MÉXICO

Cronología de la militarización: cómo fue que se aprobó la Ley de Seguridad Interior

Te explicamos paso a paso, cómo fue que pasó la ley que aprobó la militarización de la seguridad pública tras un año de debate que el PRI y sus aliados simplemente decidieron ignorar.

01/12/2017 5:00 AM CST | Actualizado 01/12/2017 9:54 AM CST
Cuartoscuro

Un año después de que el PRI y PAN promovieran una Ley de Seguridad Interior para militarizar la seguridad pública, los diputados que aprobaron dicha iniciativa simplemente decidieron ignorar toda la evidencia y recomendaciones de académicos y organizaciones nacionales como internacionales de derechos humanos.

El debate de la Ley de Seguridad Interior surgió a raíz de dos iniciativas presentadas en el Congreso desde septiembre de 2016. La primera, a cargo del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth. La segunda, presentada en la Cámara de Diputados, presentada por los diputados del PRI, César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo.

Ambas iniciativas conferían facultades extraordinarias al Ejército y la Marina para realizar las labores de seguridad pública que han venido realizando desde que en 2006, el presidente Felipe Calderón decretó la llamada "guerra contra el narcotráfico" sin que existiera un marco legal que regulara la actuación de las fuerzas armadas. Entre las medidas más polémicas, estas iniciativas planteaban que los militares realizaran labores de investigación sustituyendo al Ministerio Público, pudieran intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial, utilizaran la fuerza letal para contener protestas pacíficas o quedar exentos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Esto, aún cuando la ONU recomendó a México poner más controles sobre los militares en lugar de conferirles poderes extraordinarios.

A partir de ahí, diversos académicos advirtieron los muchos riesgos que tendría aprobar una ley que otorgaría facultades extraordinarias a las fuerzas armadas por encima de los poderes civiles. Una situación que implica el cambio de un régimen civil a un régimen militar, sin controles ciudadanos ni contrapesos. Es decir, condiciones para instaurar un régimen autoritario.

"Lo que están haciendo es flexibilizar absolutamente todo y, me atrevo a ponerlo en estos términos, dar una llave para abrir y cerrar un régimen totalitario a discrecionalidad de quien opera esta legislación", dijo Ximena Medellín, académica del CIDE y maestra en Derecho por la Universidad de Notre Dame.

En diciembre de 2016, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, levantó la voz y exigió regularizar el marco normativo de las fuerzas armadas

"No pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto. Los que estamos con ustedes aquí no estudiamos para perseguir delincuentes", dijo Cienfuegos en una atípica rueda de prensa.

El tema cobró aún mayor vuelo a partir de las protestas por el incremento a los precios de la gasolina en enero de 2017, donde las fuerzas armadas tuvieron que contener algunos saqueos registrados en lugares como el Estado de México.

El debate generó que académicos de diversas instituciones como la UNAM y CIDE, expusieran ante el Senado de la República una serie de argumentos sobre los peligros de aprobar dicha ley ante el alto índice de abusos de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, incluidas masacres como las de Tlatlaya y Tanhuato, así como el caso Ostula. Esto, luego de que los académicos documentaran indicios de ejecuciones sumarias, luego de que el 86% de los civiles abatidos por el Ejército y la Marina, entre 2007 y 2011, fueron asesinados con un índice de "letalidad perfecta".

Mientras tanto, la presión de los mandos militares llegó a tal punto, que reunieron en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa a legisladores federales para definir los términos en los que los militares requerían un nuevo marco normativo. Un suceso que ocasionó que integrantes de la sociedad civil acusaran un chantaje de las fuerzas armadas y de disputar el poder político ante a debilidad de las instituciones civiles.

"Más que llenar un vacío, están disputando un poder que no les está acotando. Y eso llama la atención porque uno de los principios de la democracia respecto a las fuerzas armadas es obviamente la sujeción al poder civil. Y cuando no existe esa sujeción o lo cuestionan, estamos ante un riesgo muy grande de regresión democrática", dijo Erubiel Tirado, investigador de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con el HuffPost.

Para ese entonces, la Secretaría de Marina presentó ante legisladores su propio concepto de Seguridad Interior, el cual incluía aspectos como perseguir políticos corruptos y atender la desigualdad en el país. Una concepción que de manera implícita ya incluía una visión de país (¿y de gobierno?) por parte de la Armada.

En plena contienda electoral en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un nuevo llamado para "dejar la discusión y pasar a la acción" a la hora de aprobar la Ley de Seguridad Interior. "Es momento de darles el respaldo con decisión y dejar cálculos políticos electorales para después", resaltó el titular de la Segob, Miguel Osorio Chong.

Ya en pleno proceso electoral, el PRD y el Partido Verde presentarían sus respectivas iniciativas de Seguridad Interior.

Sin embargo, la coyuntura política mandó el tema a la congeladora durante varios meses. Y aunque hubo un intento de aprobar la Ley de Seguridad Interior en agosto de 2017 éste no prosperó.

Pero todo cambió a partir del 20 de noviembre pasado, cuando en pleno acto de condecoración de militares en presencia del presidente Peña Nieto, Cienfuegos hizo un nuevo llamado a aprobar la Ley de Seguridad Interior a tan sólo ocho meses de las elecciones presidenciales de 2018. Casi al mismo tiempo que 2017 se convirtió en el año más violento de la historia reciente de México, situación que evidenció la poca efectividad de la estrategia de seguridad pública basada en la militarización.

El PRI comenzó a operar y de inmediato mandó las primeras señales de que buscaría aprobar la polémica ley a pesar de las críticas realizadas por más de 140 organizaciones de la sociedad civil o el más reciente informe de WOLA sobre los abusos militares que hasta la fecha permanecen impunes. El colectivo #SeguridadSinGuerra advirtió la posibilidad de un albazo legislativo cuyas consecuencias serían desastrosas para los derechos humanos en México.

Pero quizá el llamado más notorio fue el realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que un día previo a la aprobación de la iniciativa, advirtió que el dictamen preparado para aprobar la ley era violatorio de los derechos humanos, la Constitución y promovía la discrecionalidad de las fuerzas armadas, lo cual facilitaría que los abusos militares quedaran impunes.

Todo lo anterior no fue impedimento para que el PRI y sus aliados aprobaran en la Comisión de Gobernación el dictamen de Ley de Seguridad Interior durante una sesión que en un primer momento intentó realizarse a espaldas de la ciudadanía, en una reunión a puerta cerrada que no sería transmitida por el Canal del Congreso con el argumento de que había "problemas con el cableado", según refirió la diputada priista Mercedes Guillén. La presencia de la prensa provocó que se cambiara la sede de la discusión y en pocos minutos fue aprobado el dictamen.

No pasaron más de dos horas cuando dicho dictamen ya estaba siendo procesado de manera apresurada en el pleno de la Cámara de Diputados sin que muchos de los legisladores conocieran si quiera el contenido de la ley que estaban aprobando.

Al final, las protestas de Movimiento Ciudadano y Morena no rindieron frutos y el bloque PRI-PVEM-NA terminó imponiéndose en la votación de la Ley de Seguridad Interior, con voto dividido del PAN, PRD y PES.

Fue así que tras desechar las 101 reservas que formularon diputados de oposición, la Cámara de Diputados avaló y determinó enviar al Senado la minuta de la Ley de Seguridad Interior para ser revisada y procesada.

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