POLÍTICA

Indígenas acusan olvido en acuerdos globales de biodiversidad

Líderes indígenas de Latinoamérica reclaman un espacio en la toma de decisiones para preservar las selvas del mundo y levantan la voz en el marco de la reunión del Convenio de Diversidad Biológica celebrado en Cancún.

15/12/2016 5:30 AM CST | Actualizado 15/12/2016 5:30 AM CST

Mientras los gobiernos del mundo celebran en Cancún la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP 13), los pueblos indígenas de América Latina dicen estar cansados de "acuerdos de papel" que de poco o nada sirven para remediar la devastación ambiental que prevalece en los bosques tropicales del continente y la extinción masiva de especies.

Desde que en 1992 los países se comprometieron a impulsar una agenda ambiental en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, la región de América Latina ha perdido más del 30% de la biodiversidad del continente, según datos de Naciones Unidas. Una situación que evidencia la manera en que el modelo de desarrollo impulsado desde la Revolución Industrial ha generado problemas como el cambio climático y la extinción masiva de especies.

Una situación particularmente grave en América Latina, región que alberga el mayor número de países megadiversos del planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela), seguido de Asia, con cinco (China, Filipinas, Indonesia, India y Malasia), tres en África (Madagascar, República Democrática del Congo y Sudáfrica) y los dos en Oceanía (Australia y Papúa Nueva Guinea).

Y a pesar de que los pueblos indígenas habitan casi un 80% de las áreas protegidas en América Latina, representantes de los pueblos nativos de Mesoamérica y la Amazonía reclaman haber sido relegados de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. Una situación que, en buena medida, explica el rechazo que enfrentan las políticas públicas acordadas en las cumbres internacionales a la hora que los gobiernos nacionales pretenden implementarlos en los territorios donde habitan los pueblos indígenas.

"Lo que ha pasado aquí es lo mismo que pasa en todas las cumbres, los políticos hablan y dicen que quieren dialogar con la gente, pero realmente no lo están haciendo. Sentimos que nuestro diálogo es con alguien que premeditadamente no quiere oír", dice Levi Sucre, indígena bribri de Costa Rica y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, en entrevista con el Huff Post México.

Los gobiernos siguen haciendo políticas sin consultas, no nos toman en cuenta, y sobre todo, ha aumentado la criminalización de los líderes".Levi Sucre, Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques

"En el tema de la criminalización, el mundo ve aquellos casos que son relevantes, como el asesinato de Berta Cáceres, que ya es un descaro, pero pasa mucho en nuestros pueblos. Recién la semana pasada estuvimos en Semuc Champey, en Guatemala, donde llevaron a la cárcel a los líderes sólo porque dijeron a la prensa que los estaban despojando de sus tierras y lo estaban haciendo zona protegida", añade Sucre.

La organización Global Witness indica que al menos 185 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el año 2015 en el mundo, y de éstas, 122 fueron asesinadas en Latinoamérica.

"Esta situación se relaciona con un modelo económico que fomenta la desigualdad extrema e impacta negativamente en los derechos fundamentales de las poblaciones, pero a la vez se relaciona con la cooptación de la institucionalidad estatal por parte de grupos de poder y la poca atención de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de respetar, proteger y promover los derechos humanos", señala Oxfam en su informe El riesgo de defender: la agudización de las agresiones hacia activistas de derechos humanos en América Latina.

"Esta dramática situación continúa en 2016 teniendo en cuenta que en los primeros 4 meses del año, 24 personas fueron asesinadas en Brasil. Entre enero y marzo 19 han sido asesinadas en Colombia; entre enero y junio, siete fueron asesinadas en Guatemala, por lo menos seis en Honduras y al menos dos en México entre enero y abril", añade Oxfam.

Una situación que persiste a lo largo y ancho del continente, según diversos testimonios de líderes indígenas que se han dado cita en Cancún para levantar la voz contra la depredación de las selvas latinoamericanas.

Greenpeace
El Global Canoe fue organizado por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Greenpeace México para demandar que los pueblos indígenas y locales sean considerados en acuerdos globales como los que se discuten en la COP13, garantizando su derecho al territorio, a la consulta libre, previa e informada sobre su hábitat, así como el cese a la criminalización por su defensa del medio ambiente, medidas que deben ser adoptadas e integradas a las políticas de cada país miembro del Convenio de la Diversidad Biológica.

"Lo que pasa es que cuando los representantes de los gobiernos vienen acá a discutir y crear acuerdos, llegan a los países y nosotros nos damos cuenta que cambian el discurso. Por ejemplo en Colombia, aquí están tratando de participar en un evento, pero en Colombia hay políticas a favor de la minería, políticas que no contribuyen a los derechos de las personas que cuidamos la selva", cuenta Carol González, representante del pueblo cubeo de la amazonía colombiana e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

"Colombia en este momento ha ratificado unos acuerdos para la terminación del conflicto con las FARC. Creemos que es un alud de esperanza, pero la paz no es solamente la firma de un acuerdo y la dejación de armas. La paz es pensar en los derechos de las personas, en los derechos de la selva, acabar con la minería, pensar en los derechos de la gente. No va a haber paz si no se reestructuran los gastos sociales que se están haciendo, si no se prioriza la salud, la educación o el cuidado de la selva a los meganegocios, la tala de bosques, los grandes megaproyectos. Eso no es paz para nosotros", agrega la líder indígena.

Un punto en el que parece coincidir Rodolfo Cunampio, cacique general del Alto Bayano, territorio perteneciente a Panamá.

Es triste porque las decisiones que se están tomando no son con los actores principales".Rodolfo Cunampio

"La COP está atendiendo el llamado de organizaciones que quieren hacer nuestra representación. Por eso es que los proyectos, cuando entonces quieren aplicar esa ley o esos acuerdos que se hacen, chocan con los pueblos, porque no son tomados en cuenta desde su línea, que son las autoridades", agrega el líder indígena.

En entrevista con el Huff Post, afirma que esto es evidente en regiones como Alto Bayano, de donde es originario, lugar donde se construyó una hidroeléctrica que lo único que trajo consigo es la devastación del medio ambiente sin ningún beneficio para las comunidades indígenas.

"Producto de esa hidroeléctrica perdimos tierras, ecosistemas, conocimientos tradicionales, con el lema del gobierno, de decir, que el desarrollo iba a ser equitativo y paralelo. Hoy contamos con comunidades indígenas que, estando la hidroeléctrica, siguen sin luz eléctrica. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Nos mintieron y nos engañaron", afirma molesto.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, el 80% de la biodiversidad planetaria se encuentra en territorios indígenas. Al mismo tiempo, la mayor diversidad de grupos indígenas coincide con la mayor reserva tropical áreas forestales silvestres en las Américas, África y Asia, ya que 11% de las tierras forestales mundiales son propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades. En el caso de México, el 51.4% del territorio nacional se encuentra bajo un esquema de propiedad social que pertenece a ejidos o comunidades.

Pero la propiedad de la tierra ha resultado insuficiente para detener la catástrofe ambiental que, en algunos casos, ha contado con el apoyo o la complacencia de los gobiernos.

"Nosotros queremos hacer entender a los gobiernos que hay otras alternativas de desarrollo. No solamente esto que, a nombre del desarrollo, hacen proyectos extractivos pero sabemos muy bien que es para unos cuantos que manejan el Estado, y no para toda la sociedad de un país", afirma tajante Wilma Mendoza, presidenta de Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia.

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