MÉXICO
12/01/2018 1:38 PM CST | Actualizado 12/01/2018 1:38 PM CST

Va la primera: la Corte acepta controversia contra la Ley de Seguridad Interior

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo será el encargado de elaborar el proyecto de resolución.

SCJN / CUARTOSCURO
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La primera impugnación contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) se aceptó este viernes, a menos de nueve días de que venza el plazo legal, informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ignacio Molina, secretario general del gobierno municipal de San Pedro Cholula, Puebla, fue quien promovió la controversia porque, según el documento, la ley viola la autonomía municipal. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue quien aceptó el documento el 5 de enero pasado.

El gobierno municipal de Cholula, de acuerdo con Molina, argumenta que la Ley de Seguridad Interior viola tres criterios básicos:

  • el de la Constitución federal que otorga a los municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública;
  • el que prohíbe al presidente de México emitir una declaratoria para la intervención de fuerzas armadas en los municipios sin mediación del ayuntamiento, y
  • las fuerzas armadas del País no pueden desempeñar funciones de seguridad pública, como dicta la Constitución.

"Somos el primer municipio en todo el país que recurrimos a la Corte para que discuta, para que debata este asunto tan importante como el de la seguridad pública, y confiamos en que sea la Corte la que declare inconstitucionales estos artículos que estamos señalando", dijo Molina, citado por Reforma.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también interpondrá una segunda controversia constitucional, de acuerdo con Milenio.

Académicos, organizaciones civiles y órganos internacionales advirtieron que la promulgación de la LSI abría la posibilidad de que los abusos de las fuerzas armadas no sean impugnables ante autoridades civiles, las facultades que da a los militares para "autogobernarse" sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso la posibilidad de instalar un "estado de excepción" sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política en la actual crisis de inseguridad.

Es el 20 de enero cuando termina el plazo de 30 días naturales para que sea impugnada la ley que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre.

Y qué pasa si se impugna (o no) la Ley de Seguridad Interior

En caso de que no se impugnara, la LSI quedaría en sus términos y podría ser impugnada en un momento posterior, cuando se aplique por parte de las autoridades encargadas de su ejecución.

"Es válida hasta que alguien emite, por ejemplo, una declaratoria de protección a la seguridad interior por un acto de aplicación, entonces, un grupo de ciudadanos, un alcalde, un gobernador, la impugna y la Corte tendría que conocer de esa impugnación", explica el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, al HuffPost.

Una vez que las acciones de inconstitucionalidad llegan a la Suprema Corte y que se decide si se da conocimiento a las dos salas que la integran o, por la importancia del tema, al pleno, se asigna un ministro ponente, quien debe notificar a las autoridades responsables --en este caso, el Congreso de la Unión y el presidente de la República-- para que, en un plazo determinado, contesten la acción, aleguen y ofrezcan pruebas.

Tras esto, el ministro ponente elabora un proyecto de resolución que circula entre los demás ministros, el cual posteriormente se discute de manera colegiada

"Habrá ministros que estarán a favor o en contra para que se invalide la ley, o parte de la ley, y para ello se requiere el voto de ocho de ellos, si no se logran, no se puede invalidar la ley, queda vigente. Ese procedimiento puede tomar entre 2 meses y 2 meses y medio por la importancia que tiene", explica el investigador.

Pese a las recomendaciones y protestas entorno a la Ley de Seguridad Interior, el presidente Peña Nieto promulgó dicha ley este el 21 de diciembre pasado.

La ley fue aprobada por 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, tras poco más de una hora de discusión en el pleno.