MÉXICO

Para entender el caso Tlatlaya

La verdad detrás de uno de los casos más emblemáticos de ejecuciones en el México contemporáneo siguen sin ser esclarecida y una juez obliga a la PGR a investigar debidamente.

16/08/2017 4:10 PM CDT | Actualizado 16/08/2017 4:21 PM CDT
Edgard Garrido / Reuters

Aunque se trata de uno de los casos más emblemáticos de ejecuciones en el México contemporáneo, la verdad detrás de los hechos acontecidos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, no ha sido esclarecida.

La versión oficial del caso daba cuenta de las muertes generadas casi en su totalidad a causa de un enfrentamiento entre un "grupo de delincuentes" y militares. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Gobierno del Estado de México, la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) generaron una versión aparentemente indiscutible que fue evidenciada en su falsedad por Associated Press y la revista Esquire, quienes le dieron voz a la madre de la única víctima mujer de los hechos y, quien entonces, era identificada como Julia.

El pasado 31 de julio, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), mediante una sentencia de amparo dictada dentro del Juicio 545/2017, que realice con debida diligencia la investigación de lo acontecido.

La Justicia Federal señaló que la falta de acción de PGR ha vulnerado derechos humanos y llamó a una investigación exhaustiva y expedita.

LAS DUDAS SOBRE EL CASO

Cuartoscuro.
11OCTUBRE2014.- Organizaciones sociales marcharon desde el Zócalo capitalino hacia la Residencia oficial de Los Pinos para exigir mejores condiciones legales para los militares y la destitución de Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena. Esto en protesta a las acusaciones contra ocho militares presuntamente responsables del los asesinatos de Tlatlaya.

Son múltiples los aspectos de la investigación y de los juicios iniciados que no han quedado suficientemente esclarecidos; aspectos como el hecho probado de que la testigo Julia había acudido a la bodega de San Pedro Limón para recuperar a su hija de 15 años.

Destaca la significativa discrepancia entre el número de víctimas establecido por la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) y por las declaraciones de las sobrevivientes con el número de víctimas por las cuales la PGR ha emprendido acción penal por homicidio.

De acuerdo con la teoría oficial del caso, el resto de las personas habrían fallecido como consecuencia de un enfrentamiento. Sin embargo, conforme al testimonio de las sobrevivientes y a la Recomendación 51/2014 de la CNDH, el número de víctimas de ejecución extrajudicial es significativamente más alto.

Según la CNDH, en Tlatlaya 22 personas perdieron la vida: cuatro presumiblemente fueron heridos a causa del enfrentamiento librado con elementos del Ejército Mexicano; tres fueron heridas presumiblemente en medio del intercambio de disparos, o bien, en un contexto de fuego cruzado; 12 fueron presuntamente privadas arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes; mientras que de las tres restantes no fue posible establecer ubicaciones y posiciones originales, debido a que fueron movidos del lugar en donde en principio cayeron.

De esta forma, la CNDH concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas arbitrariamente. Las declaraciones de las testigos sobrevivientes coinciden en situar el número de víctimas en una cifra mayor a la determinada por la PGR.

Así por ejemplo, en declaración rendida ante el Ministerio Público de la Federación, la testigo Julia declaró que pudo ver cómo alrededor de nueve personas fueron víctimas de ejecución arbitraria, señalando adicionalmente que escuchó disparos en el lado contrario de la bodega de San Pedro Limón.

En este punto, las declaraciones de las tres sobrevivientes coinciden en señalar que inclusive dos de las víctimas habrían sido ejecutadas tras el ingreso de tres militares a la bodega, en presencia del personal militar que habría llegado como refuerzo y posiblemente en presencia de otras fuerzas de seguridad, como refirió Julia.

En el caso de la hija adolescente de Julia, subsisten dudas sobre la manera en que fue privada de la vida, pues si bien la CNDH la identifica entre quienes habrían fallecido por el fuego cruzado inicial, existen indicios de que su cuerpo fue manipulado para moverlo de su posición original y se le encontraron balas en el cuerpo de un arma empleada por los miliares para practicar ejecuciones arbitrarias.

INVESTIGAR A LA SEDENA

Cuartoscuro
02JULIO2015.- Organizaciones acompañan a Clara Gómez González, Julia, testigo principal y madre de la menor de edad ejecutada el pasado 30 de junio del 2014 en Tlatlaya.

El análisis del caso hecho por el CentroProdh ha enfatizado sobre la necesidad de investigar la responsabilidad de la Sedena en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas de Tlatlaya.

Para ello refiere a la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones "San Antonio del Rosario" y la subsecuente Orden de Relevo y Designación de Mando del teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, con fecha del 11 de junio de 2014, suscritas por el teniente coronel de infantería Sandro Díaz Rodríguez, en ausencia del comandante del 102 Batallón de Infantería, coronel Raúl Castro Aparicio.

El propósito de la orden es "establecer las prescripciones que deberán realizar los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la función de seguridad pública, con la finalidad de reducir la violencia en el país".

La Orden de Relevo fue emitida en el Campo Militar No. 22-d, San Migue Ixtapan, Estado de México, el 11 de junio de 2014. Fue dirigida al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez. En el rubro, se aprecia que la dependencia emisora se identifica como "102 btn. De inf., Grupo de Comando" y con el número de oficio siio/10582.

En el cuerpo de la orden se reiteran las operaciones y el modo en que deben llevarse a cabo; refiriendo específicamente que son órdenes provenientes del "Alto Mando", es decir, del secretario de la Defensa Nacional.

De ella resultan una serie de instrucciones que han sido calificadas de ilegales y de incentivar la comisión de violaciones a derechos humanos. Sobre todo considerando que conforme a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, la obediencia es base de la disciplina castrense y por tanto dicha orden fue emitida para ser cumplida.

La orden de relevo ha sido señalada de ilegal puesto que invoca un conjunto de normas que de ninguna manera faculta al Ejército a realizar las tareas que en ese documento se asignan a la Base de Operaciones San Antonio de Rosario. Incluso, llega al extremo de asignar a la tropa tareas que en sentido estricto corresponden a la autoridad civil.

El marco constitucional vigente únicamente faculta a las autoridades militares a detener civiles cuando estos se encuentren en flagrante comisión de un delito, con la salvaguarda de que, en tales casos, los detenidos deben ser puestos a disposición de autoridad competente de manera inmediata.

Pero lo más preocupante, alerta el CentroProdh, es que la Orden de Relevo alienta la violación de derechos humanos, pues mandata que "las acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de obscuridad, sobre objetivos específicos". Enseguida, advierte, que la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, "evitándose generar víctimas colaterales".

Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario". Texto de la Orden de Relevo.

"El uso de este lenguaje resulta sumamente grave pues al instruir "abatir delincuentes" se incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo", alertó la ong.

CentroProdh.

Con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando, que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar, la identificación de la Cadena de Mando es indispensable para determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército. En el caso concreto, resulta indispensable que se investigue, identifique y sancione a los responsables de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, enfatiza el Centro Prodh.

Asimismo, en el lugar de los hechos había presencia de más de 55 militares y 21 marinos, en distintos momentos según la CNDH, y la PGR únicamente declaró a los integrantes de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario.

A pesar de que está acreditado por la CNDH que entre 12 y 15 de las víctimas mortales fueron ejecutadas arbitrariamente, a la fecha nadie se encuentra rindiendo cuentas ante la justicia por esta privación arbitraria de la vida; se desconoce el número exacto de víctimas de ejecución y tampoco se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen.

INVESTIGACIÓN INCORRECTA

Cuartoscuro.
02JULIO2015.- Clara Gómez González principal testigo en el caso de las ejecuciones extrajudiciales del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, en conferencia de prensa en el Centro Miguel Agustí­n Pro de Derechos Humanos.

Al tratarse de un caso de violaciones a derechos humanos, los hechos de Tlatlaya no podían haber sido investigados en el fuero militar, según la jurisprudencia del Sistema Interamericano, los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el propio Código de Justicia Militar, reformado en junio de 2014 para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias consecutivas al Estado mexicano.

Sin embargo, en el caso Tlatlaya la jurisdicción militar intervino de manera indebida.

La inconstitucional e inconvencional extensión del fuero militar es patente en dos dimensiones: primero, por la intervención del Ministerio Público Militar en las primeras diligencias, realizando actuaciones que no tendían estrictamente a la investigación de delitos contra la disciplina militar; segundo, por el inicio y posterior consignación de una averiguación previa paralela a la iniciada en el fuero civil que, al ser consignada, conllevó a que ahora existan dos causas penales sobre un mismo hecho, que a la postre pueden arrojar conclusiones opuestas. "Centro Prodh.

Respecto de la intervención inicial de la Procuraduría General de Justicia Militar, la autoridad castrense ordenó, inmediatamente, la realización de periciales y diligencias que el caso Tlatlaya, siendo uno de los primeros casos emblemáticos donde se aplica la reforma al Código de Justicia Militar, quedaron evidenciados tanto los avances de la reforma como sus limitaciones, lo mismo que el problema estructural de la ausencia de controles civiles efectivos sobre las Fuerzas Armadas.

EL NO RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

Julia perdió a su hija el día de los hechos, en la misma bodega y a manos de los mismos responsables de haber ejecutado extrajudicialmente a varias personas.

Fue expuesta a vivir eventos traumáticos y violentos. Fue detenida de manera ilegal y arbitraria durante seis días y coaccionada para firmar documentos cuyo contenido desconocía.

Tuvo que acudir al Juzgado Cuarto de Distrito con sede la ciudad de Toluca, Estado de México, para solicitar acceso al expediente 81/2014 y conocer el estado del proceso. Ahí, pudo constatar que la PGR formalizó cargos sólo por el homicidio de ocho personas, entre las cuales no se incluyó a su hija, única víctima del sexo femenino.

Debido a ello, mediante acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2014, el Juzgado Cuarto le negó acceso al expediente por no reconocerle calidad de víctima dentro de la causa penal; es decir, para la justicia civil Julia tampoco era víctima.

INVESTIGACIÓN EXPEDITA

Cuartoscuro.
21ostubre2014.- Raul Plascencia, titular de la CNDH, en conferencia de prensa dio detalles de las recomendaciones del caso Tlatlaya.

En la sentencia de amparo dictada el pasado 31 de julio, la jueza consideró probada la falta de actividad de la PGR, la cual no ha realizado diligencias encaminadas a la investigación de los hechos ni a la investigación de la Orden Militar que instruyó "abatir delincuentes en horas de oscuridad". También consideró que no se ha investigado la cadena de mando responsable.

Determinó además que la PGR debe integrar todas las investigaciones bajo un solo expediente. Adicionalmente, ordenó a la Procuraduría señalar pormenorizadamente las diligencias que considere pertinentes, así como su objetivo y plazos, mediante la elaboración de un cronograma detallado de investigación.

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