MÉXICO

Invasión y criminalización, la lucha diaria de los defensores de la tierra en AL

Comparten experiencias activistas de Colombia, Perú y México.

17/06/2017 5:00 AM CDT | Actualizado 17/06/2017 8:15 AM CDT
Cuartoscuro.

Comunidades indígenas de Perú, Colombia y México han enfrentado por años la disputa por sus territorios. Por un lado los gobiernos, las empresas y los poderes locales; por el otro, los pueblos originarios y los defensores de la tierra.

Hasta febrero de este año, 14 defensoras y defensores de los derechos a la tierra y a los recursos naturales habían sido asesinados en Latinoamérica, convirtiéndose en unas de las regiones más peligrosas para ejercer dicha labor.

Por un lado, el discurso del desarrollo y la generación de empleos; por el otro, el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el cual reconoce el derecho a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales es una convención adoptada en 1989. Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. A 2016, ha sido ratificado por 22 estados.

En el foro "Experiencias latinoamericanas en defensa de la tierra y el territorio", organizado por Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), defensores del territorio compartieron sus historias de lucha en las que, coinciden, la invasión a sus tierras, la violación al Convenio 169, la criminalización a su labor y la presencia de fuerzas armadas en sus tierras.

En Perú, en la región de Cajamarca, la disputa ha sido, principalmente, por el derecho al agua y el daño al territorio que ocasionan empresas mineras que operan en la zona, labores que ha sido acompañadas por organizaciones como Grufides.

En Colombia, el colectivo Matamba lucha por la solidaridad de género, étnica, de exclusión y la conciencia.

El caso mexicano se centra principalmente a la amenaza al territorio que representan las Zonas Económicas Especiales.

El 1 de junio de 2016 se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), "dichas zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales", señala en su artículo primero.

En abril pasado, se emitieron las declaratorias para poner en marcha las primeras tres zonas, de las 10 que hasta ahora tiene previstas el gobierno federal, y que son presentadas como polos de desarrollo económico en los estados más pobres del país.

Las primeras tres zonas se ubicarán en cinco estados: la de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Guerrero; la del Istmo de Tehuantepec, en el corredor entre Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; y la tercera en Puerto Chiapas.

Sin embargo, la LFZEE fue polémica desde el inicio. La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso incluía la coordinación de las secretarías de Hacienda, Economía y Comunicaciones y Transportes con la opinión de académicos y el sector privado, sin embargo, las ong acusan que no se abrió el debate a la opinión ciudadana.

Por ejemplo, la organización Tequio, dedicada desde hace 19 años a la defensa y asesoría jurídica de las comunidades chontales, expuso que este grupo étnico no fue consultado para otorgar una concesión minera de 5 mil 413 hectáreas que afecta actualmente a cinco comunidades.

Acusaron despojo del territorio chontal para llevar a cabo proyectos eólicos; otorgar concesiones mineras; colocar torres de alta tensión, así como para la siembra de amapola y mariguana. Los casos han sido denunciados también por el CentroProdh.

Por su parte, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció que en la región hay 24 parque eólicos que ingresaron violentando el Convenio 169 de la OIT

"Las empresas eólicas se apoderaron de nuestro territorio donde buscan imponerse", señaló Mariano López, representante de la APPJ.

La APPJ ha presentado diversos amparos ante la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa, y las violaciones al proceso cometido por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, en el año 2014 para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur.

El caso incluso fue denunciado en enero pasado ante el Relator de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, Michel Forst.

"La empresa ya pagó 65 millones de pesos al gobierno municipal y están diciendo que nos estamos oponiendo al desarrollo. No estamos en contra de la generación de energías renovables, estamos en contra de la forma en que se han impuesto estas compañías eólicas", expuso López.

Otro de los casos expuestos a Frost fue el de los defensores de la comunidad del Ejido La Sierrita, en Durango, zona con importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a la empresa Excellon de México.

Y aunque originalmente hubo un contrato entre los ejidatarios y la empresa, donde se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales, la mayoría fueron incumplidas por la empresa.

"Cuando nos acercamos al gobierno, nos dijeron ya firmaron, ya se chingaron", señaló Juan Daniel Pacheco Álvarez, representante del ejido durante el foro organizado por ProDESC, que ha acompañado y asesorado jurídicamente a la comunidad.

La organización de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA Oaxaca) señaló que la disputa de los territorios se ha exacerbado y "ahora se lleva a cabo como un golpe directo por parte del Estado".

La disputa, dijo Doris Carmona, representante de EDUCA, es entre tres actores: gobierno, empresas y poderes locales contra las comunidades, ejidos y defensores y defensoras comunitarias.

El despojo se agudizado, vienen por el agua, por el viento y por los minerales, pero también por la vida de las personas que habitan estos territorios.

"Tenemos el discurso del desarrollo y, es curioso, que estas regiones donde van por el desarrollo son regiones que se están empobreciendo, se empobrecen zonas donde, curiosamente, hay agua, hay minerales", apuntó Carmona.

Asimismo acusó que falta información sobre las superficies que se afectarán y las maneras de implementar los proyectos, por lo que EDUCA tuvo que hacer al menos 40 peticiones de transparencia para saber dónde se ubicarían.

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