MÉXICO

Mientras corre 2017, 14 defensores de DH han sido asesinados

Dos de ellos en México, dos más en Guatemala, tres en Nicaragua y siete en Colombia. Alerta la CIDH sobre el alto riesgo.

10/02/2017 5:00 AM CST | Actualizado 10/02/2017 5:00 AM CST
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En lo que va de 2017, 14 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados.

Dos de ellos en México, dos más en Guatemala, tres en Nicaragua y siete en Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó en este sentido una "profunda preocupación" por el alto número de homicidios registrados en los primeros días de 2017 y reiteró su inquietud por las personas defensoras de los derechos a la tierra y a los recursos naturales, así como por las personas defensoras indígenas y afrodescendientes que continúan enfrentando "grandes riesgos de violencia."

En el caso mexicano, la CIDH destaca el asesinato de Isidro Baldenegro, el pasado el 15 de enero de 2017.

Baldenegro era un activista ambiental indígena que luchó contra la explotación forestal ilegal del bosque antiguo de la Sierra Madre Occidental en territorio tarahumara/rarámuri, en Chihuahua.

Baldenegro fue el cuarto activista en la comunidad de Coloradas de la Virgen en ser asesinado en los últimos 12 meses como represalia por la defensa de bosques y tierras ancestrales.

Fue asesinado en la vivienda de un familiar en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, donde había llegado sólo unos días atrás, precisamente a refugiarse, reportaron entonces medios locales.

Los antecedentes: El 29 de marzo de 2003, la Policía Judicial del Estado detuvo a Isidro Baldenegro y a Hermenegildo Rivas, acusados de poseer mariguana y armas de uso exclusivo del Ejército. La organización Amnistía Internacional los declaró entonces presos de conciencia por ser detenido 15 meses bajo falsos cargos. Permanecieron en prisión hasta junio de 2004, cuando fueron liberados por falta de pruebas.

En abril de 2005 recibió el Premio Goldman, el máximo galardón otorgado a defensores del medio ambiente y al aceptarlo demandó al gobierno mexicano atender las demandas de los indígenas, en lugar de criminalizar y detener campesinos.

Cabe mencionar que perdió la vida el mismo día en que se anunció que los ejidatarios del pueblo rarámuri de Baqueachi recuperarían su territorio ancestral tras una sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número cinco, en la se reconoce a la comunidad como dueña legítima y verdadera del territorio y restituyen los derechos del pueblo rarámuri.

El activista es el segundo ganador del premio ambientalista Goldman en ser asesinado en el espacio de un año, tras Berta Cáceres en marzo de 2016.

Adicionalmente, la Comisión destaca el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, un defensor de derechos humanos y ambientales que luego del homicidio de Baldenegro denunció la situación de violencia en la región a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Gobernación.

Ontiveros Ramos fue secuestrado y posteriormente asesinado tras participar días antes en reuniones oficiales para exigir protección a la comunidad.

Este homicidio se dio 15 días después del de Baldenegro, mismo que fue repudiado por el relator de personas defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst.

En su informe de cierre de misión de 24 de enero, Forst señaló:

Durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades."

Por tales motivos, el relator "llamó a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara."

La comunidad indígena de choréachi, ubicada en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, informó el 31 de enero de 2016 del secuestro y el 1 de febrero del asesinato de Ontiveros.

Días antes de ser asesinado --el 20 de enero--, el defensor y comisariado de policía de la comunidad se reunió con integrantes de Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario de la comunidad.

Las agresiones hacia la comunidad choréachi y la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada, son un problema sin resolver de mucho tiempo. Desde hace años, se había denunciado una situación de emergencia, cuando el 20 de febrero de 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la CIDH por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus familias, mismas que fueron otorgadas para preservar su vida y para que pudiesen realizar su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de violencia.

El territorio en la Sierra Tarahumara, y en el estado de Chihuahua, es el que tiene mayor número medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México. Red TDT.

Los siete homicidios en Colombia sobre los cuales la CIDH recibió información se dan en un contexto de aumento de amenazas y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, lo que la Comisión anteriormente condenó en un comunicado del 2 de noviembre de 2016.

En Guatemala, el 16 de enero fue asesinada Laura Leonor Vázquez Pineda, activista del movimiento pacífico de resistencia contra el proyecto minero de San Rafael, de acuerdo a la información disponible. Habría sido encontrada en su casa, muerta por disparos en la cabeza. Además, se informó que el 17 de enero fue asesinado Sebastián Alonso Juan, un hombre indígena defensor de los derechos de la tierra, en Huehuetenango, durante una protesta pacífica en contra de proyectos hidroeléctricos Pojom I y II.

En Nicaragua, tres miembros de la comunidad indígena miskitu habrían sido asesinados en lo que va del año. Como la Comisión resaltó, los miskitu están en una situación particular de riesgo al estar en medio de un conflicto por su territorio, en un contexto de falta de implementación por parte del Estado de reconocimiento oficial de la propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales.

La Comisión Interamericana reitera la obligación de los Estados de prevenir, a través de protocolos especializados, cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos y a garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción.

En su posicionamiento, la CIDH destaca que los Estados están obligados a llevar a cabo de manera inmediata investigaciones exhaustivas, imparciales y emprendidas con debida diligencia sobre los homicidios de Olmedo Pito García, Aldemar Parra García, Juan Mosquera, Moisés Mosquera, Emilsen Manyoma Mosquera, Joe Javier Rodallega, Yoryanis Isabel Bernal Varela, Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros Ramos, Laura Leonor Vásquez Pineda Sebastián Alonzo Juan, Bernicia Dixon Peralta, Feliciano Benlis Flores y Feliciano Benlis Dixon.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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