MÉXICO

Peña deja más dudas sobre espionaje del CISEN con fines políticos

Las declaraciones del presidente Peña Nieto en torno al uso de los aparatos de inteligencia con fines políticos, deja más dudas que certezas. Sobre todo, sobre la manera en que se utiliza al CISEN para espiar a ciudadanos críticos del gobierno.

23/06/2017 2:20 PM CDT | Actualizado 23/06/2017 3:19 PM CDT
Cuartoscuro

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto amagó con perseguir legalmente a quienes han acusado al gobierno de espiarlos ilegalmente, la administración federal sigue sin responder puntualmente a las inconsistencias y contradicciones que existen en torno al espionaje. Y en específico, a la manera en que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha sido utilizado con fines políticos.

Luego de que activistas denunciaran casos de espionaje gubernamental contra defensores de derechos humanos y periodistas, Peña Nieto respondió directamente a los señalamientos asegurando que es falso que el gobierno espíe a sus ciudadanos. Esto aún cuando el mismo presidente reconoció que se siente espiado.

Nada más falso y nada más fácil, que señalar a un gobierno que se dedica a esta actividad (el espionaje). El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana. Espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno".Enrique Peña Nieto, 22 de junio de 2017

Pero la respuesta de Peña, de la cual se retractó minutos después durante una gira por Jalisco, deja más dudas que certezas.

"Lo que estoy queriendo afirmar es que el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona y creo que no hay el más mínimo sustento a una afirmación de este tipo", aclaró Peña.

Sin embargo, la respuesta del presidente contradice las adquisiciones de equipo para espionaje realizada por el gobierno mexicano en la última década, además del rol del CISEN en el caso de espionaje contra periodistas, a la luz de la información revelada en días recientes.

Los fines políticos tras el espionaje del CISEN

De acuerdo con una solicitud de información respondida por el CISEN, y consultada por el HuffPost, el órgano de inteligencia firmó al menos cinco contratos con la empresa Hacking Team de 2010 a 2015. Esta firma italiana se dedica a vender equipo para espionaje, con plataformas conocidas como Da Vinci y Galileo.

INAI

Sin embargo, el CISEN inhabilitó en julio de 2015 el sistema comprado a Hacking Team ante el temor de que, tras el hackeo a la empresa italiana, se divulgara información sensible sobre seguridad nacional.

Peso a ello, el CISEN afirma no haber celebrado ningún contrato con la empresa NSO Group, según consta en cuatro solicitudes de información documentadas ante el INAI.

Esto, aún cuando correos de algunos proveedores de equipo de espionaje del gobierno mexicano reconocen que el sistema de NSO Group "ha trabajado muy bien y ha dado resultados probados en México (Sedena y CISEN)", según consta en una serie de correos del Hacking Team filtrados por WikiLeaks.

CISEN

De acuerdo con un documento interno del CISEN, referido por el periodista Raymundo Riva Palacio en octubre de 2015, la agencia de inteligencia había realizado al menos 729 intervenciones telefónicas a periodistas como Carmen Aristegui y el mismo Riva Palacio, además de talento de Televisa (sic) y políticos.

"Las herramientas para la inteligencia criminal y su uso para combatir a los grupos delincuenciales, comenzaron a ser utilizadas con fines políticos, al ser empleadas para el espionaje telefónico de miembros del gabinete, jueces o periodistas, de acuerdo con una relación de números intervenidos de la cual se tiene una copia. El cambio de esos sistemas de intervención llevaban consigo una licencia legal. Para poder interceptar un teléfono, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, necesitaba pedir la autorización al juez y probar que era relevante para una investigación criminal. En el CISEN no. Bajo el manto de la seguridad nacional, el CISEN puede hacerlo al margen del Poder Judicial", señaló el periodista.

Ante la información conocida hasta hoy, ¿cómo es que el CitizenLab documentó que los 88 intentos de espionaje contra activistas y periodistas en México tenía rastros del malware Pegasus desarrollado por NSO Group, si el CISEN niega tener cualquier licencia para operar dicho software?

Ante tal pregunta se abren dos hipótesis: O el CISEN está ocultando información sobre el uso del malware desarrollado por NSO Group; o, además del CISEN, la Sedena y/o la PGR (que sí cuentan con licencia de espionaje de NSO) intervinieron ilegalmente las comunicaciones de los periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.

En cualquiera de estos casos, las intervenciones a las comunicaciones privadas de periodistas y activistas serían ilegales, pues no existen argumentos jurídicos para realizar espionaje con fines políticos, ya que todos los casos documentados tienen como factor común que investigaban temas desfavorables al gobierno federal.

La Ley de Seguridad Nacional establece, en el artículo 33 y siguientes, que la intervención de comunicaciones privadas por parte del CISEN únicamente puede solicitarse en casos de amenaza a la seguridad nacional detallados en el artículo 5 de la misma ley.

Por su parte, la Procuraduría General de la República sólo puede intervenir comunicaciones privadas en casos en los que el Ministerio Público lo considere necesario para la investigación de algún delito, según consta en los artículos 292 a 302 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En este sentido, no existen argumentos con los cuales el gobierno de Peña Nieto acredite que el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos busca salvaguardar la seguridad nacional o la resolución de un delito.

Hasta el momento, las organizaciones R3D, Artículo 19 y SocialTIC, han documentado al menos 15 casos de espionaje documentados contra activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas (incluyendo el caso de un menor de edad, Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui).

Entre 2013 y 2015, se ha documentado la realización de 3 mil 182 solicitudes de autorización judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas. El CISEN es la autoridad que más veces ha hecho este tipo de intervenciones, seguido de la PGR y la Policía Federal, refiere el informe El Estado de la vigilancia: fuera de control, realizado por la Red de Defensa de los Derechos Digitales.

Sin embargo, las cifras presentadas por las agencias de seguridad y las presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal difieren notablemente, sobre todo en el caso del CISEN, según datos incluídos en el mismo reporte.

R3D

Ante una solicitud de acceso a la información formulada por R3D, el CISEN se negó a informar el número de personas y dispositivos sujetos a una intervención de comunicaciones privadas en el año 2014. El INAI ordenó al CISEN publicar la información, según consta en el expediente RDA 2149/16. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2016 ordenó al CISEN dar a conocer dicha información.

Sin embargo, la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, interpuso un recuso de revisión en materia de seguridad nacional (el segundo en la historia), contra la resolución del INAI.

Hasta junio de 2017, el CISEN no ha entregado la información solicitada, confirmó al HuffPost Luis Fernando García, director de R3D.

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