POLÍTICA

¿Un Acuerdo que nació muerto?

A la usanza de los grandes pactos firmados en los sexenios de Miguel de la Madrid o Carlos Salinas de Gortari, ayer el Gobierno Federal firmó con organizaciones empresariales, sindicales y de productores de campo, el Acuerdo para Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Al anuncio, le siguió una lluvia de cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad.

10/01/2017 3:43 PM CST | Actualizado 10/01/2017 5:07 PM CST
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A la usanza de los grandes pactos firmados en los sexenios de Miguel de la Madrid o Carlos Salinas de Gortari, ayer el Gobierno Federal firmó con organizaciones empresariales, sindicales y de productores de campo, pero sin mucha gloria, el Acuerdo para Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Menos sueldo, impulso a la banca, entre otros, parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico.

Pero a la presentación, siguieron los cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad.

De entrada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no lo firmó y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se dijo excluida, pues no conocieron antes el texto.

Además, al menos 50 asociaciones civiles, organizaciones y agrupaciones también fijaron su postura, al señalar que el descontento social no terminará mientras no se frene la corrupción e impunidad.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos y actual presidente de la Conago, señaló que la Conferencia no conoció el texto del Acuerdo y en consecuencia no pudo haberlo suscrito.

Más tarde, la Conago emitió un comunicado en el que dio a conocer que se instalaban en sesión permanente sus Comisiones de Hacienda y Energía, a fin de integrar grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que pueden generar opciones ante la inconformidad social.

Antes, una vez que se dio a conocer el Acuerdo, la Coparmex ventiló que el documento se los dieron a conocer 2 horas antes de la firma.

La Confederación manifestó que decidió no suscribir el citado Acuerdo, al argumentar que un consenso no se puede construir en tres días, y "que la situación económica y social actual exige sí un amplio acuerdo de todos los sectores sociales, por lo que debe ser inclusivo y producto de una profunda reflexión."

Hoy, durante una conferencia de prensa, la Coparmex dio a conocer una serie de propuestas, entre las que destaca eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, refiere el organismo.

Además, aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, así como actualizar en 2017 las métricas de pobreza de CONEVAL, con datos comparables a 2014, y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.

La Coparmex también planteó el establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14% anual.

Asimismo, implementar verdaderos recortes de presupuesto público, pues denuncia, que el gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado.

También establecer métricas concretas de compromisos de reducción anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos, apunta la Confederación.

Llama también a establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento, importamos el 60% de las gasolinas.

Por último, la Confederación llamó a los ciudadanos a participar en la construcción "de la Agenda de Agendas durante el transcurso de este 2017, a través de foros regionales en todo el país."

Aquí puedes leer las propuestas íntegras planteadas por la Coparmex.

Al menos 50 asociaciones civiles, organizaciones y agrupaciones también fijaron su postura, al señalar que el descontento social no terminará mientras no se frene la corrupción e impunidad

En una carta enviada al Presidente de la República, al secretario de Hacienda, Economía, a la PGR, a la Función Pública y la opinión pública manifestaron que la incertidumbre y el creciente descontento social están llegando a un punto insostenible.

"Las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados.

"El anuncio de la liberación de los precios de gasolina no vino acompañada con un programa de austeridad en la burocracia. Tampoco de un programa de contención ante las acciones anunciadas por Donald Trump previo a su llegada a la presidencia de Estados Unidos, y cuyos efectos ya se comienzan a sentir con la cancelación de inversiones. La inacción del gobierno federal resulta abrumadora."

Los firmantes exigen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal. Además de reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios.

A la Secretaría de Economía le piden un plan de contención ante la posibilidad que se vayan más inversiones del país, o se deje invertir en México.

Llaman a la Procuraduría General de la República a solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información puntual que permita sancionar inmediatamente en México a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias reconocen haber pagado por al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en México, presuntamente relacionados con Pemex.

Además piden asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito que ha crecido generando pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios, a través de más de 3 mil 500 tomas clandestinas en ductos de Pemex, refieren los firmantes.

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