MÉXICO

Chilapa, el municipio secuestrado: Las comunidades que el narco desplazó

12/10/2017 5:00 AM CDT | Actualizado 12/10/2017 3:44 PM CDT
Paola Morales.
Retén militar a la entrada de la comunidad de Ahuihuiyuco, en el municipio de Chilapa, Guerrero,

Como si fuera el rumor de dos habitantes de Tajimaroa que creen haber bebido agua envenenada, un eco virtual despuebla las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, en el municipio de Chilapa, Guerrero.

Allá donde un árbol crece en la soledad de una cumbre, donde las casas son más lodo que hogar y un niño de nadie con un ramo de flores naranja se para a la orilla de la carretera. Allí la gente sólo deja verse de la boca para arriba, buscando mirar al que llega, sólo para comprobar que la cosa no se ponga peor.

El martes 6 de junio el rumor convertido en amenaza empezó en Facebook y luego se expandió en hojas regadas en las calles de Tepozcuatla y Ahuihuiyuco. Fue un murmullo sin rodeos: un grupo de la delincuencia organizada amenazaba con asesinar el viernes 9 de junio a quienes no abandonaran esas comunidades, por lo que entre el 7 y 8 de junio el éxodo fue inevitable..

Desde entonces, lo que cuenta lo que ahí hubo son los lugares no las personas: hotel Mi Corazón, Sur 13, deshuesadero, se venden marranitos finos... y una iglesia resplandeciente, intacta, vacía, como si a alguien se le hubiera olvidado cerrar la puerta y también las de los seis baños construidos a su costado.

Ahuihuiyuco se quedó sin su población de aproximadamente mil 300 habitantes. Todavía el 9 de junio se podían ver por sus veredas a algunas familias que buscaban salir del lugar en camionetas.

En este lugar, dedicado principalmente a la siembra de autoconsumo y a la elaboración de la cinta de palma, sólo quedó abierta la iglesia.

Paola Morales.
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Se trata de una zona estratégica para el trasiego de drogas, pues conecta con Ciudad de México o Puebla, explica el activista Manuel Olivares, del Centro Morelos, mientras estira el brazo para señalar el camino que tiene a su derecha y que, en un punto, parece volverse uno con la sierra: "Esa ruta nos puede conectar con Zitlala, derecho llega a Copalillo y de ahí uno puede entroncar hacia la Ciudad de México o Puebla; son lugares muy estratégicos".

Paola Morales.

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De lo que se trata es de sembrar terror en el enemigo, no hay un cártel que sea menos sanguinario que otro, descuartizan, matan, esas son las razones por las que la lucha es tan sangrienta y tan cruel y que por la que ahora pelean por las comunidades."Manuel Olivares.

La gente ha ido regresando de a poco, pero las escuelas y los centros de salud siguen vacíos; las cortinas de los negocios bajadas y las pocas personas que hay, sólo caminan, caminan, frenan un poco cuando algo o alguien sale a su paso, otean, se cubren la boca, se sacuden las piernas y siguen.

Paola Morales.

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En Tepozcuautla el panorama es similar.

"Prácticamente se ve muy poca gente en las calles por el miedo, a partir de las 5 de la tarde la gente se regresa a su casa, como en una especie de toque de queda autoimpuesto, pero también demuestra que no le tiene confianza a los militares, porque justo hay una comisaría ocupada por los militares a unos metros", continúa Manuel, quien comanda una Misión Civil de Observación con organismos internacionales a fin de hacer visible la emergencia.

Muchas casas siguen vacías, el retorno no se ha completado y, probablemente, no se complete; se sabe que muchas familias no piensan regresar ante la creciente práctica del reclutamiento forzado por parte de grupos de la delincuencia organizada.

Lo que antes se entendía por la lucha por la plaza era la lucha por el mercado de consumo, pero cuando el narcotráfico toma tintes empresariales, los fines económicos de la delincuencia organizada incrementan, aumentan los secuestros, el cobro de piso, la venta de protección, la extorsión, empiezan a controlar los servicios públicos." Manuel Olivares

Paola Morales.

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El tema del desplazamiento por la violencia se da al menos desde hace 10 años en Guerrero, explica José Raymundo Díaz, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

"En el estado de Guerrero hay desplazamiento desde hace mucho tiempo, pero ha estado silenciado y ahora en Chilapa se está documentando y tratando de visibilizar estos casos de desplazamiento que se están dando desde 2015", señala.

Fue entre el 9 y 14 de mayo de 2015 que un grupo de 300 personas armadas tomó la ciudad de Chilapa, hubo, entonces, entre 31 y 32 desaparecidos. La gravedad se acentuó porque los hechos se dieron con la presencia de la Gendarmería Nacional y el Ejército.

De 2015 a la fecha, en Chilapa hay al menos 150 casos de desapariciones y sólo 14 se han podido denunciar ante la PGR para acceder al fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al resto, las autoridades no les han acreditado la declaración de ausencia, denuncia el Centro Morelos, el cual se ha encargado de documentar cada uno de los casos.

Hemos visto el momento en que Chilapa era un paraíso, llegaba mucha gente de otros lugares a vivir, nadie preguntaba nada mientras uno no se metiera en problemas, era un territorio libre para todos." Manuel Olivares.

ENTRE LA ANARQUÍA Y LA OMISIÓN

El desplazamiento en Ahuihuiyuco y Tepozcuautla se dio en "mucha anarquía, mucho desorden", señala Manuel, pues aunque el Ejército y la Policía Municipal acompañaron a algunas personas, sólo las llevaron a la carretera y ahí las familias "le dieron para donde mejor entendieron", por eso no se tiene certeza sobre su paradero.

Paola Morales.
Paola Morales.

"Algunas familias fueron a dar a Chilpancingo, otras a Iguala, otras a Morelos, a diferentes partes del estado y del país; eso también tiene que ver con la desconfianza que tienen hacia el gobierno porque no fueron capaces de unificarse y plantearle al presidente municipal una solución.

"Cuando menos el presidente municipal de Chilapa no es ajeno a uno delos grupos de delincuencia organizada y la gente sabe que si van a presentar una denuncia al Ministerio Público más tardan en presentarla que el mismo MP que tomó la denuncia le esté informando al amo, al que le sirva", acusa.

El centro de defensa de derechos humanos es claro en su mensaje, no quieren señalar a ningún grupo delictivo, pero sí exigirle al gobierno que haga las averiguaciones previas, que las carpetas de investigación avancen, que "realmente se investigue y que realmente se castigue a los responsables."

El Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a la vida, a la integridad física, a nuestro patrimonio y, cuando no es capaz de esto, pues la gente tiene que exigirle. Además nos enfrentamos a que el Ejército ha generalizado la visión de que los defensores de derechos humanos, defendemos a delincuentes, eso es muy grave porque tiene que ver con una criminalización y estigmatización hacia nuestro trabajo que provoca un linchamiento moral de la población hacia nosotros."Manuel Olivares.

CHILAPA Y NUEVE ASESINATOS POR DÍA

De julio de 2013 a la fecha, en Guerrero suman 5 mil personas desplazadas en al menos 30 comunidades de 20 de los 81 municipios que integran la entidad.

Chilapa es una de las regiones más violentas, pero, a diferencia del norte, aquí la lucha no es por los capos, sino por comunidades pequeñitas, para que trabajen para un grupo y si se van con otro grupo, los matan". Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Actualmente en Chilapa hay tres retenes militares, es una localidad de 31 mil 157 habitantes, según cifras del Inegi, y en un día pueden ocurrir hasta nueve asesinatos.

Mientras que las desapariciones comenzaron desde 2014, con 19 personas; en 2015, 43; en 2016, 282; y hasta la primera quincena de septiembre de 2017, sumaban 188.

En lo que va del año, en el municipio de Chilapa 19 comunidades han registrado hechos violentos, mientras que en Zitlala, siete.

Destaca el éxodo de Quetzalcoatlán de las Palmas, una comunidad en el municipio de Zitlala: el 6 de enero del año pasado, un grupo armado entró, asesinó a seis personas, amenazó con regresar a matar a los demás y la comunidad, cargando a sus muertos, se desplazó.

Suena bastante grave, pero cargaron a sus muertos en una camioneta y todas las familias se salieron.
Hay gente que no soporta el sometimiento de los grupos criminales que los obliga a participar en actividades propias de la delincuencia y terminan huyendo". Manuel Olivares.

SONAR LAS ALARMAS

La mañana del pasado 19 de septiembre dos cuerpos desmembrados fueron dejados en cuatro bolsas en el barrio San Juan, en Chilapa. Ese mismo día, llegaba a la cabecera municipal una Misión Civil de Observación. Ese mismo día, más tarde, un sismo causaría gran devastación en Ciudad de México, Morelos y Puebla.

La Misión de Observación, organizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), y en la que participaron las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Amnistía Internacional, Serapaz México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, buscaba visibilizar los casos y reunirse con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a fin de emitir una serie de recomendaciones para atender la creciente crisis de inseguridad en Chilapa, sin embargo el encuentro fue pospuesto debido a la emergencia nacional que desató el sismo del pasado 19 de septiembre.

La misión concluyó que no hay condiciones de seguridad para las comunidades desplazadas e hizo un llamado al gobierno del estado para garantizar los derechos humanos de las víctimas, las comunidades y los defensores de derechos humanos.

Mandan un operativo policiaco para acompañar a la misión y vemos que esos actores armados lo que hacen es vigilar el trabajo de los defensores y defensoras; falta visión de derechos humanos para entender la problemática de las víctimas. La forma en que se atiende a defensores y defensoras es colocar en el primer frente al Ejército, a la Policía.
Hubo tensión al llegar a Chilapa, estaba un retén, es una manera de dar la bienvenida con el fusil en la mano." Abel Barrera Centro Tlachinollan

Para los activistas, la política de seguridad implementada, sobre todo en Guerrero, está siendo causante de la crisis de seguridad, porque consuma más violaciones graves a los derechos humanos, fomenta la impunidad y la falta de acceso a la justicia.