MÉXICO
12/01/2018 5:00 AM CST | Actualizado 12/01/2018 6:58 AM CST

Y qué pasa si se impugna (o no) la Ley de Seguridad Interior

Estos son los caminos que tiene la polémica ley a unos días de que venza el plazo para que sea impugnada.

Daniel Becerril / Reuters

A nueve días de que se venza el plazo para impugnar la polémica Ley de Seguridad Interior (LSI) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), qué pasaría o qué no de hacerlo.

Es el 20 de enero cuando termina el plazo de 30 días naturales para que sea impugnada la ley que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre.

En caso de que no se impugne, la LSI queda en sus términos y podría ser impugnada en un momento posterior, cuando se aplique por parte de las autoridades encargadas de su ejecución.

"Es válida hasta que alguien emite, por ejemplo, una declaratoria de protección a la seguridad interior por un acto de aplicación, entonces, un grupo de ciudadanos, un alcalde, un gobernador, la impugna y la Corte tendría que conocer de esa impugnación", explica el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, al HuffPost.

Sin embargo, una vez que ya está publicada hay dos caminos para impugnarla: a través de un amparo contra leyes y a través de una acción de inconstitucionalidad, la cual puede ser promovida sólo por algunas autoridades, especificadas en el artículo 105 de la Constitución.

Entre estas autoridades está el 33% de los legisladores de una de las cámaras, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos o el Procurador General de la República, entre otros. Mientras que los amparos contra leyes, los pueden promover ciudadanos, como organizaciones de derechos humanos; el plazo para promover un amparo es de 15 días, pero cuando es contra una ley se amplía a 30 días naturales.

El también investigador del Conacyt adelantó la intención de los senadores del PT, PRD y algunos del PAN de presentar una acción de inconstitucionalidad que se definirá en una reunión prevista para estos días.

"Hay dos posibilidades: que se presente una acción integrada o que el acuerdo sea que cada partido presente la suya y que el resto de los partidos la firmen en apoyo, lo importante es que vaya respaldada por 43 senadores. Creo que esas firmas se van a conseguir, porque hubo 44 senadores que votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior", señaló Cárdenas.

Asimismo, el experto prevé que en la Cámara de Diputados se reúna el número necesario de legisladores para presentar la acción de inconstitucionalidad, además que –señala-- el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, tiene casi la obligatoriedad, jurídica y moral, de hacerlo.

Por lo menos veo tres acciones de inconstitucionalidad: la que van a presentar los senadores, los diputados y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero si no la presentaran o no hay amparos, se confirma la ley" Jaime Cárdenas, investigador.

El pasado 2 de enero, al menos 20 integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CNC), nacido en Monterrey, Nuevo Léon, interpusieron amparos contra la LSI de manera presencial ante el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, han presentado alrededor de 8 mil amparos que han recabado de manera virtual en diversos estados del país.

CUANDO LAS ACCIONES LLEGAN A LA SCJN

Una vez que las acciones de inconstitucionalidad llegan a la Suprema Corte y que se decide si se da conocimiento a las dos salas que la integran o, por la importancia del tema, al pleno, se asigna un ministro ponente, quien debe notificar a las autoridades responsables --en este caso, el Congreso de la Unión y el presidente de la República-- para que, en un plazo determinado, contesten la acción, aleguen y ofrezcan pruebas.

Tras esto, el ministro ponente elabora un proyecto de resolución que circula entre los demás ministros, el cual posteriormente se discute de manera colegiada

"Habrá ministros que estarán a favor o en contra para que se invalide la ley, o parte de la ley, y para ello se requiere el voto de ocho de ellos, si no se logran, no se puede invalidar la ley, queda vigente. Ese procedimiento puede tomar entre 2 meses y 2 meses y medio por la importancia que tiene", explica el investigador.

Para quien también fuera consejero del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003, uno de los argumentos más fuertes para invalidar la Ley de Seguridad Interior es que no existe un recurso a favor de los ciudadanos para impugnar las decisiones que tome la autoridad con motivo de la ley y eso viola varios artículos de la Constitución, como el 14, 16, 17, pero también el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Creo que es posible que la Corte le ordene al Congreso establecer un recurso para que los ciudadanos puedan defenderse en contra de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, porque en la ley que aprobaron no hay un recurso para ello."Jaime Cárdenas, investigador.

Si la SCJN mandatara lo anterior, el Congreso tendría entonces que alistar una reforma a la Ley de Seguridad Interior.