MÉXICO

Leyes para criminalizar la protesta, una tendencia en México y América Latina

De acuerdo con un estudio reciente, la creación de leyes más restrictivas para realizar manifestaciones ponen en riesgo el ejercicio de los derechos civiles en la región.

06/03/2017 3:40 PM CST | Actualizado 06/03/2017 4:39 PM CST
Rodrigo Abad, CELS

Una serie de leyes que buscan criminalizar las protestas y manifestaciones pacíficas, se ha convertido en una tendencia que vulnera los derechos civiles y democráticos en la región en México y América Latina.

Así lo concluye un estudio reciente titulado Los Estados Latinoamericanos frente a la protesta social, coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales con sede en Argentina, en el cual se detalla la manera en que la respuesta estatal violenta, la criminalización de activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela.

"Estas nuevas normas, resoluciones y decisiones judiciales se caracterizan por imponer más restricciones burocráticas y administrativas, como la obligatoriedad del aviso previo, por crear nuevos tipos penales y aumentar las penas de los ya existentes. Además, en los casos más extremos, habilitan la intervención de las fuerzas armadas y suspenden la vigencia de las garantías judiciales en nombre de la protección del orden público", señala el documento.

Guerra contra el narco "perfeccionó" letalidad de fuerzas armadas

El informe, señala que Brasil y México son dos casos paradigmáticos de esta situación. En 2013, cuando las protestas masivas tomaron las calles de las principales ciudades brasileñas, se presentaron más de una docena de iniciativas legislativas en el Congreso Nacional y en las legislaturas de los estados y municipios. Algo similar ocurrió en México cuando, ante la gran cantidad de manifestaciones ocurridas luego de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa en 2014, numerosas leyes locales y federales apuntaron a controlar la protesta.

"En México existe una ola creciente de intentos de regular las manifestaciones y protestas, acompañada de una regulación permisiva del uso arbitrario de la fuerza. En un breve periodo de tiempo las autoridades ejecutivas y legislativas aprobaron leyes o enviaron proyectos de ley con marcos normativos que pretenden restringir, sancionar o limitar derechos", señala el informe.

México está entre los 10 países más volátiles de 2017

"En este sentido, en los últimos dos años las autoridades mexicanas han presentado 17 iniciativas locales y federales que regulan las manifestaciones", añade el texto.

Como un ejemplo de estas iniciativas, el informe cita el caso de la Ley sobre Uso de la Fuerza del Estado de Puebla y la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, que utiliza el concepto de las manifestaciones "perfectamente lícitas". De este modo, en entidades como la Ciudad de México y Veracruz, leyes locales recientes obligan a avisar a las autoridades, sin considerar la posibilidad de que haya manifestaciones espontáneas

El impacto más grave de estas normas es que habilitan, por la vía legal o por la administrativa, la intervención estatal represiva cuando las manifestaciones no cumplen con los criterios establecidos. En algunas normas e iniciativas de ley esto ocurre de manera explícita, porque se habilita a reprimir; en otras, ocurre de forma indirecta para justificar la represión", señala el texto.

Entre los principales problemas de dichas leyes antiprotestas en el caso de México, el estudio resalta los siguientes:

1) Restringen las manifestaciones: impiden utilizar ciertas vías de circulación o permiten ocupar únicamente la mitad de los carriles.

2) Establecen la necesidad de avisar a las autoridades sin considerar la existencia de manifestaciones espontáneas. En ocasiones el aviso implica una serie de requisitos desproporcionados. Además, esto genera un efecto inhibitorio en las personas que no saben qué puede sucederles si participan en manifestaciones espontáneas.

3) Otorgan facultades amplias e imprecisas a las autoridades encargadas de la seguridad para que hagan uso de la fuerza pública e incluso disuelvan manifestaciones bajo la justificación de asegurar supuestos como "tranquilidad, seguridad ciudadana, orden y paz pública" que por su vaguedad pueden ser interpretados y utilizados de manera arbitraria.

4) Imponen sanciones administrativas por alterar el orden, cruzar intempestivamente la vía pública, realizar acciones u omisiones que lesionen el orden o la moral pública, entre otras.

5) Clasifican las manifestaciones como lícitas e ilícitas o violentas y pacíficas y se permite la disolución de manifestaciones enteras en lugar de actuar de manera específica en los casos en los que pudiera ocurrir algún incidente.

6) En algunos casos, son poco claras sobre la utilización de armas "no letales" en los operativos y permiten su uso arbitrario.

Sin embargo, México no es el único país donde se han endurecido las leyes antiprotesta, ya que prácticamente en toda América Latina este tipo de legislación se ha convertido en una constante.

La realidad común a los países latinoamericanos es que los Estados suelen responder utilizando la fuerza para contener y controlar las manifestaciones. Así lo muestra el análisis de las tendencias regionales en los últimos años", señala el documento.

Paulo Whitaker / Reuters

Algunos aspectos de esta situación en otros países de la región son los siguientes:

ARGENTINA

En los últimos doce años, el gobierno argentino había sostenido un principio de no represión que privilegiaba la negociación política para desactivar los conflictos. Sin embargo, en años recientes se tomó la decisión política de regular el uso de la fuerza policial en las manifestaciones, como respuesta a graves episodios de muertos y heridos que marcaron la historia reciente del país. La materialización más avanzada de este modelo fue la Resolución 210/11 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que incluye principios para la producción de protocolos de actuación policial, entre ellos la prohibición de que los efectivos policiales que intervienen en operativos por protestas porten armas de fuego con munición letal.

BRASIL

El Ministerio de Justicia y las secretarías de Seguridad de los estados de San Pablo y Río de Janeiro decidieron, luego de las protestas masivas de 2013, impulsar el aumento de las penas para delitos como incendio, daños al patrimonio y lesiones corporales durante manifestaciones o cuando las víctimas sean policías militares. Esta reacción estatal ignoró las evidencias del funcionamiento arbitrario e ilegal del Poder Judicial contra los manifestantes y buscó ampliar aún más sus facultades, según destaca el informe.

COLOMBIA

En Colombia se tipificó ese delito con la "Ley de Seguridad Ciudadana" en 2011; en septiembre de 2013, el ministro de Defensa colombiano presentó un proyecto de ley para ampliar estos tipos penales.El recién aprobado Código Nacional de Policía establece la obligación de notificación previa de fecha, hora y recorrido de la movilización por escrito, suscrita por lo menos por tres personas. También En Colombia, el recién aprobado Código Nacional de Policía establece la obligación de notificación previa de fecha, hora y recorrido de la movilización por escrito, suscrita por lo menos por tres personas.

CHILE

Durante 2011, Chile estuvo marcado por protestas contra de un modelo educativo diseñado durante la dictadura militar (1973-1990) y mantenido por los gobiernos democráticos. El gobierno de Sebastián Piñera prohibió las manifestaciones y cercenó el derecho de reunión. Con estas decisiones se justificaron el uso de la fuerza policial, las detenciones masivas, la represión con equipos antidisturbios y elementos químicos y la violencia contra los detenidos. Según el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sólo el 4 de agosto de 2011, cuando hubo dos manifestaciones no autorizadas en Santiago, hubo 308 personas detenidas. Para deslegitimar las demandas, las autoridades nacionales acusaron a los dirigentes estudiantiles de quebrantar el orden público y promover la violencia.

PARAGUAY

En Paraguay, una reforma legislativa de 2013 permitió que el presidente de la República emplee a las Fuerzas Armadas en "casos de amenazas o acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones constitucionales y legales", una descripción abstracta que podría habilitar su aplicación en protestas. El caso de Paraguay muestra cómo se logró tipificar una conducta que podría considerarse un delito menor o una simple infracción administrativa, como el corte de una vía, bajo el paraguas del delito de "terrorismo", con una pena prevista de hasta 30 años de prisión.

PERÚ

La Constitución Política del Perú señala que las reuniones en plazas y vías públicas "exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas". No establece una autorización administrativa sino un aviso previo para el ejercicio de la libertad de reunión. Sin embargo, una Resolución Directoral del Ministerio del Interior obliga a realizar un trámite gratuito denominado "solicitud de garantías" con una anticipación mínima de tres días. Los interesados deben comunicar por escrito la identidad y domicilio personal de los convocantes, la fecha, la hora, la ruta de la concentración y el cálculo de la cantidad de participantes y fundamentar el motivo de la concentración.

VENEZUELA

En Venezuela la criminalización de la protesta ha alcanzado niveles preocupantes con el uso de la justicia militar para penalizar a manifestantes. Desde 2012, la jurisdicción militar se comenzó a emplear para encarcelar a indígenas y sindicalistas movilizados en defensa de derechos que participaron de acciones de protesta cerca de recintos militares, empresas del Estado o entes públicos considerados como zonas de seguridad. Con frecuencia, también se usan las instalaciones militares para privar de libertad a personas detenidas durante manifestaciones.

::.