INTERNACIONAL

Trump quiere deportar a todos los inmigrantes indocumentados

La orden ejecutiva del presidente de EU no sólo va dirigida a quienes hayan cometido algún delito y que no estén legalmente en el país. La orden va contra todos los que 'ilegales'.

29/01/2017 6:00 AM CST | Actualizado 29/01/2017 6:00 AM CST
MARK RALSTON via Getty Images

Enterrada bajo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para arremeter en contra de las denominadas jurisdicciones "santuario" , se firmó el miércoles de la semana pasada la primera declaración oficial de su administración que indica cuáles inmigrantes indocumentados se clasificarán como prioridad para deportación.

La primera respuesta es: casi todos.

"La diseñaron de tal manera que incluye a todos los que quieran incluir", dijo el abogado de inmigración David Leopold a The Huffington Post. "La escribió un abogado astuto. Está hecha para incluir a todos, aunque parezca que es para perseguir criminales. Es una carta blanca para que la fuerza de deportación de Trump pueda señalar a quién le parezca".

En la plataforma de su campaña electoral Trump hablaba de acabar con la protección de los inmigrantes que llegaron jóvenes y que evadían fácilmente los esfuerzos de deportación. Una vez electo, pareció dar marcha atrás diciendo en su primera entrevista por televisión que se enfocaría en los criminales indocumentados, aunque la cifra que ofreció de estas personas era bastante exagerada,"probablemente 2 millones, o podrían ser 3 millones".

En declaraciones subsecuentes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, también señaló que la administración Trump se enfocaría en deportar a los criminales. Hasta la fecha, permanece en su lugar el DACA, el programa que protege a los inmigrantes indocumentados que llegaron como niños y les permite trabajar o estudiar legalmente.

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Pero la sección 5 de la orden ejecutiva sobre jurisdicciones santuario describe prioridades de ley que contradicen totalmente esas declaraciones y colocan a la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país en un riesgo mayor de ser deportados. Si la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) siguieran estos lineamientos, la agencia tendría que desechar por completo las políticas discrecionales de la era de Obama que fijaban su atención en deportar a personas con récords criminales.

El primer grupo de esta orden es cualquier inmigrante arrestado por cualquier crimen. Las categorías son tan amplias que incluiría a personas detenidas por violación al reglamento de tránsito y por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, un delito que ocho estados y el Distrito de Columbia ya legalizaron en los últimos años.

Este esquema sería mucho más amplio para los criterios con los que la ICE ha operado desde 2011.

"Se escribió para incluir a todos aunque parezca que sólo están persiguiendo criminales".Abpgado de inmigración David Leopold

Y se extiende para incluir a personas que "han sido acusadas de cualquier delito", o que "hayan cometido actos que puedan considerarse un delito criminal". La última categoría es tan amplia que cualquiera que hubiera trabajado ilegalmente en EU sería un presunto culpable, aunque tuviera un registro criminal impecable.

El lenguaje es tan vago que podría incluir a inmigrantes que vivan en EU con visas válidas y que los arresten por un delito menor, explica Leopold.

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Aquellos que "estén involucrados en un fraude o fraude doloso en relación a cualquier asunto oficial" también podrían entrar dentro de la categoría de presunto delito por trabajar sin autorización en este país, independientemente de que hubiera o no problemas con la ley.

Y como si estas categorías no fueran lo suficientemente amplias, el último apartado de la sección otorga a los oficiales de inmigración el poder para deportar a cualquiera que ellos consideren que "suponga un riesgo para la seguridad pública o nacional", sin ningún criterio para tomar esta decisión.

Estos cambios son más importantes que el muro fronterizo o que la amenaza para acabar con las jurisdicciones santuario, según expresa un antiguo director de la ICE, John Sandweg.

"Muchas de las cosas en ellas (órdenes ejecutivas) no van a implementarse sin la aprobación masiva del Congreso", Sandweg explicó al HuffPost. "Pero las que van a tener un impacto inmediato e increíblemente malo son las nuevas prioridades".

Cuando Sandweg trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional, dijo, recibían reportes de las jurisdicciones locales de aproximadamente 100 mil inmigrantes indocumentados detenidos por manejar sin licencia o por cuestiones parecidas de tránsito todo el año. La agencia adoptó sus políticas de criterio para evitar gastar todos sus recursos en personas que en general tenían historiales limpios, que podían tener hijos nacidos en EU y lazos de tiempo con el país.

Con las nuevas prioridades de Trump, estos cambios se harán a un lado.

"Se debilitará la seguridad pública", dice Sandweg. "Cuando conviertes en prioridad a todas esas personas, estás destinando todos tus recursos y haces más difícil enfocarte en las personas que representan una amenaza verdadera a la seguridad pública, criminales violentos o miembros de pandillas criminales... Tampoco motivas a los agentes para que hagan el trabajo difícil y encuentren las amenazas verdaderas en lugar de perseguir a los frutos que están más a la mano":

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La ICE distingue entre dos tipos de deportación: los que se realizan en la frontera y las deportaciones desde el interior del país. Las deportaciones en la frontera siempre han sido mayoría, y las administraciones de ambos partidos siempre han considerado que cualquiera que cruce ilegalmente la frontera es una prioridad para deportación, a menos de que la persona se encontrara huyendo, o acompañada de algún niño, o vulnerable de alguna forma.

Más de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante años, no eran considerados prioridad para deportación después de 2011 a menos de que tuvieran récords criminales serios o hubieran sido deportados anteriormente.

Randy Capps, director de investigación del Instituto de Políticas Migratorias, que es un grupo independiente, dijo que en la práctica, el objetivo de la ICE seguirá siendo la gente que de una u otra manera sea detenida por la Patrulla Fronteriza o la policía. E hizo referencia a las políticas de los primeros años de la administración de Obama antes de que adoptara sus políticas de criterio pero señaló que las políticas de Trump son más amplias.

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También dijo que la vaguedad de sus términos otorga mayores facultades para la aplicación de la ley.

"Esa pendiente es muy resbalosa", dijo Capps al HuffPost. "El criterio es muy amplio, no sólo para los oficiales de la ICE sino también para los de la policía local, para determinar si se trata de una amenaza pública o si alguien puede haber cometido un acto criminal que no se hubiera probado en la corte".

La administración Trump parece estar buscando que las autoridades locales se alimenten de los casos que la administración de Obama consideraba de baja prioridad. La orden del ejecutivo de Trump sobre las ciudades santuario hace que la ICE reviva el criticado Programa de Comunidades Seguras, que se eliminó en 2014.

Sus críticos, para no enaltecer el nombre, las llaman "S-Comm", y el programa se usó con Obama para atraer a los inmigrantes indocumentados a las redes de arrastre de deportación del gobierno federal al ordenar que las jurisdicciones locales compartieran la información de las huellas digitales directamente con la ICE, y entonces detener a la gente que tuviera órdenes de aprehensión por parte de la agencia.

Con ese método muchas personas sospechosas de delitos menores, o de ninguno, quedaban entrampadas. Y en lo que era una crítica constante, las mujeres indocumentadas que llamaban a la policía a causa de disputas domésticas terminaban en procedimientos de deportación mediante las Comunidades Seguras porque en muchas jurisdicciones la policía en algunas ocasiones arresta a las dos partes involucradas en un altercado.

Las jurisdicciones "santuario" que con razón se negaron a detener inmigrantes indocumentados únicamente por la petición de la ICE son ahora más osados en su oposición a que el gobierno federal utilice a la policía local y sus cárceles para aplicar la política de deportación desde la elección de Trump.

Pero muchas jurisdicciones encabezadas por republicanos adoptaron la postura contraria y aprovecharon la oportunidad para colaborar todavía más con la ICE. La orden busca la expansión de los acuerdos del programa 287(g) que permite al gobierno federal entrenar a la policía local para que participe activamente en el cumplimiento de las leyes migratorias.

En el pasado los acuerdos se han utilizado para crear grupos de tarea que desempeñen un papel activo en el arresto de los inmigrantes indocumentados, el más conocido el del alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio.

El Departamento de Justicia descubrió en 2011 tras una investigación de 3 años que el grupo de tareas había trazado perfiles raciales de latinos, un problema que se documentó con el grupo de tareas del 287(g) también en otras partes del país.