MÉXICO

Buscan llevar a los Moreira ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Coahuila

La Federación Internacional de Derechos Humanos pidió indagar casos de asesinato y desaparición perpetrados por Los Zetas en complicidad con el gobierno de Coahuila.

07/07/2017 5:00 AM CDT
Cuartoscuro

La Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al gobierno de Coahuila por cometer crímenes de lesa humanidad en complicidad con el cártel de Los Zetas, de 2009 a 2016. Acusación en la que se hacen señalamientos explícitos a la responsabilidad de los entonces gobernadores y hermanos, Humberto y Rubén Moreira.

Una situación que ubica a México como el país "con la situación más crítica" de violaciones graves de derechos humanos en todo el continente americano, según el informe, presentado el 6 de julio ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos.

México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200 mil asesinatos y 32 mil desapariciones en una década. Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado".Federación Internacional de Derechos Humanos

La organización también refiere que el Estado mexicano está obligado a cumplir con los resolutivos de la Corte Penal Internacional debido a que México ratificó el Estatuto de Roma el 28 de octubre de 2005. También señala que "la falta de investigación en México y la naturaleza de los delitos registrados hacen ineluctable la apertura de una investigación por parte de la CPI, frente a la cual las autoridades mexicanas se han mostrado hasta ahora reticentes".

El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil".Federación Internacional de Derechos Humanos

Entre las conclusiones del informe, se destaca que del 2009 al 2012, las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas "en un contexto de innegable colusión". En el mismo sentido, de 2012 a 2016 "las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales".

El informe está basado en 500 casos concretos en 10 municipios de Coahuila (Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón).

A la par de la FIDH, organismo internacional con sede en París, la solicitud para que intervenga la CPI fue firmada por 80 organizaciones mexicanas en defensa de los derechos humanos.

Existió complicidad de las autoridades de Coahuila con los Zetas para cometer crímenes contra la humanidad. Estamos aquí (en La Haya) porque consideramos esencial que el Estado mexicano reconozca que hubo crímenes de lesa humanidad".Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH

Daniel Becerril / Reuters

Los vínculos entre Zetas y los Moreira

"Los testimonios durante los juicios de miembros de Los Zetas que se han llevado a cabo en San Antonio y Austin, Texas, desde el 2013, han aportado información sobre la forma de apoyo brindado por el gobierno de Coahuila a los crímenes de Los Zetas y a su impunidad", señala el informe.

Un ejemplo de esto, cita el documento, es la forma en que varios testigos detallaron la manera en que los Zetas entregaron dinero a Humberto Moreira Valdés, a través de intermediarios.

Humberto Uribe Tapia, un presunto operador financiero del crimen organizado, explicó ante una corte de Estados Unidos que el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, en ejercicio de sus funciones, recibió cantidades millonarias en dólares americanos de Los Zetas.

"En su testimonio ante el jurado, Uribe Tapia mencionó que empaquetó alrededor de 2 millones de dólares en maletines y los entregó a un auxiliar personal del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en un hotel en la capital de Saltillo. Otra vez, tomó otros 2 millones de dólares empaquetados en bolsas selladas al vacío a una gasolinera de Saltillo, donde afirma que se las dio a alguien de la oficina del fiscal general del estado, Jesús Torres Charles. Adolfo Tavira Alvarado (un exempleado de Televisa y traficante de los Zetas) refirió que le enviaron a Humberto Moreira "una camioneta Chevrolet Suburban llena de maletas de dinero" en la finca de Beto Cañas con el objetivo de contribuir con la campaña por la gubernatura", señala el informe.

"Uribe Tapia también indico que sobornaban a la policía estatal, algunos de los federales, la policía local, alcaldes y otros políticos", así como algunos militares y que la policía no solo era remunerada sino que inclusive a veces estaba completamente integrada en la jerarquía del Cartel de los Zetas. Según Uribe los sobornos les permitieron, entre otros, el acceso a vehículos oficiales e incluso a helicópteros", agrega el documento.

También refiere que a partir del 2008, una prisión dependiente del gobierno de Coahuila, localizada en el municipio de Piedras Negras, se convirtió en un centro de operación de Los Zetas.

"Si bien desde el 2014 existe un proceso judicial sobre los hechos ocurridos en el Cereso es sorprendente que este no haya involucrado por ahora a los oficiales encargados del sistema penitenciario, incluyendo los gobernadores de Coahuila entre el 2008 y el 2012", añade el texto, que alude también a la administración del actual gobernador Rubén Moreira.

"Estos vínculos entre los Zetas y las autoridades también se evidencian con el proceso judicial en contra del ex gobernador interino Jorge Torres López. Él es un fugitivo de la justicia del gobierno federal de Estados Unidos, acusado por lavado de dinero", añade el informe.

La FIDH también señala que en el marco de la estrategia de seguridad implementada por Humberto Moreira, elementos de seguridad bajo el mando del gobierno estatal, detuvieron y entregaron a civiles a los Zetas.

"Entre el 2009 y el 2012 se registraron casos en los cuales la policía municipal y estatal detenía a pobladores de Coahuila para entregarlos a Los Zetas para presuntamente apoyarles en su objetivo de control territorial. Los elementos de la policía municipal y estatal detenían a las víctimas utilizando las patrullas, uniformes, armas, insignias, radios de comunicación oficiales, y se las entregaban a los miembros de la organización criminal", explica el documento.

Ésta no es la primera vez que organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas denuncian al Estado mexicano por cometer crímenes de lesa humanidad en complicidad con el crimen organizado en Coahuila.

En junio de 2016, la organización Open Society presentó un informe titulado Atrocidades Innegables, el cual señala "que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los Zetas, son considerados como crímenes de lesa humanidad".

En el mismo sentido, el reportaje Anatomía de una masacre realizado por Ginger Thompson y Alejandra Xanic, documenta la manera en que funcionarios del gobierno mexicano filtraron información a líderes de los Zetas. Acto que detonó la masacre de Allende en que elementos del crimen organizado desparecieron entre 60 y 300 personas.

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