MÉXICO

Peña urge a aprobar Ley de seguridad anterior y activistas se oponen

¿Una necesidad para garantizar la seguridad o un retroceso en los derechos humanos?

29/11/2017 7:27 PM CST | Actualizado 29/11/2017 8:29 PM CST
Henry Romero / Reuters
REUTERS/Henry Romero

El pasado 20 de noviembre Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, solicitó de nuevo a los legisladores del Congreso de la Unión avanzar con las revisiones de la Ley de Seguridad Interior.

"Un marco jurídico que defina también, con toda precisión, procedimientos y tiempos para que los militares regresemos a los cuarteles, a cumplir con nuestros fines y con nuestras misiones. Un marco jurídico realista, objetivo, armónico y práctico, producto del consenso y avalado por la ciudadanía, alejado de condicionamientos o intereses políticos. Un marco jurídico para beneficio de todos los mexicanos, que aún no se consolida", dijo el responsable de la fuerza militar en México.

El Partido Revolucionario Institucional reaccionó buscando el apoyo de más personas en el congreso para que se aprobara la iniciativa de ley que pretende regular las actividades y facultades del Ejército como agente procurador de justicia y otro responsable de la seguridad pública.

La integración del proyecto de ley y de la movilización priista ha provocado cuestionamientos de diversos actores, como activistas y académicos, quienes aseguran que la iniciativa representa la posibilidad de atropellar los derechos de las víctimas, opacidad en la proporción de información de las Fuerzas Armadas y que la facultad del Ejército de intervenir la comunicación entre particulares.

#SeguridadSinGuerra

Los grupos opositores a la Ley de Seguridad Interior formaron un colectivo llamado #SeguridadSinGuerra y en conferencia de prensa presentaron cinco propuestas para hacerle frente a la crisis de violencia e inseguridad en el país.

Entre las que destacan el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, regresar al Ejército a sus cuarteles para que dejen de cumplir con funciones que le competen a la policía, una reestructura del Poder Judicial, hacer valer instrumentos proveídos por la Constitución y tratados internacionales de los que México forma parte, fortalecer las policías, reformar el Poder Judicial, acatar con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública, coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del País, el Ejército y la Marina, y perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos" declaró Pablo Girault de México Unido contra la Delincuencia.

No sólo una propuesta, ¿una necesidad?

El presidente Enrique Peña Nieto declaró que la Ley de Seguridad Interior "dejó de ser solamente una valiosa propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad", durante la inauguración del cuartel de la 11 Brigada de la Policía Militar en San Pedro de las colonias, Coahuila.

Manifestó su confianza en el Congreso de la Unión de brindar "un marco que con absoluta claridad, defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios".

Aseveró que la actuación de los militares durante su administración se sustenta en su lealtad y disciplina, y que su gobierno ha respondido, entre otras acciones, con la creación de 352 nuevas obras de infraestructura militar, como cuarteles, hospitales, unidades habitacionales e instalaciones educativas. Monto que según el ejecutivo mexicano excede los 25 mil millones de pesos, l

Añadió que los resultados más importantes en el estado se han obtenido en el tema de la violencia y la delincuencia, pues gracias a la coordinación entre niveles de gobierno, en los primeros 10 meses de 2017, los homicidios dolosos disminuyeron 70 por ciento; las extorsiones 67 por ciento; el robo en carretera con violencia, 89 por ciento, y los secuestros, 50 por ciento, comparado con el mismo periodo del 2012.

Aunque la discusión se ha pospuesto desde febrero, es probable que a petición del Consejo Nacional de Gobernadores (CONAGO) se revise este jueves 30 de noviembre.