MÉXICO

Denuncian albazo en el Congreso para aprobar "golpe militar" que legalizaría masacres como la del 68

Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra acusaron un intento de albazo legislativo para aprobar la Ley de Seguridad Interior con fines electorales. Mientras tanto, el PRI y sus aliados tienen listo el dictamen para discutirse en la Cámara de Diputados el próximo 30 de noviembre.

27/11/2017 10:35 AM CST | Actualizado 27/11/2017 12:10 PM CST
Presidencia de la República

Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra acusaron un intento de albazo legislativo en el Congreso para legalizar la militarización del país vía la Ley de Seguridad Interior, mientras el PRI y sus aliados ya tienen listo el dictamen previsto para discutirse en la Cámara de Diputados el próximo jueves 30 de noviembre.

"A escondidas, a oscuras, de manera velada y veloz un manojo de diputados y senadores del PRI, el PVEM y los Rebeldes del PAN prepara el equivalente a un golpe militar. Con propuestas negociadas y avaladas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, un grupo de legisladores allana el camino para algo que México nunca vivió ni quiso. Una Ley de Seguridad Interior que pretende inaugurar un escenario inédito. Un escenario peligroso. El predominio del poder militar por encima del poder civil", escribió la politóloga Denise Dresser en su columna titulada Los golpistas.

"El Ejército propone y el Congreso dispone. A la orden. A la orden para aprobar una ley que ampliaría el concepto de "uso legítimo de la fuerza", permitiéndole a las fuerzas armadas repeler de manera agresiva formas de resistencia social no agresivas. A la orden para fortalecer al poder militar sin control adecuado por parte del Poder Ejecutivo o Legislativo, sin contrapesos, expandiendo el aparato castrense a cada vez más funciones civiles", argumenta Dresser.

La politóloga del ITAM añadió que la respuesta a la crisis de inseguridad "no se halla en un golpe de Estado sino en la rehabilitación del Estado; no se trata de comprar más tanques sino de formar más policías", pero señaló que "esas condiciones sólo existirán si los legisladores empiezan a actuar como estadistas y dejan de trabajar como golpistas".

"Ya hay más de 50 mil militares desplegados diariamente en "tareas de reducción de violencia". Los resultados a la vista. ¿Cuántos más con la Ley de Seguridad Interior? Enrique Peña Nieto y la Conago avientan la toalla. No nos dará la vida para arrepentirnos", afirmó por su parte el académico Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

En conferencia de prensa, integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, que agrupa a más de 140 organizaciones civiles, señalaron que el intento del PRI y sus aliados por aprobar dicha ley responde a un interés electoral que busca proporcionar facultades especiales a las fuerzas armadas, pese a los malos resultados que ha dado la militarización de la seguridad pública desde 2006.

Para José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el problema de fondo es que la Ley de Seguridad Interior, además de violar varias disposiciones de la Constitución, abre la puerta para que se repitan actos como la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, a manos del ejército.

"La ley es clara al establecer que las acciones de Seguridad Interior se llevarán a cabo por el ejército de acuerdo a sus fórmulas de organización, sus medios y su adiestramiento. Es decir, están ahí para matar a un enemigo, no están ahí para detener ciudadanos y ponerlos en el proceso de la autoridad judicial", aseguró Guevara.

Otra cosa que es preocupante de la legislación es que les permite reprimir manifestaciones. Parece que el 2 de octubre ya se nos olvidó. El 2 de octubre no se olvida. Era una manifestación pacífica y la fabricaron como si quisieran hacerla parecer una manifestación donde se estaban usando armas de fuego. La consecuencia fue una masacre de un número indefinido de personas que a la fecha no hemos podido conocer, porque la información está reservada".José Antonio Guevara, director de la CMDPDH

El colectivo #SeguridadSinGuerra aseguró que antes de 2006 se registraban 190 quejas y 2 recomendaciones por año contra las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos, mientras que después de 2006 la cifra se disparó a 1075 quejas y 14 recomendaciones en promedio al año.

Por lo tanto, hicieron un llamado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior que podría quedar aprobada fast track esta misma semana en la Cámara de Diputados.

El dictamen listo para aprobarse en el Congreso

De acuerdo con una copia del dictamen de Ley de Seguridad Interior redactado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, difundida en medios y prevista para discutirse el 30 de noviembre próximo, la ley daría poderes extraordinarios a las fuerzas armadas para contener riesgos y amenazas a la seguridad interior sin coordinación con otros órdenes de gobierno.

Es decir, que el Ejército y la Marina podrán contener dichas amenazas de manera discrecional, sin contrapesos institucionales ni rendir cuentas, situación que podría ser utilizada para encubrir violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en sus labores de seguridad pública.

El artículo 4 de la ley define a las acciones de seguridad interior como "aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior".

Especial

También define el uso legítimo de la fuerza como "la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en su caso, las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución".

De acuerdo con el artículo 6, "las autoridades federales incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional".

Cuartoscuro

El artículo 8 señala que "las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior".

Sin embargo, el proyecto de ley también considera dentro del concepto de Seguridad Interior la toma de carreteras, con lo cual, las fuerzas armadas estarían facultadas para contener actos como las protestas de la CNTE que derivaron en la masacre de Nochixtlán, Oaxaca.

En este sentido, el artículo 26 indica que "las autoridades federales, incluidas las fuerzas armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos".

Asimismo, el dictamen establece que toda la información derivada de los operativos de las fuerzas armadas se mantendrán en secreto a ser considerada como información de seguridad nacional, con lo cual, habrá mayor opacidad a la hora de documentar abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en sus tareas de seguridad.

"La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información", señala el artículo 9.

El artículo 10 también exenta a las fuerzas armadas de estar sujetas a controles administrativos, toda vez que "la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo".

Artículo 11 dictamen Ley de Seguridad Interior señala que "corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior".

El dictamen también establece que al realizar tareas de inteligencia, las fuerzas armadas "podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información". Sin embargo, la ley no precisa si dichos métodos lícitos de recolección de información incluyen labores de espionaje e intervención de comunicaciones a civiles, como venía en el proyecto de ley impulsado por el PRI. Un caso que ha cobrado importancia tras las revelaciones de que la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió software espía, aún cuando la ley no faculta al ejército para realizar dichas tareas.

La iniciativa impulsada por el PRI en la Cámara de Diputados forma parte de una estrategia del actual gobierno federal para que la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad cuenten con un "marco jurídico adecuado", según reconoció el presidente Enrique Peña Nieto el 23 de noviembre pasado.

Así como es mi deber garantizar el fortalecimiento permanente de nuestras Fuerzas Armadas, también es mi obligación, como Jefe del Estado Mexicano, asegurar que la actuación de todos sus integrantes se desarrolle en un marco jurídico adecuado".Enrique Peña Nieto, presidente de México

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