MÉXICO

ONU: Ley de Seguridad Interior no da certeza a fuerzas armadas; Sedena: militarización "no va a resolver los problemas" de seguridad

Los organismos de derechos humanos consideraron que la ley no da certeza jurídica a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. La Sedena rechazó que la ley interfiera en labores de seguridad pública.

06/12/2017 8:20 PM CST | Actualizado 06/12/2017 9:39 PM CST
Senado

La Organización de Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideraron que la Ley de Seguridad Interior no da certeza jurídica a las fuerzas armadas en sus labores de seguridad pública. Un enfoque que fue rechazado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que reconoció el fracaso de la militarización durante una discusión del tema en el Senado.

Durante una reunión de organizaciones de derechos humanos e integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, Jan Jarab, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, calificó como "equivocada" la estrategia de militarizar la seguridad pública desde 2006.

"La Oficina siempre expresó que esto iba a ocasionar graves violaciones de derechos humanos por las propias fuerzas armadas, lo cual lamentablemente ha ocurrido. La década pasada nos muestra que el uso del paradigma militar no fue exitoso ni desde la perspectiva de la seguridad como tal", señaló Jarab.

Alan García, encargado jurídico de la oficina mexicana de la ONU-DH, detalló 14 puntos preocupantes de la Ley de Seguridad Interior, tal como la ambigüedad con la que están escritos los artículos promueve la discrecionalidad, opacidad y violación de los derechos humanos.

"Lo cierto es que con la laxitud de los conceptos previstos en el proyecto no se garantiza la certidumbre que se anunció", apuntó el abogado.

"Una legislación como ésta tampoco ayudaría a las fuerzas armadas porque no prevé los mecanismos de control y la certeza que ellas han estado solicitando de tiempo atrás", concluyó García.

Una opinión con la que coincidió Guillermo Silva, asesor del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

"La ley, en los términos en la que está formulada, no contribuye a dar esa certidumbre jurídica que buscan las Fuerzas Armadas en su participación para contener la violencia y la inseguridad", expresó .

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien consideró que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados carece de un enfoque y contrapesos de derechos humanos.

"Deben diseñarse más controles y debe haber más rendición de cuentas", dijo Aguirre, quien reprochó que los legisladores hayan hecho caso omiso a las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

"Si prestan oídos a las preocupaciones, no de ONGs, sino de órganos de Estado como la CNDH, la UNAM, a través del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Coparmex, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podrían ustedes prestar oídos a razones que tienen fundamento", planteó.

Ante los presidentes de las comisiones legislativas que dictaminarán dicha legislación, Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, consideró que la ley no perpetua a los militares en funciones de seguridad pública en el país.

"No es una ley para las fuerzas armadas como se ha establecido en algunas expresiones, en algunos foros, etcétera", comentó Ramos Flores, quien consideró que la ley aprobada por la Cámara de Diputados asume que la Seguridad Interior es un tema que incluye a todo el Estado mexicano y no sólo a las fuerzas armadas. También negó que la ley interfiera con el concepto de seguridad pública.

"Primero, la ley no habla de funciones de seguridad pública. Segundo, la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrán ser utilizadas como un último recurso, después de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han sido insuficientes para contener la amenaza que se está presentando", indicó.

Tenemos 10 años las fuerzas armadas participando en las labores de contención de la delincuencia organizada y los resultados no han sido suficientemente exitosos. Hay quienes cuestionan si han sido solamente exitosos. Lo cierto es que no van a ser exitosos porque no es la parte reactiva la que va a resolver los problemas que generan el fenómeno". Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena

"Se habla que el proyecto incluye definiciones laxas que fomentan la arbitrariedad como el de Seguridad Interior. La verdad es que es un concepto muy difícil de concebir, de plantear. Por eso me pareció a mí una cuestión bastante acertada por parte de la Cámara de Diputados transformar estos aspectos remitiéndolos a una ley que ya está aprobada", dijo en referencia a la Ley de Seguridad Nacional.

Se prevé que el próximo lunes sesionen las comisiones unidad de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, para iniciar el análisis y dictamen de la citada legislación.

Gamboa y Cordero descartan fast track

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no se aprobará en "fast track", que la próxima semana iniciará la discusión y que, antes de tomar una decisión, se escucharán las opiniones de la sociedad civil.

El priista desestimó la carta firmada por Naciones Unidas, organismo que exhortó al Senado a no aprobar la ley.

También, rechazó Gamboa que la Ley de Seguridad Interior esté planteando la militarización del país o que se vayan a violentar las manifestaciones.

En el mismo sentido, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo, dijo que la ley no militarizará el país, ni será aprobada en "fast-track". También aprovechó el tema para arremeter contra Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, quien dejó de apoyar la Ley de Seguridad Interior impulsada por el blanquiazul debido a su alianza con el PRD.

"Comenzó el amasiato con el PRD y se le olvidó", aseguró el panista.

INAI cuestiona opacidad que plantea la ley

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) considera que el artículo 9 del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por la Cámara de Diputados, contraviene el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6º de la Constitución.

El artículo 9 del dictamen de Ley señala a la letra "la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información".

Al respecto, el Instituto advierte que dicha disposición es contraria al principio de máxima publicidad, el cual establece, por regla general, que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

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