MÉXICO

El monstruoso dolor de las víctimas de San Fernando, tras siete años de opacidad e impunidad

Siete años después de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, familiares de los migrantes centroamericanos dudan que las autoridades les hayan entregado los cuerpos de sus seres queridos. Y mientras tanto, el caso sigue sin resolverse.

24/08/2017 5:30 AM CDT | Actualizado 24/08/2017 7:44 AM CDT
Cuartoscuro
Mirna del Carmen Solorzano, y Miguel Ángel Medrano, padres de Glenda Yaneira Medrano Solorzano, una de las migrantes ví­ctima de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, durante el evento Inmemoriam 72. FOTO: TERCERO D͍AZ /CUARTOSCURO.COM

Han transcurrido ya siete años pero la pesadilla todavía no termina. Siete años de angustia tratando de encontrar la verdad o la justicia que nunca llega. Siete años de incertidumbre e investigaciones infructuosas. Siete años de desesperación y tormento para las familias de los 72 migrantes que desaparecieron o perdieron la vida en la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Una atrocidad que sigue impune ante la incapacidad del gobierno mexicano en un país desgarrado por la violencia.

"Sólo le pido a Dios que el dolor no les sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte", dice Glenda García, entre lágrimas, al describir lo que han sido para ella los últimos siete años, desde aquella llamada telefónica en que le notificaron que su padre, su hermano y su hermana se encontraban entre los cadáveres encontrados por la Marina en el rancho El Huizachal el 24 de agosto de 2010, masacrados por Los Zetas.

Partieron de Sipacate, Guatemala, con el objetivo de cruzar México y llegar a Estados Unidos para encontrar trabajo con la esperanza de que aquella travesía los ayudara a mitigar la pobreza. Pero nunca volvieron.

"En 2010 encontraron a mi papá en los masacrados de San Fernando, Tamaulipas. Él es mi papá, es mi héroe", dice Glenda mientras muestra una fotografía de su padre. "Él es mi hermano Richard, era futbolista. Su recuerdo está en la casa. Están sus trofeos. Es la persona que me da fuerza para estar acá defendiendo sus derechos, que fueron violados por un futuro mejor. Era muy trabajador. Me dijo: te encargo a mi mami. Dentro de un año, posiblemente, ya tengo lo que quiero. Regreso dentro de un año. Van siete años y no regresa", cuenta.

"Mi hermana Nancy dejó a sus dos niños. Se fue por un futuro mejor para que sus hijos recibieran estudio, atención médica, para tener un techo para ellos. Lamentablemente sus sueños fueron cortados acá en México. Desde 2010 empezamos con esta pesadilla", agrega.

Pero a siete años de aquel suceso que marcó su vida y la de su madre, Glenda todavía tiene dudas de que los cuerpos que le entregaron efectivamente sean de sus familiares. Esto, debido a que los gobiernos de México y Guatemala no le entregaron ningún documento oficial que constatara la identidad de los cadáveres y la familia tampoco pudo reconocer que se trataba de sus seres queridos.

"Cuando quería abrir el ataúd no me dejaron. Quería confirmar que mi hermano estaba ahí. No lo permitieron. No pude ver a mi papá. Tengo en mi mente una foto que me enseñaron una foto y me dijeron él es su papá y me enseñaron sólo una bolsa de pedacitos. Pero hasta acá no hemos obtenido la verdad, no hemos obtenido la justicia. Nosotros pedimos que se haga la exhumación porque tenemos dudas", cuenta Glenda.

Lo mismo le ocurrió a Miguel Medrano y Mirna del Carmen Solórzano, padres de Glenda Yaneira Medrano, migrante oriunda de El Salvador que supuestamente se encontraba entre las víctimas fatales de San Fernando.

Las autoridades mexicanas no pudieron identificar el cuerpo, pero comentaron a la familia que se había encontrado una identificación de su hija.

"Fuimos al aeropuerto y nos dijeron que no podíamos abrir lo que era el ataúd. Yo como familiar sí lo hice y no pude reconocer que fuera ella", cuenta Mirna del Carmen Solórzano.

"Si ya teniendo las tres pruebas me dicen que es mi hija, está bien, voy a seguir viviendo, pero al menos sabría la verdad, que nosotros como familia es lo que queremos, saber la verdad", agrega Mirna.

Es por ello que los familiares de los migrantes reclaman que el gobierno mexicano, a través del Comité Forense integrado por la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otras organizaciones, pueda llevar a cabo los análisis necesarios para determinar la identidad de los cadáveres y dar certeza a las familias cuyo daño no ha sido reparado.

Además de Guatemala y El Salvador, familiares de migrantes provenientes de Honduras, Brasil y México también tienen sospechas de que los cuerpos que les fueron entregados correspondan a sus familiares.

En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 80/2013 en la cual no se establecen medidas de reparación para las víctimas ni tampoco investigación al Estado. Tras interponer un recurso de amparo, el caso finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2017.

El pasado 20 de junio de 2017, por mandato de la Suprema Corte, la CNDH se vio obligada a calificar la masacre de San Fernando como una violación grave de derechos humanos y determinó que los familiares de las víctimas pudieran tener acceso a la investigación. Algo que sin embargo, no ha ocurrido.

Por el contrario, las familias de los migrantes han tenido que emprender litigios legales para acceder a la investigación penal de la Procuraduría General de la República.

Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, mismos que se prevé serán resueltos por el máximo tribunal del país en septiembre próximo.

Al menos 10 cuerpos siguen sin ser identificados. Hasta la fecha, hay ocho detenidos, pero ningún sentenciado. Apenas hace unas semanas, en julio pasado, la PGR libró una orden de aprehensión contra Salvador Alfonso Martínez Escobedo, El Ardilla, líder de los Zetas identificado como autor intelectual de la matanza de San Fernando.

Tampoco existen líneas de investigación por parte de las autoridades mexicanas que apunten a la participación u omisión de agentes estatales sobre los hechos de la masacre, aún cuando algunas versiones señalan que militares pudieron haber estado involucrados en la masacre, tal como sugieren informes emitidos por la CNDH que documentan la participación o colusión de agentes del Estado con el crimen organizado. Tampoco se han podido identificar las causas que motivaron esta grave violación de los derechos humanos.

A siete años de distancia, la masacre en San Fernando se mantiene impune. Y junto con la impunidad, el dolor, ese "gran monstruo que pisa fuerte" y no ha dejado descansar a los familiares de las víctimas.

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