POLÍTICA

Los restos humanos que el gobierno de Coahuila nunca encontró

Ante las omisiones del Estado en la búsqueda de los desaparecidos, organizaciones civiles se han dado a la tarea de iniciar su propia investigación, con hallazgos como los 4 mil restos humanos en el ejido de Patrocinio.

10/10/2016 5:47 PM CDT | Actualizado 17/10/2016 12:27 PM CDT
Daniel Becerril / Reuters

El descubrimiento de más de 4 mil restos humanos en el ejido de Patrocinio, Coahuila, es sólo una muestra de la incapacidad del gobierno para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos que ha dejado la ola de violencia que vive el país desde 2006. Una situación donde organizaciones civiles han demostrado ser más efectivas que el Estado mexicano a la hora de investigar casos de desaparición forzada.

Esto es precisamente lo que ocurrió en Coahuila, luego de que la organización Grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción) comenzó a buscar a los desaparecidos inspirados por la búsqueda que realizaron las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Nosotros como vimos que ya había gente que había decidido hacer esto, dijimos, por qué no entrarle, porque los primeros visibles que hicieron esto fueron los buscadores de Iguala. Nosotros avisamos a la Procuraduría y no lo tomó en serio". Silvia Ortiz, activista de Grupo Vida.


"Cuando ve que nosotros realmente salimos y empezamos a buscar nos fueron a encontrar al área donde estábamos nosotros. Y desde entonces el proceso ha sido complicado porque ha sido casi casi llevarlos a rastras al principio y después empezar a caminar de manera conjunta", señala Ortiz.

En entrevista telefónica con el Huffington Post, Ortiz asegura que el hallazgo de restos humanos en Patrocinio ha sido producto de más de un año de trabajo, luego de que comenzaron la búsqueda en enero de 2015, siguiendo las pistas presentes en los expedientes y judiciales además de recibir información de la gente. Y fue de este modo, que una llamada anónima condujo a la organización civil hasta Patrocinio, lugar en donde integrantes del crimen organizado ejecutaban y "cocinaban" a sus víctimas con el fin de no dejar rastro.

"Empezamos a trabajar como buscadores en enero y la gente empezó a ver, porque ha habido otros hallazgos, y la gente empezó a observar que estábamos haciendo esto y a tener confianza. Yo empecé a publicar en los medios de comunicación locales que si sabían de algo que me hablaran, que todo se iba a manejar de manera anónima", cuenta la activista.

Un proceso en el cual, el gobierno del estado de Coahuila resultó omiso. Y es hasta ahora, un año con 10 meses después, una vez que el hallazgo de los restos humanos empieza a resonar con más fuerza entre la opinión pública, que el gobernador Rubén Moreira ha aceptado ceder a las demandas ciudadanas para identificar los restos.

"El gobernador de Coahuila ya se dio cuenta que se tiene que hacer este trabajo de una manera colegiada y el día de ayer en la noche se reunió con el grupo y se tomaron acuerdos que se van a afinar en su totalidad el próximo domingo", relata Ortiz.

De acuerdo con la integrante de Grupo Vida, el gobernador pidió a la organización de víctimas realizar una agenda para trabajar en las excavaciones y rastreo de cuerpos, además de acordonar el área, traer expertos forenses para afinar la búsqueda y que tenga resultados que se puedan recolectar muestras de ADN para identificar los pedazos de hueso que puedan ayudar a identificar a las víctimas del crimen organizado.

Un caso que evidencia la crisis humanitaria que se vive en el norte del país y en estados concretos como Coahuila, donde el Estado en sus diversos niveles ha resultado omiso a la hora de investigar y castigar a los responsables de delitos de "lesa humanidad" como los perpetrados en casos como los de San Fernando y Allende.

LA COLABORACIÓN ENTRE LA POLICÍA Y EL NARCO

Esa es la conclusión a la que llega el estudio En el desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), una investigación realizada por el Colegio de México, coordinada por el académico Sergio Aguayo.

De acuerdo con los principales resultados de la investigación, en 2010 y 2011, el cártel de los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías durante los acontecimientos de la masacre de San Fernando y a los 20 en la desaparición y probable asesinato de aproximadamente 300 pobladores de Allende. Sin embargo, los agentes se involucraron de diferente manera con los criminales, ya que mientras "algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar ni combatir a los delincuentes".

El estudio documenta a detalle lo que se sabe hasta el momento de ambos casos, destacando las omisiones de la autoridad en sus diversos niveles de gobierno, siendo los gobiernos estatales el eslabón más débil del Estado mexicano.

"Los gobiernos municipales eran inexistentes y los funcionarios violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales. Por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar inmediatamente los casos de desaparición forzada", advierte el documento.

Una situación similar a las omisiones de los gobiernos estatales de Tamaulipas y Coahuila, tal como plantea la investigación al cuestionar la relación entre el gobernador tamaulipeco Egidio Torre Cantu y los Zetas.

"¿A qué se debe el comportamiento del gobierno tamaulipeco? ¿Era incompetencia o existían complicidades con el crimen organizado? De ser el caso, ¿cuál era el nivel y la profundidad de los lazos entre el gobierno de Torre Cantú y los Zetas o el Cártel del Golfo? Lo ignoramos en parte porque la CNDH no fijó responsabilidades ni profundizó sobre la actuación de los gobiernos del municipio y el estado", cuestiona el informe, el cual también critica el papel que ha jugado el gobierno de Estados Unidos a la hora de frenar los avances de las investigaciones en México.

"La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad. Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México. El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, comentó que actores principales de la matanza se encuentran en Estados Unidos y que la Procuraduría de Coahuila no ha tenido éxito en la extradición ni en obtener información de estas personas", añade el documento.

La investigación también explica la manera en que una parte de los recursos obtenidos por los Zetas en Allende la dedicaban a la compra de la complicidad policiaca, sorprendiendo "lo económico que les resultaba tener a su servicio a una corporación policiaca", debido en buena medida a los bajos salarios percibidos por los policías municipales de aquella región, que rondaban entre los 5 mil y 6 mil 300 pesos mensuales.

De este modo, el estudio llega a cuatro reflexiones determinantes para comprender casos como los de San Fernando y Allende: 1) el poderío de los Zetas; 2) las omisiones del Estado; 3) la intervención de los Estados Unidos; 4) el factor económico.

Y mientras los casos de violaciones graves de derechos humanos siguen acumulándose en expedientes judiciales sin respuesta, grupos de la sociedad civil siguen haciendo de manera independiente el trabajo que no ha hecho el Estado mexicano: investigar y dar con el paradero de los desaparecidos en México.