POLÍTICA

Tras las masacres en el norte, pocas respuestas y nada de justicia

Sergio Aguayo lideró la elaboración de un reporte sobre la masacre de Allende, Coahuila, y la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

11/10/2016 6:00 AM CDT | Actualizado 11/10/2016 2:22 PM CDT
Cuartoscuro
La exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, y el académico Sergio Aguayo, durante la presentación de un reporte sobre los crímenes en Allende, Coahuila, y San Fernando, Tamaulipas.

Fue un ataque descarado. Unos 60 pistoleros ligados al brutal cartel de los Zetas arribaron a una tranquila serie de poblados justo al sur de la frontera con EU en la primavera de 2011 y perpetraron un exterminio puerta a puerta que duró meses, dejando un número no determinado de muertos y desaparecidos. Y sin embargo, en los cinco años que pasaron desde la masacre en el norteño estado de Coahuila, el gobierno mexicano ha fallado al investigar totalmente (por no hablar de satisfacer las necesidades de las víctimas y sus familias). Todo esto de acuerdo con un reporte presentado recientemente por un panel de académicos e investigadores en derechos humanos.

"Es horrible porque fue tan rampante", dijo Mariclaire Acosta, una veterana investigadora en derechos humanos que asesoró al panel. "Esto no fue un crimen a escondidas. Todo sucedió de manera abierta y ninguna dependencia del gobierno hizo nada para detenerlo".

Estas acusaciones resuenan preocupantemente en México, donde cientos de miles de personas han muerto por la violencia de las drogas, ya sea a manos de traficantes o de fuerzas de seguridad corruptas, y en donde el inútil, y a menudo cómplice, sistema de justicia es incapaz de perseguir a los responsables. El reporte publicado el domingo es una señal de que los mexicanos han comenzado a, por lo menos, encontrar formas de llegar a la verdad, en lugar de sentarse a esperar que el gobierno haga justicia. Cada vez recurren más a expertos externos, tanto en casa como en el extranjero, para supervisar investigaciones en los crímenes más notorios. Y líderes del gobierno (que podrían o no estar comprometidos con auténticas reformas pero que son más sensibles a los sondeos a la opinión pública) están cediendo.

Daniel Becerril / Reuters
Una escena muy común en Coahuila: familiares en busca de sus seres queridos que han desaparecido.

Expertos que trabajaron en el reporte, liderados por académicos del prestigioso Colegio de México y de una comisión autónoma de derechos de las víctimas, dijeron que se enfocaron en dar respuestas que podrían ayudar a las familias y a las comunidades a sanar. Emitieron numerosas recomendaciones de cómo mejorar la forma en que las autoridades lidian con las incontables cifras de víctimas. Y urgieron al gobierno a disculparse por dejar a las comunidades, como las de Coahuila, sin protección. "Las víctimas, sus familiares, y la sociedad tienen el derecho de saber qué pasó y a ser tratadas con dignidad", dice el reporte. "Hasta ahora, el término que mejor define las experiencias de las víctimas es el abandono".

El reporte de este domingo también traza líneas entre la violencia que azota a México y los Estados Unidos. Muchas de las curtidas comunidades de rancheros y trabajadores fabriles que fueron atacados en 2011 en Coahuila se localizan a menos de una hora en auto de la frontera con EU. El ataque se llevó a cabo cuando líderes de los Zetas descubrieron que habían sido traicionados por su propia gente, por los que despacharon a sus sicarios a Allende y otras comunidades aledañas para ajustar cuentas con los traidores y cualquiera relacionado con ellos. Muchos familiares de las víctimas cruzaron la frontera corriendo para salvar sus vidas, lo mismo que algunos de los traficantes que estaban en la lista negra de los Zetas. Las autoridades en EU han brindado protección a un puñado de los traficantes a cambio de su cooperación. Pero, de acuerdo con el reporte, las autoridades estadounidenses se han negado a discutir a la fecha lo que saben sobre la masacre.

"La opacidad de los EU obstruye la verdad", de acuerdo con el reporte, que llamó a la masacre un ejemplo de violencia criminal binacional", y añade que las autoridades de EU "se reservan información relevante para entender lo que sucedió en México".

La examinación de la llamada masacre de Allende, por ser el pueblo que resintió más la violencia, representa la primera vez que la investigación del gobierno se abrió al escrutinio externo. Entre los elementos más mortificantes está la cronología abreviada de los archivos del gobierno que demuestran por primera vez a detalle qué tanto sabían las autoridades sobre las dimensiones del baño de sangre y de cómo no hicieron nada para investigar por tres años. Una vez que los funcionarios investigaron algo, señala el reporte, basaron su caso casi por completo en confesiones sin corroborar de los acusados en participar en la matanza, así como en declaraciones de bomberos que respondieron a las llamadas de auxilio. Las autoridades dicen que recuperaron unas 68 piezas dentales y huesos de uno de los sitios de las matanzas, pero no es claro si procedieron a identificar los restos.

El reporte incluye algunos detalles sobre los pagos ofrecidos para sobornar a funcionarios locales. En los años previos a la masacre los Zetas pagaron a toda la policía municipal de Allende unos 3 mil 600 dólares al mes; contra los 4 millones que un simple operador se jactaba de ganar en sólo 10 días. La primera persona que interpuso una demanda sobre sus familiares desaparecidos en el ataque fue arrestada un año después por la policía municipal y nunca más se le volvió a ver. El entonces alcalde de Allende dijo a las autoridades que no se enteró de la masacre sino hasta que todo terminó, una aseveración nada creíble para todo aquel que alguna vez haya pasado por Allende: una de las casas destruidas durante los ataques se ubica enfrente de la del alcalde. Luego, el fiscal estatal responsable de la investigación fue removido por haber brindado protección al cartel.

El reporte acusa al entonces gobernador de minimizar las dimensiones del daño Y si bien le da crédito al actual gobernador, Rubén Moreira, que ha llevado a cabo relevantes reformas judiciales, incluyendo la creación de una unidad especial para investigar las desapariciones, el reporte asevera que su manejo de la investigación del caso Allende demuestra "menos interés en la verdad y más en dar carpetazo al "obligar a las víctimas" a aceptar que sus seres queridos ya murieron y pasar a otra cosa.

Sergio Aguayo, quien lideró el reporte y un muy respetado luchador por los derechos humanos, reconoció en una entrevista que muchas preguntas relevantes quedan sin respuesta, particularmente las relacionadas con lo que sabían las autoridades federales sobre la violencia y lo que hicieron o no hicieron al respecto. El reporte también deja abierta la cuestión clave de cuánta gente murió o está desaparecida, señalando que el gobierno tiene información de 42 víctimas, mientas que otros "conteos extensos" hablan de hasta 300.

"Es posible, dice el reporte, "que haya víctimas que no fueron registradas" por las autoridades.

Aguayo dice que el

Trabajo del panel se enfocó principalmente en una reseña de los abultados archivos de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la fiscalía del estado de Coahuila. Sin embargo, dijo que buscará acceso a más archivos federales y entrevistas con autoridades de todos niveles para producir un reporte más completo a principios del próximo año.

Es imposible predecir qué tan dispuestas estarán las autoridades de cooperar con Aguayo.

El año pasado, el presidente Enrique peña Nieto, quién buscaba aumentar sus pobres niveles de aprobación, invitó a un panel de expertos internacionales a examinar la investigación del gobierno sobre la masacre de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, el esfuerzo terminó amargamente cuando los expertos contradijeron la versión de hechos del gobierno y acusaron a las autoridades federales de pretender obstruir su trabajo.

El trabajo de Aguayo y su panel señala potenciales escollos similares para el gobernador de Coahuila. Su hermano, Humberto, era el gobernador del estado al tiempo en que los Zetas coparon la parte norte del estado. Humberto Moreira, quien una vez fue un cercano aliado político de Peña, ha eludido numerosas acusaciones de corrupción y lavado de dinero desde que dejó a Coahuila con una deuda 100 veces mayor de la que tenía cuando inició su mandato.

Para ilustrar la dificultad de sus esfuerzos, Aguayo dijo que el día en que el actual gobernador accedió a abrirle los archivos del caso Allende, el exgobernador anunció una demanda en su contra por 500 mil dólares. Aguayo previamente había redactado una columna sobre el exgobernador, a quien describió como un "político que apesta a corrupción".

Además de investigar la masacre de Allende, el panel también examinó la matanza de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas, otro estado fronterizo, localizado al suroeste de Coahuila. Los hallazgos del panel son similares.

"En verdad creo que vivimos en estado de emergencia en algunas partes de México", dijo Aguayo.

Este artículo se publicó originalmente por ProPublica, por Ginger Thompson y Alejandra Xanic. La traducción es de Andrés González.