MÉXICO

Piden transparencia a dictamen de Ley de Seguridad Interior

Organizaciones civiles consideran que los diputados aprovechan el efecto Trump para aprobar una reforma que representa un "golpe a los derechos humanos".

14/02/2017 5:20 PM CST | Actualizado 15/02/2017 8:11 AM CST
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Organizaciones civiles de derechos humanos y temas de seguridad pública, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para transparentar el proceso de dictaminación de la Ley de Seguridad Interior para impedir lo que prevén sea un albazo legislativo para dar más facultades a los militares y un "golpe a los derechos humanos".

"Quieren ir dosificando día a día para ver cuándo nos dormimos para lanzarnos esta bomba encima. Y tienen como distractores enormes eventos como los que están ahora al otro lado de la frontera, que pueden ser útiles para desviar la atención, pero aquí nos estamos jugando el futuro del país, no es una cuestión menor", dijo Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia.

Arranca proceso para dictaminar Ley de Seguridad Interior en San Lázaro

En conferencia de prensa, diversas organizaciones como MUCD, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, cuestionaron y exigieron la manera en que el proceso de la ley que busca legalizar la actuación de las fuerzas armadas sigue su curso sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía o las evidencias que aporta la academia.

En este sentido, Torres Landa señaló que a 10 años de ese "tipo de legitimación electoral muy poco exitosa de mandar al ejército a las calles" que ha sido la guerra contra el narco y a ocho años de la reforma del sistema penal acusatorio, la inseguridad en el país ha empeorado lejos de disminuir, contrario a las promesas que en su momento hicieron los políticos.

"Hemos tenido un enorme uso de presupuesto para invertir en balas, tanques, helicópteros artillados, etcétera, a un ritmo de crecimiento de tres dígitos en los últimos 10 años. Parece que hay un interés fenomenal de hacer uso de ese presupuesto a pesar de que los resultados son fatalmente miserables. ¿Dónde están parando todos esos recursos? ¿No habrá moches, comisiones y beneficios, licitaciones opacas?", cuestionó Torres Landa.

Seguridad interior o estrategia de cadáveres

"Nos parece que hay un enorme cúmulo de abusos porque ante una política que ha sido tan poco rentable, ninguna explicación sustentaría que sigamos en esa misma ruta de perdición y de nunlos resultados. No puedo dejar de hablar de esos malos resultados sin hablar también de la política prohibicionista en materia de drogas, que es en lo que en teoría sustenta este ataque visceral en contra de la delincuencia organizada. ¿No será mejor atacarlo con inteligencia, desarticulando sus fuentes financieras o eliminando la prohibición que tantos recursos les da? Pregunta que hemos hecho muchas veces y que el presidente simplemente se hace a un lado", agregó.

En el mismo tono, Tania Renault, directora de Amnistía Internacional, indicó que la iniciativa de ley que se discute actualmente en el recinto legislativo de San Lázaro no plantea ningún contrapeso real que obligue a las fuerzas armadas a rendir cuentas ante una serie de abusos graves como los que se han cometido en la última década.

Vemos con preocupación un sentido de irresponsabilidad por parte de los legisladores, que se intente dictaminar sin considerar el contexto de nuestro país".Tania Renault, Amnistía Internacional

"Es irresponsable no revisar las múltiples evidencias que existen sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Es preocupante que no se escuche, que no se dialogue con las mútiples y variadas recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH u otros mecanismos de Naciones Unidas. No vemos en ninguna de estas iniciativas verdaderos pesos y contrapesos", dijo.

"Sabemos que cuando el Ejército comete violaciones de derechos humanos hay un estado críptico en cuanto a la rendición de cuentas y la forma en que tendrían que hacerse visibles a las personas responsables", agregó Renault.

Por su parte, Edgar Cortés, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, indicó que un elemento fundamental de una democracia y un Estado de derecho es "la sujeción de las fuerzas armadas a las instancias civiles y hoy estamos en el proceso de invertir por completo esta ecuación".

"México ha recibido más de 30 recomendaciones específicas a este tema y el relator contra la tortura, de ejecuciones extrajudiciales, la CIDH, el Alto Comisionado, han recomendado que México inicie un proceso para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles, para que dejen de hacer labores de seguridad para las cuales no es una institución adecuada o pertinente", señaló.

En este sentido, las organizaciones lanzaron un sitio web denominado leygolpista.org en el que los ciudadanos pueden mandar correos electrónicos a los legisladores encargados de dictaminar dicha ley, como una forma de protesta ante la iniciativa que busca legalizar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

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