MÉXICO

AMLO insiste: "Si Peña no demanda a Trump ante la ONU, lo haré yo". El asunto difícilmente prosperaría

Jurídicamente, el gobierno de EU está blindado por todos lados para lo que el líder de Morena pide a EPN hacer. The Huffington Post investigó cuáles serían las rutas a seguir.

17/02/2017 1:00 PM CST | Actualizado 17/02/2017 4:37 PM CST
Henry Romero / Reuters
Andres Manuel Lopez Obrador, leader of the National Regeneration Movement (MORENA) party, gives a speech to supporters in Tlapanoloya, Mexico, January 25, 2017. REUTERS/Henry Romero

El 27 de enero pasado, Andrés Manuel ‏López Obrador, aspirante presidencial del Morena, planteó la exigencia de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, denunciara a Donald Trump ante la ONU por violación a los derechos humanos.

El planteamiento fue retomado el domingo pasado durante una visita de López Obrador a California, Estados Unidos, donde dijo que su partido demandará a Trump ante la ONU si Peña no lo hace.

Pero ¿es o no posible denunciar al presidente de Estados Unidos ante dicha Organización por la construcción del muro argumentando violación a derechos humanos?

The Huffington Post buscó responder la pregunta.

El doctor Guillermo Estrada(*), es contundente y dice "en principio, no es posible, además hay que entender que, cuando estamos hablando de la ONU, estamos hablando de algo inmenso" y concluye que sería un desgaste diplomático innecesario para México.

Mientras que el doctor Jaime Cárdenas (**) señala que el Gobierno mexicano debe estudiar todos los caminos posibles, analizar dónde Estados Unidos ha aceptado competencia y "entrar por ahí" por una cuestión de "dignidad y soberanía."

Veamos cuáles son los caminos.

"Existen órganos de Naciones Unidas que podrían atender una denuncia de este tipo, pero no es posible llegar por un órgano judicial, porque Estados Unidos está blindado y no ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte (Internacional de Justicia)", explica Estrada.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU.

"Los estados, según los estatus de la Corte, pueden aceptar la competencia. Vamos a suponer que México denuncia a Estados Unidos ante la Corte y éste acepta la competencia. EU habría aceptado la competencia bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como lo hizo en el Caso Avena en 2004, donde México le ganó, pero EU retiró después la aceptación de la competencia.

"No está obligado a aceptar la competencia ni ratificar tratados o acuerdos, es totalmente voluntario", zanja el investigador.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. Fue adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena (Austria) y entró en vigor el 24 de abril de 1964.

Cerrada esta ruta, explica Estrada, se puede recurrir al sistema no-jurisdiccional de protección de los derechos humanos, es decir mecanismos cuasi jurisdiccionales, que no son cortes, los cuales están facultados para recibir y examinar denuncias y demandas de los particulares.

"Pueden ser comités de Naciones Unidas, como el de Derechos Humanos, por ejemplo.

"Pensaríamos que la construcción del muro o la orden ejecutiva en migración o la expulsión de refugiados podrían tener entrada en estos comités por violación a derechos humanos, uno podría suponer que esa es una opción, pero tampoco lo es, porque EU también debe aceptar la competencia de los comités.

"EU tiene reservado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos Humanos, establecido en el pacto, es el que le otorga competencia para aceptar casos individuales y Estados Unidos no lo tiene aceptado."

Agotar instancias internas

Por otra parte, refiere Estrada, los diversos comités de Naciones Unidas exigen que primero se agoten las instancias internas, es decir, que en Estados Unidos se inicie un proceso y una vez que se agote, entonces sí acudir a los comités, lo cual es un proceso que "toma años".

"No es el Comité el que denuncia, es una persona la que denuncia que se le violó ese derecho. No es el Estado el que busca llevar a juicio a Estados Unidos, sino un ciudadano. Y aunque la denuncia llegue, Estados Unidos tampoco tiene la obligación de aceptarla."

Otras rutas son promover demandas individuales ante un Comité o por demanda interestatal, pero Estados Unidos también la tiene bloqueada esta última.

Las demandas individuales son las presentadas por un individuo, un grupo de individuos o una organización no gubernamental que estima que sus derechos han sido violados y las demandas interestatales son las interpuestas por un Estado contra otro Estado.

Estrada explica también que México actualmente no forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, donde también se podría tratar el asunto, pero al no ser miembro en este momento, podría meter el tema a discusión a través de un Estado amigo, como Bolivia, y argumentar que el muro es un amenaza para la paz.

El Consejo está conformado por 15 naciones, cinco miembros permanentes con derecho de veto —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China— y 10 miembros no permanentes.

"Pero para que pase una resolución en el Consejo de Seguridad, que es un órgano político no jurisdiccional, debe llevar el voto de Estados Unidos a favor, además de que Estados Unidos también vetaría la resolución y es un desgate innecesario porque jurídicamente lo va a bloquear", explica el experto.

¿Y si se lleva ante la Asamblea General?

Para que la Asamblea General de la ONU dé una resolución condenatoria por el muro, México tiene que desplegar un gran trabajo de negociación para que al menos la mitad de ellos vote a favor, al menos 130, en el periodo ordinario que va de septiembre octubre, y –otra vez—Estados Unidos no está obligado a aceptarla aunque la resolución sea condenatoria, ahonda el catedrático.

"Lo que sucede entonces es que se emiten recomendaciones, pero, para eso, México ya se habrá desgastado para conseguir el voto.

"México puede conseguir que la Asamblea General le pregunte a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal cual '¿diga si el muro que pretende construir EU es contrario o no al derecho internacional?', los cual se llama opiniones consultivas. Pero esto debe primero discutirse en la Asamblea antes de llegar a la Corte; al llegar ahí, la CIJ se va entretener al menos un par de años. Y una vez que la Corte decida resolver, es sólo una opinión."

El especialista concluye que por más que el caso quisiera llevarse ante la ONU, jurídicamente es una absurdo sabiendo que EU está blindado por todos lados.

Bajo el alegato de que vulneran la dignidad de millones de personas

"Desde luego que el Gobierno mexicano y sectores de la sociedad civil, o en lo individual, pueden denunciar a Trump. Hay varias convenciones, convenciones sobre derechos de los trabajadores migrantes, estatus de refugiados", dice Jaime Cárdenas.

Uno de estos es la Declaración y Programa de Acción de Durban surgido a partir de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia de 2001.

"Se reformuló (la conferencia) en 2009 y 2011 y se aprobó tanta la declaración como un programa de acción, entonces vemos que hay fundamentos y elementos en tratados y conferencias internacionales para plantear una denuncia a Trump y contra Trump recogidos desde la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.

"Bajo ésta, se podría argumentar que se vulnera la dignidad de millones de personas tanto con el muro como con las deportaciones masivas".

El muro, explica el especialista, violenta el derecho humano a la movilidad, el tránsito, vulnera el derecho de los migrantes en Estados Unidos, "muchos de ellos son indígenas, con lo cual se viola el Convenio 169 de la OIT".

"Se podría preparar una muy buena argumentación por parte de los expertos del Gobierno, de la Cancillería, de ong, partidos políticos, todos podrían promover la demanda ante el Comité de Derechos Humanos.

"Es lo mínimo que puede hacer el Gobierno mexicano en rechazo a la política antinmigrante de Trump. Preparar un escrito, argumentarlo bien, llevarlo ante el Comité de Derechos Humanos".

Cárdenas señala que, seguramente, el gobierno estadounidense va a rechazar la competencia, "porque no ha ratificado muchos tratados o convenios internacionales, pero se podría plantear de cualquier manera, hasta de manera simbólica."

¿La denuncia podría proceder jurídicamente?

"La Corte Penal Internacional conoce de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y podría también buscarse algún argumento por parte del Gobierno mexicano para denunciar a Trump ante la Corte, en Washington, en la OEA, pero el gobierno estadounidense nunca la ha querido ratificar la competencia de la Corte".

Para el también investigador de Conacyt, el Gobierno mexicano debe estudiar todos los caminos posibles, estudiar dónde Estados Unidos ha aceptado competencia y "entrar por ahí".

"Sí, tardan muchos años, pero para el Gobierno de Peña, que los consideramos un apéndice del gobierno de Estados Unidos, sería un gesto muy importante, y no engañar a la ciudadanía, decir 'hay estas posibilidades jurídicas, tardan tanto', y no ser omisos y no intentar las vías jurídicas que correspondan."

Cárdenas señala que existen otras vías a través de las cortes norteamericanas, "es cuestión de buscar una vía legal en Estados Unidos".

Cárdenas menciona entonces el procedimiento que en México se llama de interdicción y que está relacionado con pruebas periciales psiquiátricas.

"En México dura entre 3 y 6 meses. Me imagino que en el derecho norteamericano debe haber algo similar, y sería algo muy importante. La prueba fundamental ahí es una prueba científica, tomando en cuenta lo que Trump hace, los tuits que envía, sus reacciones.

"Imagina el golpe mediático en EU de que, con los elementos que hay, con la opinión de un grupo de expertos, que planteen la interdicción de Trump , el quedaría arrinconado y tendría que aceptar las pruebas para demostrar que no está loco."

El investigador explica que declarar a Trump intedicto sería la base para un impeachment en el Congreso de Estados Unidos.

Pero para el también catedrático de la UNAM es claro que por parte del Gobierno mexicano debe haber toda una estrategia legal, usando las vías internacionales, las jurídicas del gobierno norteamericano y atacar varias vías a la vez. Asimismo, señala, también se pueden emprender vías civiles, desde allá.

"Mexico sí debería iniciar esos procesos como un gesto simbólico, de independencia, de soberanía, no somos apéndice de EU, es un acto a la dignidad humana. Si no lo hace el gobierno mexicano, tendrán que hacerlo ong, un partido...

"Hay muchas vías que se pueden usar, y que el gobierno mexicano na ha usado, porque está aterrorizado. Y sometido al gobierno de Estados Unidos", concluye.

Los consultados

*Dr. Guillermo Estrada, es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, ha realizado estudios doctorales en la Universidad del Insubria y en la Universidad Estatal de Milán. Desde 2005 es profesor de tiempo completo en el área de Derecho Internacional, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor titular en El Colegio de México, en el Centro de Estudios Internacionales, en las asignaturas de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público.

**Dr. Jaime Cárdenas es investigador titular "B" de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador del Conacyt nivel III, Constituyente y uno de los principales asesores jurídicos de Andrés Manuel López Obrador. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown.

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