MÉXICO

Señalan al gobierno de espiar al GIEI que derrumbó la 'verdad histórica' sobre Ayotzinapa

El Citizen Lab confirmó que un integrante del grupo independiente que investigó la desaparición de los 43 normalistas también recibió dos intentos de infección con el malware Pegasus.

10/07/2017 8:30 AM CDT | Actualizado 10/07/2017 11:30 AM CDT
Getty Images

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo en riesgo de ser espiado por el malware conocido como Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano, antes de presentar su informe final sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El intento de espionaje se suma a los casos documentados contra periodistas y activistas críticos contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, el hecho de que los integrantes del GIEI hayan contado con inmunidad diplomática, le da una dimensión internacional al escándalo de espionaje presuntamente realizado por el gobierno federal.

Según el informe del Citizen Lab, un teléfono móvil perteneciente al GIEI recibió dos mensajes de texto los días 1 y 4 de marzo de 2016. Ambos informaban sobre un supuesto fallecimiento y exhortaban al objetivo a hacer clic en un enlace.

"El principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México", señala un reportaje del diario The New York Times.

R3D

El 28 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI anunciaron un nuevo estudio sobre el incendio de Cocula, donde según la versión oficial del gobierno federal, fueron calcinados los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tras ser detenidos por policías y entregados al crimen organizado.

Al día siguiente, 1 de marzo, el teléfono vinculado al GIEI recibió el primer mensaje de texto con enlace malicioso. El 2 de marzo, la CIDH emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Al respecto del caso Iguala, la comisión urgió al gobierno mexicano a permitir al GIEI entrevistar a los militares involucrados. La Comisión también calificó la situación de Ayotzinapa como "un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado".

El 3 de marzo, dos integrantes del GIEI solicitaron apoyo a la Unión Europea para realizar su trabajo, ante los obstáculos enfrentados. El 4 de marzo, el teléfono del GIEI recibió un segundo mensaje de texto con enlace malicioso. Ese mismo día, la CIDH anunció la audiencia Situación general de los derechos humanos en México como parte del programa de su 157 periodo de sesiones.

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"La nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto", añade el reportaje del rotativo estadounidense.

"Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México", dijo Francisco Cox, abogado chileno que formó parte del GIEI.

"La situación entre el GIEI y el gobierno mexicano se tornó cada vez más tensa y la campaña de desprestigio se intensificó. Varios espacios mediáticos mantuvieron una línea de descalificaciones en contra del GIEI, además del surgimiento de una demanda penal contra Emilio Álvarez Icaza, entonces secretario ejecutivo de la CIDH, por el supuesto delito de fraude por "dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes", señaló la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que colaboró en la documentación de los casos de espionaje.

En este sentido, la R3D señaló que el nuevo caso aporta más elementos para promover una investigación independiente al gobierno federal, en torno a los casos de espionaje.

"Los tiempos entre los intentos de infección y las coyunturas de trabajo del GIEI nuevamente sugieren al gobierno federal como un actor común. El grupo de expertos puso en tela de juicio la llamada 'verdad histórica' de la PGR en el caso Ayotzinapa, además de haber sido objeto de una constante campaña de descalificación para inhibir su labor", aseguró la organización.

"Así mismo, ha quedado comprobado que el malware Pegasus fue adquirido por la Procuraduría General de la República en 2014, con un contrato firmado por Tomas Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Zerón fue el encargado de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas, siendo señalado por numerosas irregularidades durante la indagatoria. El 15 de septiembre de 2016, renunció a su cargo tras ser acusado de manipulación de pruebas", concluye.

Pese a los reiterados señalamientos que apuntan al gobierno mexicano como el autor de los casos de espionaje, dado que cuenta con un software espía que se vende únicamente a gobiernos, el presidente Peña Nieto ha descartado que su administración haya espiado a sus críticos con fines políticos.

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