MÉXICO

Pese a crisis humanitaria, el gobierno de México busca ser parte del Consejo de derechos Humanos de ONU

Las "reiteradas y graves" violaciones de derechos humanos por parte del Estado mexicano, no son un impedimento para que el gobierno de Peña busque un asiento reservado para países ejemplares en la promoción y defensa de los derechos humanos.

13/09/2017 10:00 AM CDT | Actualizado 13/09/2017 11:03 AM CDT
RONALDO SCHEMIDT via Getty Images
Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, durante la presentación de su informe sobre México.

Las múltiples y constantes violaciones graves de derechos humanos por parte del Estado mexicano no fueron impedimento para que el gobierno de Enrique Peña Nieto, presentara una candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La noticia se dio a conocer el pasado lunes 11 de septiembre, cuando el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, informó sobre sus pretensiones de obtener un lugar para el periodo 2018-2020.

De acuerdo con la ONU, para la conformación del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas "tiene en cuenta la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como sus promesas y compromisos voluntarios a este respecto". El Consejo está compuesto por 47 miembros y cada participante debe ser aprobado por la mayoría de los 192 miembros de la Asamblea General en una votación secreta.

La iniciativa del gobierno mexicano se presentó aun a pesar de los señalamientos de "reiteradas y graves" violaciones de derechos humanos realizadas por organizaciones internacionales como Human Rights Watch.

"Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la guerra contra el narcotráfico en México", señaló HRW en su informe mundial 2017.

La actuación del gobierno mexicano en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinpa, incluso le ha valido críticas por parte de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en 2016 cuestionó la manera en que el gobierno de Peña Nieto obstaculizó la investigación del caso.

Críticas que, paradójicamente, buscaron ser contenidas por funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos, Ruiz Cabañas, quien descartó en múltiples ocasiones que existiera una persecución por parte del gobierno de Peña Nieto en contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigaron el caso Ayotzinapa y cuyas revelaciones fueron ignoradas por la Procuraduría General de la República en la integración del expediente.

Pero no es la única observación de Naciones Unidas contra la violación a los derechos humanos en México.

"La situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos", señaló en su informe el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, durante su última visita a México en enero de 2017.

Asimismo, Nils Melzer, relator de la Organización de las Naciones Unidas, denunció el 2 de marzo pasado, en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos que, en México, la tortura es una práctica "generalizada".

"A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México", señala el informe de la ONU sobre tortura.

Por su parte, el representante de México ante las Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, dijo que nuestro país ha aceptado 93.71% de las recomendaciones emitidas en las revisiones periódicas.

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