis de presuntas violaciones a derechos humanos se ha exacerbado a tal punto que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Esteban Espinoza, es vigilado por policías estatales y federales en el marco de una investigación por el homicidio de dos jóvenes y la desaparición de otro.

En el mismo caso están 100 policías municipales retenidos en el cuartel de la corporación en Chilpancingo.

Todo están siendo investigados por la Fiscalía del estado, pero no están formalmente detenidos.

La indagatoria es por la desaparición y asesinato de dos jóvenes detenidos por policías municipales el 31 de diciembre en las instalaciones de La Feria de Navidad y que aparecieron muertos cuatro días después con señas de haber sido torturados.

El fiscal general Xavier Olea Peláez dijo que a las 15:30 del 4 de enero fueron localizados los cuerpos sin vida y recordó que el domingo 31 de diciembre fueron detenidos por elementos de la policía preventiva municipal de Chilpancingo en las inmediaciones de la feria, trasladándolos a bandarilla de la policía municipal por alteración del orden público y quedando a disposición del juez calificador.

Dio a conocer que una persona de nombre Miltón "N", quien dijo ser su amigo, pagó la multa impuesta a los dos jóvenes y después se retiraron de las instalaciones de la Policía Municipal y fue hasta ese día que se supo del paradero de los dos jóvenes.

En una audiencia pública de este caso la semana pasada, testigos revelaron que los policías entregaron a los muchachos a un grupo de hombres armados.

Por ello, desde el 4 de enero, la Policía Estatal y Ejército tomaron el control de la seguridad del municipio de Chilpancingo, con fundamento en el artículo 91, fracción XIX, de la Constitución Política de Guerrero y el artículo 15, fracciones I y II, de la ley número 281 de Seguridad Pública del estado.