MÉXICO

El árbol de los desaparecidos que debería importarle al Congreso

Colectivos de familiares de desaparecidos llevan más de dos años exigiendo la creación de una ley que permita atender la tragedia humanitaria mientras el Congreso mantiene bloqueada dicha iniciativa.

30/08/2017 3:35 PM CDT | Actualizado 30/08/2017 4:39 PM CDT
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Las raíces significan el andar caminando entre la tierra en busca de los desaparecidos. El tronco representa la fuerza que sostiene a los familiares de los desaparecidos en su incansable lucha por saber la verdad. Las ramas son los brazos abiertos con los que esperan recibir a sus seres queridos. Es el árbol de la fe y la esperanza, que las madres de los desaparecidos por la violencia instalaron en el Congreso para exigirle a los diputados que aprueben la Ley de Desapariciones Forzadas que lleva dos años y medio estancada por la indiferencia de los legisladores.

"Este árbol representa esa vida que queremos darle a todos los que están ausentes. Ya todos son mis hijos, mis familiares, mis desaparecidos", dice Araceli Rodríguez, integrante del colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Es el día internacional contra la Desaparición Forzada y el movimiento que articula a 40 organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas de todo el país. Al llegar al auditorio sur del edificio A del palacio legislativo de San Lázaro, padres, madres, hermanos y amigos de los desaparecidos pegan pancartas sobre las paredes y fotografías de sus hijos entre las ramas del árbol.

Llanto, hay mucho llanto contenido en los ojos de las madres que están presentes en la sala y llevan años y años de angustia esperando encontrar la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Con el lema "Mírame y dime que te importa", esperan que los diputados finalmente hagan su trabajo para aprobar en el próximo periodo legislativo la Ley General de Desaparición Forzada que familiares de las víctimas llevan más de dos años esperando impacientes, para que el Estado mexicano pueda atender la crisis humanitaria que, hasta el momento, ha sido ignorada por las autoridades.

"Desde 2015, el Estado mexicano hizo un compromiso con la ONU y el Comité de Desaparición para la creación de esta ley, ya van a ser dos años y medio y a la fecha no está autorizada", señala Yolanda Morán, vocera del movimiento que sigue buscando a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en Coahuila desde 2008.

Lo que vivimos en México es una guerra contra el pueblo, disfrazada de combate al crimen organizado. Somos nosotros los que vivimos encerrados, aterrados, amenazados, despojados de lo poco que tenemos, mientras autoridades corruptas y delincuentes transitan libres como si nada". Yolanda Morán

Uno de los principales puntos de dicha ley, tiene que ver con la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que rastree y encuentre a los más de 30 mil desaparecidos que se tienen documentados en México.

"Búsqueda es la que no hemos tenido, todo ha sido simulación y papeleo. Nuestros hijos no son papel", señala Morán, quien agrega: "somos sujetos de derecho, no de caridad, ni de asistencia pública".

"No conocemos un sólo caso de desaparición forzada en que el Estado mexicano haya logrado verdad, justicia y reparación del daño. Las familias organizadas llevamos años dialogando con todas las autoridades pero sin avances sustanciales", apunta la activista.

Una de las postales más emblemáticas de la incompetencia del gobierno se dio hace apenas unos días, cuando la señora Mirna Nereida Medina Quiñónez, líder del grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, tuvo que escarbar con sus propias manos el terreno donde encontró la fosa clandestina donde se encontraban los restos de su hijo, Roberto Corrales, a quien buscaba desde hace tres años. Un mes después y once días después, la Fiscalía de Justicia del estado le notificó que las pruebas de ADN de lso restos encontrados eran positivas.

Al igual que Mirna, muchas madres en todo el país siguen buscando con desesperación a sus hijos entre las miles de fosas clandestinas que a diario se encuentran en México.

"El gobierno niega, miente, simula, esconde. Los fammiliares requerimos verdad, justicia y encontraar a nuestros familiares", asegura Lucía Díaz, del Colectivo El Solecito quien lleva buscando a su hijo secuestrado desde hace tres años y medio.

Hace exactamente un año, el coelctivo Solecito comenzó una búsqueda en un predio que se llama Colinas de Santa Fe. Esa búsqueda dio como resultado 137 fosas con 278 cuerpos. Ese es el México en que vivimos. ¿Un México con Estado de derecho? Definitivamente no".Lucía Díaz, Colectivo Solecito

Pero a pesar de la tragedia humana, la respuesta de las autoridades ha sido nula. Un gobierno que no oye, un gobierno que no resuelve, un gobierno indiferente ante el dolor de la gente.

En la sala, se encuentran apenas un par de diputados federales, Francisco Ramírez Neri (del PRD) y Ernestina Godoy (Morena), quienes se comprometieron a impulsar la aprobación de la ley que sigue pendiente.

Esto aun cuando los reflectores mediáticos dentro del palacio legislativo de San Lázaro fueron acaparados por la llegada del secretario de Hacienda y posible candidato presidencia del PRI, José Antonio Meade, durante la plenaria de los diputados tricolores, quienes no tuvieron tiempo de mandar una representación para atender a las víctimas.

Una indiferencia que ilustra el desdén del gobierno mexicano por solucionar el problema de los desaparecidos, como bien explica Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

"Ya han transcurrido ocho años de la ratificación por México de la Convención. Actualmente están registradas más de 30 mil personas desaparecidas en el país", dijo Jarab. "Considerando el dolor existente, y que sigue creciendo, es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo".

Aunque Jarab considera que la aprobación de la ley no ofrece ninguna garantía a las víctimas, es indispensable que el gobierno mexicano y los legisladores cumplan con los acuerdos que han entablado con la ONU tanto con los familiares de las víctimas para atender esta crisis humanitaria.

De ahí que la oficina de ONU-Derechos Humanos en México, haya lanzado una campaña para presionar a que el gobierno mexicano cumpla con su compromiso de permitir denuncias individuales de las víctimas ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, como una vía de buscar ante instancias internacionales la justicia que no ha podido encontrarse en México.

Una postura en la cual coinciden representantes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones civiles como Amnistía Internacional.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas destaca la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo Ciudadano en la materia.

La ley ha sido aprobada (con reservas) por colectivos de familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, así como por el Senado de la República, desde el 27 de abril 2017.

Hasta ahora se mantiene bloqueada en la Cámara de Diputados mientras los partidos políticos apuntan sus miras a la contienda electoral de 2018.

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