POLÍTICA

ONU recomienda a México más controles a militares en su lucha contra el crimen

En respuesta, el gobierno mexicano desechó la sugerencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre realizar reformas al Código de Justicia Militar.

20/10/2016 1:25 PM CDT | Actualizado 20/10/2016 1:55 PM CDT
ASSOCIATED PRESS

La Organización de Naciones Unidas realizó recomendaciones a México para imponer mayores controles a las fuerzas militares en su lucha contra la delincuencia organizada con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, misma que fue rechazada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esto, luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein realizó 14 recomendaciones para México, las cuales fueron realizadas desde marzo pasado por el organismo internacional pero fueron dadas a conocer hoy, junto con la respuesta emitida por el gobierno mexicano.

Entre las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado, destaca el establecimiento de un Consejo Asesor en materia de derechos humanos que evalúe casos de impunidad, mejorar los procesos de investigación en casos graves de violaciones a los derechos humanos, la creación de una institución nacional forense y crear leyes específicas para combatir la desaparición forzada, entre otros puntos.

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Sin embargo, la recomendación más llamativa fue el punto tres, en el cual se sugiere reformar el Código de Justicia Militar que imponga mayores controles a los militares en su lucha contra el crimen organizado que vienen realizando desde 2006, a inicios del gobierno de Felipe Calderón, además de que la sociedad civil pueda conocer las violaciones de derechos humanos cometidas dentro del Ejército.

"Si bien se da la bienvenida a las reformas de 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción militar, se recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares. Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando", señaló la ONU.

Un asunto que fue descartado por el gobierno de Peña, al considerar que el marco jurídico actual es suficiente para garantizar el respeto a los derechos humanos, aún cuando en los últimos años las fuerzas armadas han sido señaladas de cometer abusos graves al ejecutar civiles desarmados como ocurrió con el caso Tlatlaya y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha reconocido públicamente violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles.

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"Se destaca que la reforma de 2014 al Código de Justicia Militar se encuentra siendo implementada, y que no es factible considerar mayores modificaciones", respondió el gobierno mexicano.

"La reforma en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008, impactó al procedimiento penal militar y a los tribunales militares, lo que son sustituidos por tribunales militares de juicio oral, juzgados militares de control y juzgados militares de ejecución de sentencias, así como, la recaudación de la división territorial en cuanto a la competencia jurisdiccional del tribunal superior militar, los jueces de control y tribunales militares de juicio oral, consecuentemente dicha reforma es promotora de los derechos humanos de la víctima y del procesado, motivo por el cual, al igual que el resto de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional se sigue preparando, tanto en el ámbito estructural, como en la capacitación a su personal, para cumplir adecuadamente con este nuevo esquema, el cual tiene como reto hacer más expedita y eficiente la procuración y administración de justicia", añadió el gobierno.

Otra recomendación realizada por el Alto Comisionado tiene que ver con regular el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, por lo cual se sugiere "adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación".

Una recomendación que "se analizará" por parte del gobierno mexicano.

"No obstante que no se cuente con un instrumento normativo único en la materia, es importante destacar que las instancias de seguridad pública cuentan ya con lineamientos que regulan el uso de la fuerza con estricto apego a estándares internacionales de derechos humanos. El Estado mexicano creó protocolos nacionales de actuación que consideran, entre otros aspectos, la homologación de actas y registros de la actuación de los operadores. De esta manera se han estandarizado los criterios para el uso de la fuerza por parte del primer respondiente", respondió el gobierno.