POLÍTICA

Blinda Cámara información sobre juicios políticos que había desechado

Sin embargo, tendrá que hacer pública la consulta de 109 solicitudes de juicio político

13/09/2017 1:48 PM CDT | Actualizado 13/09/2017 2:01 PM CDT
Cuartoscuro.

Los exgobernadores de Jalisco, Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez fueron blanco de peticiones de juicio político, junto a 106 casos más.

Sin que hasta el momento se tenga información relacionada a los casos y los expedientes se mantengan en la opacidad.

Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Cámara de Diputados dar a conocer la información relacionada con 109 solicitudes de juicio político y las resoluciones de desechamiento que recayeron sobre las mismas, en marzo de 2017.

El juicio político es un recurso con el que cuenta cualquier ciudadano y se puede realizar cuando un servidor público atente contra los intereses públicos fundamentales, por ejemplo, la violación de derechos humanos, un ataque a las instituciones democráticas o la usurpación de atribuciones, entre otros.

LOS CASOS A LA CABEZA

En 2008, luego de difundirse un documento del Departamento de Estado del gobierno de EU, en el que se transcribe una entrevista de octubre de 2005 con el entonces alcalde tapatío Emilio González Márquez en la que asegura que recibirá el respaldo de la Iglesia y "unos tres mil sacerdotes" para ganar la gubernatura jalisciense en 2006, PRI y PRD demandaron un juicio político pues, dicho apoyo, cuestionaba la legitimidad del gobierno de González Márquez, al considerarse un acto ilegal.

En el caso del exgobernador Francisco Ramírez Acuña, diputados del PRD demandaron juicio político en su contra en 2007, al señalar que quien también fuera secretario de Gobernación protegía al presidente de la sexta sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez.

Contra Barba Gómez también se solicitaron juicios políticos por los alcaldes de Zapopan y Guadalajara, al señalar que había violentado la autonomía de los municipios y abusado de las atribuciones de ley.

Asimismo, ya con Ramírez Acuña como titular de Gobernación, diputados federales del PRD presentaron una denuncia de juicio político en su contra, acusando censura el 1 de septiembre de 2007, cuando Ceproprie omitió el mensaje de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta (PRD), así como por otros hechos similares.

En 2008, los dIputados de seis de las entonces ocho fracciones legislativas exigieron la renuncia de Alberto Cárdenas, en funciones de secretario de Agricultura, por eludir dar información sobre las plantas de etanol que operan en el país y las razones de su autorización; de hacer caso omiso, demandaban juicio político en su contra.

ASÍ FUE CÓMO SE BLINDÓ LA INFORMACIÓN

Mediante una solicitud de información a la Cámara de Diputados, un particular requirió, en formato Excel, diversa información respecto de 109 casos de juicio político desechados en marzo de 2017 por la Subcomisión de Examen Previo.

Asimismo, requirió copia de las solicitudes de juicio político y de las resoluciones emitidas a los servidores públicos pertenecientes al gobierno de Jalisco, incluyendo exdiputados locales y federales, así como los exgobernadores Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez.

La Cámara de Diputados respondió que dicha unidad administrativa no genera la información solicitada en formato Excel e informó que algunas de las resoluciones pueden consultarse en la Gaceta Parlamentaria, para lo cual remitió un vínculo electrónico.

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual señaló que el sujeto obligado no le dio acceso a la información solicitada en formato Excel y no se manifestó en relación a la petición de obtener "copia de las solicitudes de juicio político", pues sólo se pronunció respecto a las resoluciones.

En alegatos, la Cámara de Diputados señaló que para atender la solicitud es necesario elaborar un documento diverso, además detalló que la información solicitada es confidencial, ya que son datos personales y forma parte de un juicio.

Tras un análisis, el INAI respondió que, si bien el sujeto obligado no cuenta con obligación normativa para elaborar un documento ad hoc, debió de ofrecer al particular el acceso a la versión pública de los documentos fuente que contienen los rubros solicitados en otras modalidades de entrega, como lo es la consulta in situ.

Además, el sujeto obligado no remitió al particular la totalidad de la información solicitada, pues omitió enviarle la copia de las solicitudes de juicio político requeridas.

Por lo anterior, el Instituto modificó la respuesta de la Cámara de Diputados y le instruyó poner a disposición del solicitante la consulta in situ de la versión pública de las 109 solicitudes de juicio político y de las resoluciones de desechamiento que recayeron en las mismas.

Asimismo, deberá proteger los datos personales de las denuncias, que se encuentran disponibles en la Gaceta Parlamentaria y emitir, a través de su Comité de Transparencia, la resolución en la que se confirme la clasificación como información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

También te puede interesar:

Los exgobernadores que se 'salvaron' de un juicio político

El 'juego' del PRI y una Cámara que caasi se queda sin Mesa Directiva

Acusan de soborno a Emilio Lozoya en Brasil, pero en México lo exoneran