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SCJN deja en manos de los estados las especificaciones del servicio de Uber

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de que los Congresos locales legislen en materia de servicio de transporte.

24/05/2017 7:53 AM CDT | Actualizado 24/05/2017 7:53 AM CDT
Tyrone Siu / Reuters

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en manos de los Congresos locales las especificaciones que deberán tener los autos y choferes de servicios de transporte privado como Uber y Cabify.

El debate surgió luego de que el Congreso de Yucatán reformara la Ley de Transportes en junio de 2016 y determinara ciertas especificaciones a los prestadores del servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas.

Diputados locales argumentaron que la Ley de Transporte violaba los derechos de igualdad, libertad de trabajo, libertad de tránsito y libre competencia, al promover especificaciones distintas a Uber y Cabify, por lo que promovieron una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos que exigían ciertas especificaciones contra los operadores de este servicio.

Entre las especificaciones que fijó el Congreso de Yucatán destacan que el valor del vehículo exceda los 207 mil pesos, que tuviera bolsas de aire delanteras, aire acondicionado, le prohibía realizar cobros en efectivo, ser propietario del vehículo, entre otras.

El día lunes la SCJN determinó que los Congresos estatales sí pueden regular el servicio de Uber y que éste es diferente al que proveen los taxis, por lo que sí se puede regular distinto.

A través de un comunicado, la SCJN dijo, tras la segunda discusión sobre el tema, que al no ser comparables los servicios de taxis tradicionales con los de plataformas tecnológicas, "no era posible realizar un análisis de igualdad como lo propuso la minoría parlamentaria del Estado de Yucatán".

El máximo tribunal de justicia reconoció la validez de requisitos tales como acreditar la propiedad de un vehículo que cuente con bolsas de aire y cinturones de seguridad, entre otros, ya que tienen como finalidad garantizar la seguridad de los usuarios de esa modalidad de transporte.

Con este fallo, el máximo tribunal del país estableció que los Congresos de los estados sí pueden regular el servicio de transporte público y reconoció que los requisitos para servicios como Uber y los de taxis tradicionales sí pueden ser diferentes.

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