MÉXICO
20/02/2017 5:00 AM CST | Actualizado 20/02/2017 10:24 AM CST

Activistas acusan "chantaje" de los militares hacia los poderes civiles

Académicos y organizaciones sostienen que la presión de la Sedena y la Marina en la redacción de la Ley de Seguridad Interior representa un peligro para los derechos civiles pese a evidencia de que militarización detonó la violencia en México.

Sedena

Activistas y organizaciones civiles cuestionaron la manera en que el Ejército ha realizado una labor política y ejercido su influencia sobre los poderes civiles para aprobar la Ley de Seguridad Interior que otorgaría facultades a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, a pesar de que un informe reciente del Senado señala que la "guerra contra el narco" y la militarización del país detonó los niveles de violencia que padece México.

"La militarización que se pretende avalar con la Ley de Seguridad Interior ya la conocemos, llevamos 10 años viviéndola, y los resultados están documentados. Toda la información que tenemos, las bases de datos, los informes, análisis de organismos internacionales, la academia, del propio Instituto Belisario Domínguez del Senado, lo que nos dice es que hay fuertes señales de alarma", señaló Alejandro Madrazo, coordinador del Programa de Política de Drogas del CIDE, durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada.

Esta información parece no estar siendo tomada en cuenta por los legisladores. Nuestra exigencia es que legislen con base en evidencia, no con base en ocurrencias o la conveniencia política en año electoral. La evidencia es mucha y es contundente".Alejandro Madrazo, CIDE

De acuerdo con organizaciones civiles, académicos y activistas críticos de la Ley de Seguridad Interior, cuya discusión de pospuso en el Congreso, la manera en que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el titular de la secretaría de Marina, Vidal Soberón, se reunieron en las instalaciones de la Sedena con los legisladores encargados de redactar dicha ley, muestra una participación política inédita de las fuerzas armadas en la historia reciente de México.

Estamos en un escenario donde las fuerzas armadas no comparecen ante el Congreso, no deliberan en el recinto que tiene la vocación de ser el recinto de la discusión democrática, sino que están en la posición de fuerza para citar en sus instalaciones a diputados y diputadas a quienes hacen entrar sin celulares y asesores para plantearles sus exigencias de la ley y desde ahí no plantear un proceso democrático", señala Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.

Una visión que concuerda con las críticas de Denise Dresser, politóloga por el ITAM, quien sostiene que "se está revirtiendo la tendencia del control civil por los mandos militares, en una coyuntura en la cual los mandos militares han cobrado fuerza en términos presupuestales y libertad de acción, en términos de aislarse en la rendición de cuentas y actuar extralegalmente".

El general Cienfuegos, agrega Dresser, "básicamente amenazó al poder civil. Dijo que si no le daban la protección constitucional de la Ley de Seguridad Interior, el Ejército regresaría a los cuarteles, lo cual es un chantaje. Creo que habría que llamarlo por su nombre. Y ante ello, lo único que vimos fue que se adelantó la Ley de Seguridad Interior en lugar de cuestionarse el comportamiento del general, que colocó al poder civil de espaldas contra la pared. Entonces uno se pregunta, quién está realmente gobernando aquí".

Las declaraciones de Cienfuegos se dieron en diciembre pasado, cuando convocó a una conferencia de prensa a unos días de que se cumplieran 10 años de la llamada "guerra contra el narco", para señalar que ante la falta de un marco legal para realizar labores de seguridad pública, ahora los soldados y marinos ya lo piensan antes de ir a un operativo, porque les sale más barato ser juzgados por desobediencia que por violar derechos humanos.

"El secretario de la Defensa ya dijo, que de no haber esta modificación, anticipa posible sublevación en la tropa, nunca habíamos escuchado en la vida institucional del país. Esa sola aseveración tuviera que haber sido suficiente para que lo cesara el comandante de las Fuerzas Armadas, cosa que no ha sucedido. No se puede amenazar al poder civil, o menos al legislativo, de decir: o se legisla de esta manera o la tropa ya no va a funcionar como ha venido funcionando. Una aseveración que nos preocupa sumamente porque parece ser el cohete que está moviendo el poder legislativo", apunta Francisco Torres Landa, secretario de la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Ley de Seguridad Interior contradice recomendaciones internacionales

Gobierno impulsa Ley de Seguridad Interior pese a evidencia y recomendaciones

De acuerdo con José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desgaste de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en los términos en que está redactada, puede generar un proceso de desgaste en la legitimidad de las fuerzas armadas aún mayor si se mantienen otra década realizando labores de seguridad pública.

"Este proceso legislativo no puede ser una herramienta para que las fuerzas armadas tengan una ley a partir de la cual se garantice la impunidad y las violaciones a derechos humanos. Las iniciativas de Seguridad Interior que actualmente se discuten en el Congreso tienen serios mensajes de que esto es muy probable que suceda", señala Guevara.

Si este camino sigue, en 10 años que se sigan acumulando los abusos, el desprestigio que va a tener la institución armada va a ser inmajenable para ellos". José Antonio Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Sin embargo, algunos politólogos como Maria Amparo Casar, del CIDE, han sostenido la necesidad de regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

"El gobierno tiene que escuchar a los expertos y los ciudadanos que han vivido esa violencia, pero en principio, es importante que se pase esa iniciativa de seguridad pero con cuidado, porque si no definimos qué es seguridad pública y seguridad interior vamos a tener problemas", respondió la académica a pregunta del Huffington Post.

LA EVIDENCIA SOBRE LA MILITARIZACIÓN RECABADA POR EL SENADO

El Senado de la República, a través de un informe redactado por el Instituto Belisario Domínguez titulado Seguridad interior: elementos para el debate, sostiene que, lejos de mejorar los índices de violencia en el país, la llamada guerra contra el narcotráfico provocó un incremento de la violencia en México.

IBD

"Desde finales del siglo pasado, los homicidios en México seguían una tendencia descendente, llegando a niveles mínimos históricos en la década pasada. Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006 pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales). Fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a nivel nacional, llegando a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su nivel (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes", señala el documento del Senado.

Los datos oficiales disponibles indican que la estrategia de desplegar operativos permanentes, sin objetivos precisos y plazos acotados, no redujo la violencia existente en el país (la cual se encontraba en niveles mínimos históricos salvo en el caso excepcional de Michoacán). Todo lo contrario, fue esta estrategia la que detonó una posterior ola de violencia", añade el informe del Senado.

Esto sin contar con un incremento paralelo en casos documentados de violaciones a los derechos humanos, ya que "la crisis de seguridad en México, en el marco del 'combate frontal al narcotráfico', también se ha expresado en aumento de violaciones graves a derechos humanos".

IBD

El informe del Senado advierte que las medidas impulsadas dentro de los proyectos de Ley de Seguridad Interior, "son parte de la expansión de un régimen de restricción de derechos, establecido en la Constitución (art. 16) para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada", por lo cual, "las iniciativas de Ley de Seguridad Interior parecen incurrir en algunos problemas de constitucionalidad importantes que requieren ser analizados y discutidos antes de ser aprobadas".

Los conceptos ofrecidos en las iniciativas para describir afectaciones y amenazas a la seguridad interior son ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad", señala el informe del Senado.

A fines del siglo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creó un marco jurisprudencial que le dio sustento a la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. Este marco derivó de lo resuelto por la Corte el 5 de marzo de 1996.

Sin embargo, la Constitución mexicana en su artículo 21 asigna específicamente las tareas de seguridad pública "a las policías y los ministerios públicos, autoridades de carácter civil que están subordinadas a las autoridades electas y que, en principio, se forman profesionalmente para dichas tareas. De esto se deriva que la seguridad pública corresponda al derecho penal, con excepción de los delitos contra la disciplina militar".

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