MÉXICO
17/01/2018 10:57 AM CST | Actualizado 17/01/2018 11:07 AM CST

Así van las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior

Y estos son los argumentos.

Cuartoscuro

Senadores de oposición y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrán acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Y qué pasa si se impugna (o no) la Ley de Seguridad Interior.

En el caso del INAI lo hará específicamente contra los artículos 9 y 31, al considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé "la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables", el INAI advierte que el legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.

Además de imponer restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.

Asimismo, establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

Sobre el artículo 31 de la LSI que establece "en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley", el INAI señala que establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Tampoco advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.

Los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos."Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI.


Para el INAI toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, "del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada".

En tanto, aunque anunciaron que presentarán un recurso contra la LSI, las bancadas del PAN, PRD y Morena en el Senado aún cabildean para conseguir las 43 firmas que se requieren para impugnarla.

En total, los senadores de oposición podrían tener aseguradas 37 firmas, por lo que deben conseguir por lo menos seis más para cumplir con 33%.

El pasado 2 de enero, al menos 20 integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CNC), nacido en Monterrey, Nuevo Léon, interpusieron amparos contra la ley de manera presencial ante el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, han presentado alrededor de 8 mil amparos que han recabado de manera virtual en diversos estados del país.

AL LLEGAR A LA SCJN

Una vez que las acciones de inconstitucionalidad llegan a la Suprema Corte y que se decide si se da conocimiento a las dos salas que la integran o, por la importancia del tema, al pleno, se asigna un ministro ponente, quien debe notificar a las autoridades responsables --en este caso, el Congreso de la Unión y el presidente de la República-- para que, en un plazo determinado, contesten la acción, aleguen y ofrezcan pruebas.

Tras esto, el ministro ponente elabora un proyecto de resolución que circula entre los demás ministros, el cual posteriormente se discute de manera colegiada; se requiere el voto de ocho de ellos, si no se logran, no se puede invalidar Y la ley queda vigente. Dicho procedimiento puede tomar entre 2 meses y 2 meses y medio.