MÉXICO

Indagan presunto desvío de 4 mmdp desde el gobierno Federal a campaña en Edomex

El gobierno del Estado de México reconoció la existencia de un depósito del gobierno federal, el cual --dice-- ya fue auditado, pero cuya legalidad ha sido puesta en duda en una queja presentada ante el INE.

18/05/2017 5:00 AM CDT | Actualizado 19/05/2017 2:04 PM CDT

En HuffPost México recibimos un documento enviado por la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado de México en referencia a esta información, con una postura similar a la que consignamos originalmente. En esta liga podrás consultar la respuesta y leer la carta íntegra.

El presidente Enrique Peña Nieto resolvió un millonario litigio carretero a favor del Estado de México, que él mismo interpuso contra el gobierno federal cuando era gobernador.

Una historia cuya legalidad ha sido puesta en duda y ha motivado que la organización civil Ahora presentara una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por un presunto desvío de 4 mil millones de pesos del gobierno federal hacia la campaña del candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, Alfredo del Mazo, quien supuestamente participó en dicha trama cuando era director de Banobras.

El caso cobró relevancia luego de que el origen y destino de mil 600 millones de pesos aparecidos en los estados financieros del SAASCAEM (entidad encargada de supervisar las autopistas y aeropuertos en el Estado de México), pusiera en evidencia la existencia de una transacción secreta de poco más de 3 mil 500 millones de pesos en la que el Estado de México cobró como supuesta compensación por el "derecho de vía" para la construcción de la autopista Chamapa–Lechería.

Una transacción que no figura explícitamente en los registros contables del Estado de México y el gobierno federal, lo cual podría tratarse de un caso de desvío e inyección de recursos ilegales para las campañas electorales en la entidad mexiquense, según consta en la denuncia presentada por Ahora ante el INE el pasado 15 de mayo.

"Las circunstancias mediante la triangulación del Estado de México de más de 4 mil millones de pesos, constituyen un hecho cuya gravedad pondría en juego el proceso electoral en su conjunto, por lo que es indispensable que la autoridad electoral utilice a su vez los mecanismos de investigación provistos en la legislación, y ordene auditorías especiales que le permitan detener y sancionar a los responsables", señala la organización civil en el documento presentado ante las autoridades electorales.

LA TRANSACCIÓN QUE SE REMONTA AL RESCATE CARRETERO

En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno federal firmó un convenio con el gobierno del Estado de México para pagar 50 mil millones de viejos pesos (50 millones de pesos actuales) por indemnizaciones por la "liberación de vía" a los afectados por la construcción de la carretera Chamapa-Lechería, que sería concesionada a una empresa privada. En dicho convenio, el gobierno federal se comprometió a otorgar la concesión de la carretera al Estado de México por un plazo de 20 años, una vez finalizada la concesión otorgada a la empresa privada Promotora y Administradora de Carreteras S.A. de C.V.

En 1997, durante la administración de Ernesto Zedillo, en medio de la crisis que provocó el rescate carretero, el gobierno federal emitió un decreto por el que se declaran de interés público una veintena de concesiones carreteras, incluyendo la vía Chamapa-Lechería. Este señala que las carreteras rescatadas a partir de ese momento pasarían a formar parte del patrimonio de la nación y serían administradas por el gobierno federal. Entre las condiciones, se especificaba que el importe de las indemnizaciones correspondería exclusivamente a la deuda bancaria más las cuentas por cobrar de los proyectos, sin considerar pago alguno por concepto de capital.

En el artículo 4, fracción II del decreto emitido por Zedillo, se especifica lo siguiente: "En ningún caso se considerará el capital de riesgo aportado directa o indirectamente a los proyectos. Queda incluido dentro del capital de riesgo, el valor real actual de los bienes, equipo e instalaciones destinados directa o indirectamente a la materia de la concesión que corresponda y que pasen a ser propiedad de la Nación conforme a la presente declaratoria".

Asimismo, el decreto también facultó a Banobras como el ente encargado de administrar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para operar las concesiones rescatadas por el gobierno federal y realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes que serían determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Una década después, en 2007, el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, a través del entonces secretario de Comunicaciones estatal, Gerardo Ruíz Esparza, solicitó al gobierno federal 50 millones de pesos invertidos por el gobierno mexiquense en 1992 para la construcción de la carretera Chamapa-Lechería. A partir de entonces, el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entablaron una serie de reuniones para negociar dicho pago.

En 2009, el gobierno de Peña, a través de Ruíz Esparza, solicitó de nueva cuenta a la SCT el pago de los 50 millones invertidos originalmente, más un 10% de interés anual por encima de la inflación, es decir, que el gobierno del Estado de México pretendió cobrarle al gobierno federal 3 mil 671 millones de pesos, según consta en el oficio 211A00000/088/2009 firmado por Ruíz Esparza y dirigido al entonces coordinador de asesores de la SCT, Mony de Swaan.

Edomex

Es decir, parecen ignorar que 12 años antes el gobierno federal había establecido un decreto de rescate carretero", señala Ahora en su queja.

Sin embargo, la solicitud del gobierno del Estado de México no prosperó ante algunos obstáculos legales, entre los que destacan: 1) cualquier inconformidad con el decreto del rescate carretero debió ser reclamada ante los tribunales correspondientes a más tardar en 2007, pues conforme a la norma vigente, cumplidos 10 años de su publicación, habría prescrito cualquier reclamo o inconformidad; 2) el decreto de rescate financiero constituye un obstáculo para el cumplimiento del convenio de 1992, en los términos originalmente pactados.

Ante la negativa del gobierno federal, la administración de Peña en el Estado de México emprendió un juicio contra la SCT ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal. En 2011, la Sala Superior devolvió a una sala regional para reponer todo el procedimiento, al considerar que Banobras debía comparecer en el litigio al ser el ente encargado de administrar los recursos del fideicomiso del rescate carretero.

Pero dichos impedimentos legales ya no fueron obstáculo una vez que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República.

EPN RESUELVE SU PROPIA QUEJA MILLONARIA

Una vez instalado en Los Pinos y con Ruíz Esparza convertido en titular de la SCT, el presidente Enrique Peña Nieto falló a favor de la querella que su gobierno había interpuesto años atrás.

De este modo, el gobierno de Peña —con la anuencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el entonces titular de Banobras, Alfredo del Mazo— aprobó realizar una transacción por 3 mil 566 millones de pesos al gobierno del Estado de México. Un monto 11 veces superior a los 50 millones de viejos pesos pactados en aquel viejo convenio de 1992 (equivalentes a 320 millones de pesos actuales, según el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones), cuya vigencia y legalidad ha sido puesta en duda tras el decreto del rescate carretero.

Esta exigencia añeja y que no prosperó en su momento por carecer de fundamento legal, fue ágilmente atendida por el gobierno federal en 2013, cuando estos mismos personajes ya eran presidente de la República y titular de SCT, respectivamente. Resultan entonces beneficiarios de su propio acto doloso", señaló Ahora en un comunicado.

Dicha transacción secreta se concretó en 2013, mediante un "Convenio de Transacción Judicial" firmado entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de México encabezado por Eruviel Ávila, tal como lo reconoció el mandatario mexiquense en una carta al periódico Reforma, publicada el 11 de mayo pasado, de lo cual también se da cuenta en una misiva enviada a la periodista Carmen Aristegui. Un par de días antes, el 9 de mayo, el gobierno de Ávila señaló que el monto total de la operación sería de 3 mil 566 millones de pesos, según una tarjeta informativa enviada al sitio Eje Central.

El gobierno de Ávila tuvo que aclarar el hecho, luego de que el abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, acusó la inexplicable aparición y desaparición de 1,600 millones de pesos de una cuenta de cheques del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), según documentos financieros del ente estatal fechados en 2016. Dinero que, según Díez Gargari, podrían haber sido utilizados por el PRI para financiar la campaña del candidato del PRI, Alfredo del Mazo.

De este modo, el gobernador señaló que los mil 600 millones de pesos de la cuenta de SAASCAEM representaron el cuarto de cinco pagos realizados por el gobierno federal al Estado de México por la liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería, de los cuales todavía restan por cobrar 500 millones de pesos.

Especial
Carta enviada por el Estado de México a la periodista Carmen Aristegui.

Pero a pesar de representar montos importantes para las finanzas públicas, la transacción secreta del gobierno de Peña a la administración de Ávila no aparece en los registros de la Cuenta Pública del Estado de México de los años 2014, 2015 y 2016, ni en los estados financieros del gobierno mexiquense. Tampoco aparece en los registros de Banobras y apenas se hace una "referencia vaga" en los estados financieros de la SCT, de acuerdo con la denuncia interpuesta por Ahora.

Se trata en realidad de una operación encubierta en la que un mismo grupo político desvía fondos públicos de modo ilegal, exactamente al inicio de las campañas electorales", señala Ahora.

"Alfredo del Mazo en su calidad de contendiente al gobierno del Estado de México, con la complicidad de Eruviel Ávila, Luis Videgaray y Gerardo Ruíz Esparza, pretende beneficiarse de su propio dolo cuando en el Estado de México se utilizan mecanismos de dispersión con dinero en efectivo proveniente del erario, se condicionan programas sociales a través de tarjetas de débito, mediante la cual se estaría pagando la estructura electoral del PRI y violando flagrantemente la normatividad electoral", añade Ahora en su queja, en la cual pide al INE tomar cartas en el asunto.

LA DEUDA DEL EDOMEX CRECE 10% EN AÑO ELECTORAL

Pese haber obtenido millonarios ingresos extraordinarios en lo que va del sexenio por la transacción secreta, la deuda pública del Estado de México se ha incrementado de manera notable en lo que va de 2017, año electoral en el que se han entregado más de 500 millones de pesos en programas sociales y fuertes cuestionamientos sobre la compra y coacción del voto.

Durante los primeros tres meses de 2017, periodo que coincide con las precampañas electorales, el gobierno del Estado de México aumentó su deuda en 3 mil 748 millones de pesos.

De acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda estatal del Estado de México creció 10% en lo que va de 2017, al pasar de 36 mil 836 millones de pesos al cierre de 2016, a 40 mil 585 millones correspondientes al trimestre enero-marzo de este año.

La deuda se incrementó, entre otros rubros, a partir de un préstamo de 2 mil 500 millones de pesos otorgados por Banorte.

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