POLÍTICA

El presidente podrá decretar un estado de excepción ante ola de saqueos (si se aprueba esta ley)

Mientras los militares realizan labores de seguridad pública para contener los disturbios en medio del descontento por el alza de la gasolina, el PRI y PAN buscan darle más facultades al Ejecutivo para suspender los derechos humanos y garantizar el orden ante un escenario de estallido social como el que vive hoy el país.

10/01/2017 5:00 AM CST | Actualizado 10/01/2017 10:12 AM CST
Cuartoscuro
Una turba de aproximadamente 200 personas irrumpieron en centros comerciales de la zona conurbada de Veracruz, donde sacaron desde electrodomésticos hasta ropa y enceres. A pesar del fuerte resguardo de la Marina Armada de México, no se pudo detener el saqueo de la bodega de juguetería y la tienda de electrodomésticos FAMSA por ser superados en número. Los sitios fueron saqueados por encapuchados, madres, padres de familia e incluso niños y adolescentes.

Mientras el Ejército y la Marina despliegan a sus efectivos en todo el país para tratar de contener la ola de saqueos en un clima de descontento social por el incremento de los precios de la gasolina, un paquete de iniciativas de ley impulsadas por el PRI y el PAN que avanzan sigilosamente en el Congreso podrían darle facultades al presidente de la República para decretar un régimen de excepción ante disturbios como los registrados en la última semana.

De este modo, las modificaciones al artículo 29 constitucional y las iniciativas para crear una Ley de Seguridad Interna que se discuten actualmente en el Congreso, podrían hacer que el gobierno mexicano pueda suspender los derechos humanos como medida para que las fuerzas armadas puedan garantizar el orden ante una ola de disturbios y protestas como las registradas en los últimos días tras el estallido social que generó el incremento a los precios de la gasolina. Una medida similar al estado de emergencia que se implementó en Cleveland, Estados Unidos, durante los disturbios de septiembre de 2016.

Una situación delicada, ante los indicios y las sospechas que existen entre algunos analistas y políticos que incluso han señalado que los diversos saqueos pudieron ser orquestados por el mismo gobierno o algunos partidos políticos.

Edgard Garrido / Reuters

LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS EN MEDIO DE LOS SAQUEOS

En días recientes las fuerzas armadas han realizado operativos de seguridad pública en Estado de México, Veracruz y Chiapas, con el fin de contener los saqueos y patrullar las zonas afectadas por la violencia, tareas que van más allá del combate al crimen organizado y que han provocado la molestia de los mandos castrenses como el mismo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

A pesar de que el gobierno del Estado de México negó tajante que existiera un despliegue de efectivos militares a raíz de los saqueos, a pregunta expresa del Huffington Post, diversos videos difundidos en redes sociales muestran la presencia de soldados tras el primer saqueo reportado en el Chedraui de Nicolás Romero, tal como lo confirmaron a este medio testigos presenciales de la rapiña acontecida el pasado martes 3 de enero.

Asimismo, los militares también reforzaron la seguridad en lugares como Naucalpan ante la ola de rumores que desencadenaron una epidemia de terror en dicho municipio, tal como puede constatarse en otro video. Una situación que se ha vuelto cotidiana desde que el gobierno federal y el gobierno del Estado de México anunciaron una estrategia conjunta de las fuerzas armadas para contener el repunte de la violencia en Naucalpan.

Pero el Estado de México no es la única entidad donde los militares tuvieron que intervenir para controlar los saqueos, ya que el Ejército y la Marina también tuvieron que hacer frente a los disturbios en Veracruz y Tapachula, Chiapas. En Veracruz, algunos marinos fueron captados presenciando el saqueo en el poblado de Coyol y disparando al aire en algunas tiendas vandalizadas en el puerto de Veracruz.

Algo similar a lo que ocurrió en Tapachula, donde el Ejército tuvo que tomar el control de las calles ante la ola de saqueos en tiendas como Chedrahui, Aurrerá, Oxxo, Modelo Plus y Salinas y Rocha.

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"MANO NEGRA" TRAS LOS SAQUEOS

Sin embargo, existen fuertes sospechas de que muchos de los disturbios fueron orquestados, tal como ha podido documentarse en videos que muestran grupos de choque que bajaban de autobuses para vandalizar tiendas sin siquiera participar en protestas, tal como ocurrió en la Ciudad de México, además diversas campañas de terror difundidas en redes sociodigitales a través de bots, campañas que permitieron que la fuerza pública pudiera actuar con mayor holgura para contener las protestas por el gasolinazo en lugares como el Estado de México, luego de que la misma población civil y asociaciones de empresarios pidieran la intervención de las fuerzas armadas para mantener el orden.

Dicho escenario provocó que el PRD señalara al gobierno de Enrique Peña Nieto como presunto responsable de los saqueos, mientras que el PRI culpó a Morena de alimentar actos vandálicos en el marco de protestas por el gasolinazo.

"Casualmente vemos que de manera simultánea se están dando en estados donde habrá elecciones, como el Estado de México, y por supuesto nos lleva a pensar de que podría ser el Gobierno que está generando este temor o miedo porque no quiere que la ciudadanía se coordine o se manifieste sobre algo que le está pasando", dijo Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD.

"La actitud de protesta que ha derivado en violencia proviene del oportunismo de otras fuerzas políticas. Los mexicanos conocen el comportamiento de Morena y de su líder Andrés Manuel López Obrador, quienes intentan capitalizar a su favor esta coyuntura a través de la mentira, el desorden social y la convocatoria a la protesta que frecuentemente deriva en actos violentos.", señaló el PRI a través de un comunicado publicado el pasado jueves 5 de enero.

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EL PELIGRO DE IMPLANTAR UN ESTADO DE EXCEPCIÓN ANTE EL CAOS SOCIAL

Pero lo verdaderamente preocupante, según Morena, es la manera en que diversas iniciativas de ley impulsada por el PRI, que avanzan sigilosamente en el Congreso dentro de un paquete de reformas a la Seguridad Interior, no solamente pretende normalizar la actuación de las fuerzas armadas ante este tipo de conflictos, sino que además, le daría facultades al presidente para decretar un Estado de excepción ante una ola de disturbios como los que se han registrado en días recientes con los saqueos.

"Sí es preocupante la alteración al orden porque el Ejecutivo ya propuso una modificación al artículo 29 constitucional para crear un Estado de excepción y cuando hay un caos, que pueda entrar el Ejército a controlar o meter en orden a la sociedad civil. Eso es peligrosísimo", aseguró la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, en entrevista con Radio Fórmula.

"Ahorita, con este caos, es una irresponsabilidad de quien controla la seguridad interna de este país señalar a un grupo político cuando tiene en la bolsa una iniciativa para el Estado de excepción y prácticamente militarizar este país", agregó la legisladora.

De acuerdo con la coordinadora de la bancada de Morena, la ley de Seguridad Interna impulsada por el PRI fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el pasado 14 de diciembre, un día antes de salir del periodo de sesiones, por lo que dicha iniciativa podría ser votada en el pleno de San Lázaro de un momento a otro, según explicó al Huffington Post en entrevista telefónica.

La reforma al artículo 29 constitucional plantea, aprobada en comisiones en marzo pasado, plantea que el presidente podría suspender temporalmente los derechos humanos ante una grave "perturbación grave de la paz pública", es decir, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente. También podría decretarse un régimen de excepción ante situaciones de "grave peligro o conflicto", es decir, circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico.

Es decir, que de aprobarse dicho paquete de leyes, el gobierno podría decretar un Estado de excepción que suspenda los derechos civiles con la justificación de contener una ola de disturbios y saqueos como los acontecidos en medio de una serie de protestas por el incremento de los precios de la gasolina.

Dicho paquete de leyes sobre Seguridad Interior ha sido fuertemente cuestionado por especialistas en derecho constitucional ante el peligro de que se legalice un régimen militar que a su vez siente las bases para la instauración de una dictadura en México, además de promover una creciente militarización en todo el país a pesar de las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico iniciada hace más de 10 años.

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