POLÍTICA

EU debe asumir su responsabilidad en violencia en México: Sergio Aguayo

El investigador del Colmex sostiene que a raíz de su informe sobre Allende y San Fernando, el exgobernador Humberto Moreira lo demandó para impedir que se evidenciara la manera en que los Zetas se apoderaron de Coahuila durante su gestión.

13/10/2016 2:10 PM CDT | Actualizado 17/10/2016 12:27 PM CDT

Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en la violencia de México, afirma el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo en entrevista con el Huffington Post.

Tras la publicación del informe En el desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), el investigador afirma que la dignidad de las víctimas ha sido clave para evidenciar las omisiones del Estado en su responsabilidad de atender violaciones graves de derechos humanos.

El investigador señala que a lo largo del contacto que los investigadores pudieron tener con las víctimas a lo largo de la indagatoria, los consensos entre las víctimas son tres: 1) El Estado ha sido omiso; 2) No han sido tratados con dignidad; 3) quieren la verdad de lo que sucedió como forma de acceder a la justicia. Y en este sentido, Aguayo considera que las víctimas de San Fernando y Allende "nos han dado una lección de perseverancia y dignidad que conmueve por las dificultades económicas de algunas familias que se mantienen dispuestas a seguir adelante".

Pero no sólo eso, ya que además, Aguayo platica sobre los términos en que va la demanda judicial que interpuso en su contra el exgobernador Humberto Moreira, por supuesta difamación, justo cuando los investigadores tuvieron acceso al expediente sobre la desaparición de al menos 300 personas en el poblado de Allende. Un caso que documenta la manera en que el cártel de los Zetas se asentó en Coahuila durante la gestión de Moreira. Aquí la conversación que sostuvo con Huff Post México:

¿Qué fue lo que le sorprendió más al concluir la investigación sobre San Fernando y Allende?

—No fue tanto una sorpresa, sino constatar con documentos oficiales varios hechos e hipótesis. La primera que las policías municipales de San Fernando y Allende estaban al servicio del crimen organizado, absolutamente al servicio. Segundo, que ni los gobiernos de los estados ni la federación se preocuparon por lo que estaba pasando, lo cual es un hueco enorme en la estrategia de seguridad. El país está en guerra y dejan que en los niveles locales el crimen organizado controle a las poblaciones. En tercer lugar, la capacidad de resistencia de la población, porque aún en los momentos más difíciles hubo policías que se negaron a participar en las atrocidades, el cuerpo de bomberos de Allende, por ejemplo, tampoco aceptó recibir dinero de los Zetas y los familiares de las víctimas han librado una batalla heróica para buscar a los desaparecidos o para lograr que sean atendidos con dignidad. Es decir, la investigación fue un mural donde aparecen con toda claridad los horrores de la guerra y la luminosidad de una sociedad que se rehusa a ser atropellada por la barbarie de los delincuentes y la complicidad o indiferencia de los gobernantes.

Una de las conclusiones del informe señala la manera en que el gobierno de Estados Unidos ha tenido una participación en estos casos a través de la DEA y otro tipo de agencias. ¿Cómo se podría interpretar este fenómeno en el contexto de la violencia que vive México?

—Yo me muevo entre los estudios de paz y violencia, y estoy terminando un libro sobre la historia del crimen organizado en la región y puedo documentar de múltiples formas que la violencia que padece México está íntimamente ligada con factores internacionales. Y uno de los principales es Estados Unidos. Por tanto, la violencia que se da en San Fernando y Allende tiene como uno de sus protagonistas a Estados Unidos. No estoy diciendo que Estados Unidos sea responsable de la barbarie, pero para entender cabalmente lo que está sucediendo con el crimen organizado en México tiene uno que conceptualizarlo como una violencia binacional y regional. Como San Fernando y Allende están muy cerca de la frontera, en este caso el peso mayor está en la binacionalidad, es decir, la responsabilidad jugada por actores muy precisos. La DEA, por ejemplo, que le dio calidad de testigos protegidos a dos de los Zetas que detonaron la venganza que lleva a la desaparición de personas y también en otro sentido no negativo, las cortes en Estados Unidos donde hemos tenido acceso a información importantísima para entender lo que pasó. Si queremos entender lo que pasa en México tenemos que incorporar a Estados Unidos.

Y al parecer no ha habido la comunicación necesaria entre los gobiernos de México y Estados Unidos, porque vemos muchos detenidos en cárceles estadounidenses que al final no han ayudado a resolver casos en México...

—El rompecabezas institucional estadounidense apenas lo empezamos a estudiar. De hecho en la fase dos de la investigación una de las vertientes que vamos a trabajar es el papel que juegan instituciones de Estados Unidos. En los próximos meses vamos a sacar un informe sobre el papel de las cortes de Estados Unidos en el esclarecimiento de la verdad sobre la violencia. No estamos viendo estos fenómenos con una óptica estrecha, sino revisándolos a fondo para entender sus determinantes, porque a medida que lo logremos, podremos proponer políticas públicas para enfrentarlos. De ese papel de Estados Unidos se desprende la necesidad de que México hable con sus contrapartes en Washington para que colaboren en el esclarecimiento de verdades históricas como la matanza de San Fernando y la desaparición de personas en Allende. Vamos a ver si quieren.

­Algo que va a estar difícil, dado el distanciamiento que habrá entre el gobierno de México con el próximo presidente de Estados Unidos, sin importar quién gane las elecciones.

—Pero esto trasciende partidos, voluntades de personas. Estados Unidos tiene que asumir su corresponsabilidad en lo que está pasando en México.

Y es un tema del que prácticamente no se habla en las campañas electorales de Estados Unidos, más allá del famoso muro de Trump.

—¡Por supuesto! Lo que sucede es que México no tiene quién lo defienda en la campaña de Estados Unidos, no hay voceros. Pueden decir lo que se les venga en gana de nuestro país porque el gobierno no se va a atrever a levantar la voz para defender la dignidad del país, de los mexicanos. Nos pueden llamar violadores, criminales, y Enrique Peña Nieto se puede quedar pasivamente.

¿Cómo puede entenderse la crisis de derechos humanos que está viviendo México actualmente con casos que siguen como Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya y un largo etcétera?

—Las tragedias que investigamos sucedieron hace seis y cinco años. La ventaja que tuvo revisar con tanto cuidado y con esa perspectiva temporal, es que podemos afirmar con los elementos documentales que se requieren, que el Estado mexicano ha sido omiso en su obligación constitucional de defender y atender a las víctimas de la violencia. No hay ninguna duda. Es una de las razones por las cuales ha tenido impacto el informe, porque estamos viendo historias de cinco y seis años donde las diferentes instancias del Estado mexicano no se han comportado como se debe. En ese sentido, también hay que reconocer que si logramos hacer el informe fue porque algunas instituciones del Estado estuvieron dispuestas a asumir el riesgo de mostrarnos los documentos para acercarnos a la verdad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH y el gobierno de Coahuila aceptaron el riesgo y han recibido no con regocijo, pero sí con madurez porque reconocen que el entramado mexicano de atención a las víctimas no está funcionando. Tal vez de ahí puedan salir cambios. (...) Los derechos humanos están mal, muy mal, pero hay indicios de que en algunos sectores minoritarios hay la voluntad de hacer reformas. ¿Dónde nos quedamos? Nosotros hicimos un trabajo riguroso que entregamos a las instituciones y la sociedad. Seguiremos insistiendo en que haya reformas a profundidad en un sistema que no funciona.

Y ese sistema que no funciona es el Estado mexicano, dadas las omisiones tan graves en un caso como la desaparición de al menos 300 personas en Allende, y donde los tres niveles de gobierno actuaron como si no hubiera pasado nada.

—Es lo terrible: la inoperancia. Y aquí la pregunta que queda, para la cual no tengo respuesta, es si es simple ineficiencia, incapacidad, aunque también es posible que en algunos casos sea complicidad. Pero es lo que hay, y tenemos que presentarlo. Esa es nuestra obligación desde el Colegio de México.

­Y sorprende que las víctimas hayan tenido más éxito en encontrar restos de desaparecidos que el mismo gobierno, como ocurre con la organización Grupo Vida en Coahuila. ¿Cómo es que estos vacíos del Estado están siendo llenados por la sociedad civil que se organiza para cosas como buscar a los desaparecidos, que en principio es responsabilidad del Estado?

—La respuesta está en el informe: porque no saben, porque no pueden o porque no quieren. ¿Cuál es la combinación en el caso de cada funcionario? Hay que investigarlo a detalle. El Estado tiene una nueva obligación: una vez que se demuestra la omisión hay que establecer quién fue responsable y por qué. En eso, para mí es muy claro. Para mí lo positivo es la disposición de los familiares de víctimas, de organizaciones civiles, de académicos y medios de comunicación a exigir al Estado que cumpla con su tarea mientras se va demostrando que se puede hacer el trabajo con pocos recursos.

Pero resulta que el Estado no sólo ha sido ineficaz a la hora de investigar, sino que ha obstaculizado la posibilidad de acceder a la verdad, como en el caso Ayotzinapa.

­ —Yo matizaría. Hay funcionarios que obstaculizan y funcionarios que facilitan el acercamiento a la verdad y la justicia. No se puede generalizar. Sería injusto. En ese mismo sentido, Humberto Moreira lanzó una ofensiva jurídica a través de un juez dispuesto a atender sus extravagantes peticiones y vuelve a renacer el problema porque es evidente para mí, revisando los expedientes, que Humberto Moreira no tiene ningún interés en que se establezca la verdad sobre la manera en que los Zetas se asentaron en el norte de Coahuila durante su gobierno. En el expediente al que nos dio acceso su hermano Rubén (Moreira), aparece evidencia de que los zetas ya controlaban Allende en 2009, cuando Humberto Moreira era gobernador. Él ya no era gobernador cuando sucedieron los hechos el fin de semana trágico del 18 al 20 de marzo, pero sí era gobernador cuando los zetas se asentaron, comenzaron a controlar a las policías y aterrar a la población. Que no se le hayan exigido cuentas apuntala la afirmación que emití en esa columna que provocó la demanda de Moreira por 10 millones de pesos, en donde digo que es un paradigma de impunidad porque no ha sido investigado sobre esas responsabilidades. Pero no sólo él, hay otros funcionarios. Estamos hablando de las omisiones, debilidades o corrupciones de un sistema que permitieron que el crimen organizado se asentara en una franja gigantesca del noreste del país que incluye no sólo a Coahuila, sino partes de Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. No estamos hablando de cualquier pedazo del territorio nacional sino de amplias franjas. Y el número de funcionarios que deberían explicar lo que hicieron o dejaron de hacer es bastante grande. Entre ellos Humberto Moreira, que me demandó, es una hipótesis, cuando se entera que nos van a abrir los archivos para poder ver documentos potencialmente incriminatorios. Yo no creo que él haya visto el expediente, y si lo vio, son decenas de miles de pedacitos de información que fue necesario reunir, discernir, ordenar, acomodar, relacionar. Es decir, construir un relato a partir de una pedacera de información. Pero con lo que encontramos es clarísimo: cuando él era gobernador los Zetas se asentaron en el norte de Coahuila. Punto. Ahora él tendrá que explicarlo aunque muy probablemente nadie se lo pregunte.

Y en este contexto se da la demanda de Moreira en su contra por 10 millones de pesos por una supuesta difamación.

—La demanda sigue y sigue su empeño en desgastarme, en hacerme gastar recursos, tiempo y energía, pero es la consecuencia inevitable de quienes decidimos que vale la pena acercarnos a la verdad porque es la única forma de ahuyentar este horror que nos envuelve, este ambiente de pesadilla en el que vivimos, donde 90% de la población ha cambiado de hábitos de vida por miedo. No nos merecemos esto. Tenemos el derecho de exigir y para ello debemos entender. Y para eso sirven los casos paradigmáticos: iluminar un caso más extendido.

¿Y cómo va la demanda?

—Ahora vienen las comparecencias, los peritajes, me exigen que consiga una trabajadora social para que investigue si soy buen esposo, buen padre, buen abuelo, que consiga un especialista en medios de comunicación para que establezca que lo que escribo está bien hecho, a eso me refiero con extravagancias. No hay el afán de buscar la verdad por parte de la justicia mexicana. En este caso, yo estoy sintiendo, es hipótesis de trabajo, que el juez está actuando para desgastarme, yo no sé si de manera implícita o explícita, deliberada o inconscientemente, está favoreciendo a Humberto Moreira.