MÉXICO
09/01/2018 8:10 AM CST | Actualizado 09/01/2018 10:19 AM CST

Discrecionalidad en ejercicio del presupuesto federal facilita chantaje con fines políticos: México Evalúa

Mientras en 2017 Chihuahua recibió solamente 69 millones de pesos vía recursos del Fortafin, en promedio los estados recibieron mil 023 millones de pesos.

Daniel Becerril / Reuters

La falta de regulación y la opacidad del gobierno federal promueve el uso discrecional del erario y el chantaje político, tal como ocurrió con la guerra política desatada entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral.

De acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, esto se debe a que el dinero ejercido dentro del Ramo 23 y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero no cuentan con ningún tipo de regulación para impedir que dichos recursos se utilicen con fines políticos.

Una situación que permite entender con mayor profundidad el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, luego de que el gobernador Javier Corral, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de "estrangular" financieramente a la entidad como venganza por el proceso judicial que se sigue contra el exgobernador del PRI, César Duarte. Un caso que ha destapado la manera en que el PRI desviaba recursos públicos para campañas electorales a través de empresas fantasma y que, según testigos, involucra a personajes de alto perfil como el expresidente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones y al actual canciller, Luis Videgaray.

"El Ramo 23 es un cajón de gasto federal que controla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este cajón de gasto es el único que no se encuentra regulado por una ley. Su objetivo no se encuentra legalmente definido, lo que permite discrecionalidad en su asignación", advierte Campos.

Aunque en 2016 se aprobó un presupuesto para el Ramo 23 de 149.1 mil millones de pesos, el gobierno federal ejerció 74% más de presupuesto aprobado, es decir, gastó 260.1 mil millones de pesos, cifra que representó un excedente de 110 mil millones de pesos que no fueron aprobados por el Congreso.

Algo similar ocurrió con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que ese mismo año tuvo un presupuesto aprobado de mil 560 millones de pesos, pero ejerció 65 mil millones de pesos. Es decir, un sobrejercicio de 64 mil millones, lo cual representa un excedente de 4.104 % respecto a lo aprobado por el Congreso, según datos oficiales analizados por México Evalúa.

Y es precisamente que, a través de los recursos provenientes del Fortafin, que el gobierno federal decidió retirarle en "represalia", más 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, según denunció Corral.

"En el presupuesto de egresos y las distintas bases trimestrales que da a conocer la SHCP no se conoce a qué estados se les aprobó recibir los recursos de Fortafin. Esto significa que la Cámara de Diputados aprobó ese presupuesto sin saber a qué gobierno locales iría dirigido. Debido a que la mayor parte de los recursos del Fortafin se ejercen sin haber sido aprobados por la Cámara de Diputados, la decisión sobre dichas asignaciones las toma el Poder Ejecutivo a través de la SHCP, que tampoco está exenta de intereses políticos", apunta Campos.

"Para 2017, el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fortafin fue de 3,244 millones de pesos, lo cual tuvo un incremento 108% real respecto a los aprobado en 2016. Y con la última información disponible, se sabe que a través de Fortafin se habían gastado 32 mil 806 millones de pesos a septiembre de 2017. A esa fecha, Chihuahua fue el estado que menos recursos recibió, solo 69 millones de pesos, cuando en promedio los estados recibieron mil 023 millones", señala la especialista.

Esto significa que Chihuahua apenas recibió el 6.7% del dinero promedio que recibieron los demás estados vía Fortafin.

"México Evalúa ha denunciado que existen riesgos en el manejo del Ramo 23 asociados al crecimiento excesivo del gasto de este Ramo en condiciones de discrecionalidad, ya que puede facilitar el uso del dinero público para fines políticos, así como la corrupción. Es urgente regular este Ramo mediante una ley, monitorear sus asignaciones en tiempo real", concluye Campos.

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