POLÍTICA

La nueva lucha legal que se avecina por el control del agua

Organizaciones civiles denuncian un nuevo intento del gobierno mexicano por legalizar el despojo mediante una nueva Ley de Aguas con tintes "privatizadores".

07/10/2016 6:19 PM CDT | Actualizado 08/10/2016 9:29 AM CDT
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Mientras el Tribunal Latinoamericano del Agua emitió una recomendación al gobierno mexicano para resolver los conflictos sociales por el despojo y acceso al agua, algunas organizaciones civiles se preparan para hacer frente a lo que consideran una nueva ley privatizadora en el sector hídrico, impulsada por la Conagua.

Luego de una semana en que el tribunal ético celebró una serie de audiencias públicas para documentar casos de abusos y despojo vinculados al agua, el organismo recomendó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de México promover un debate amplio, incluyente y democrático para la elaboración de una propuesta de ley general de aguas, luego de que grupos de la sociedad civil denunciaran un nuevo intento del gobierno federal por imponer una ley de aguas con tintes privatizadores.

"Hay una crisis de legalidad que se convierte en una crisis hídrica y tiene que ver con la manera en que empresas altamente dañinas para los ecosistemas y la salud están actuando desde una perspectiva legal pero no legítima", señaló Javier Bogantes Díaz, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua.

"Hay una tendencia muy fuerte, y principalmente en este país, a privilegiar a las empresas por encima de los derechos de las poblaciones y esto es algo que lastimosamente está causando tensiones, conflicto y enfrentamientos", añadió.

Es un factor complejo, porque cuando a la gente le falta el agua es capaz de cualquier cosa".Javier Bogantes Díaz, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua.


Una opinión que fue compartida por el jurado a la hora de resolver los casos presentados durante las audiencias públicas, tales como la contaminación del Río Atoyac en Oaxaca, la afectación a ejidos del Valle de Mexicali, la violación al derecho humano al agua por la construcción indiscriminada de infraestructura en Morelia o el caso de contaminación del agua en Coahuila para la explotación del gas de esquisto mediante la técnica del fracking. Casos que en buena medida, ponen en evidencia las contradicciones del sistema legal en México.

Comunidades resienten primeros efectos del 'fracking' en México

"Hay una distancia enorme entre los textos, la Constitución mexicana, los códigos, las leyes que son excelentes y la aplicación. No se aplican claramente como deberían y cuando hay errores, faltas o negligencia no hay sanciones contra los funcionarios. Eso no es normal", señaló en entrevista el magistrado francés Philippe Texier, presidente del jurado y quien durante mucho tiempo fungió como miembro del Comité de Derechos del Consejo Económico, Social y de las Naciones Unidas.

LOS RIESGOS DE LA NUEVA LEY DE AGUAS

Y mientras los casos sobre despojo agudiza las tensiones y conflictos por el agua en todo el país, varias organizaciones civiles anunciaron que presentarán una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA) ante la nueva ley que actualmente propone la Conagua, luego de que la llamada Ley Korenfeld fuera desechada en 2014 ante el rechazo que provocó entre la sociedad civil.

De acuerdo con la coordinadora Agua para Todos, organización impulsora de la iniciativa ciudadana, el principal problema con la nueva versión de la Ley de Aguas que Conagua ha empezado a repartir entre algunos legisladores, es que mantiene su carácter privatizador, aún cuando se eliminaron varios puntos que provocaron un mayor repudio por parte de la ciudadanía.

Entre las medidas que fueron eliminadas respecto a la versión anterior, se encuentran los mecanismos para designar al titular de Conagua, las facilidades que tendría el organismo para ejercer la fuerza pública contra comunidades y poblaciones que se opusieran a sus proyectos y los castigos que se planteaban para aquellos que realizaran investigación científica sin aprobación explícita del gobierno. Una situación que aumenta el riesgo de que el "carácter privatizador" de la reforma planteada por el gobierno federal pueda permanecer oculta en la nueva redacción de la ley.

"Tenemos una infinidad de situaciones que nos llevan a reprobar a Conagua y por lo tanto una ley que venga con su sello. Conagua ya está distribuyendo en ambas cámaras una nueva versión de su ley que tiene muchos problemas", señala Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la UAM e integrante de la coordinadora Agua para Todos, en entrevista con el Huffington Post.

"La diferencia respecto a la versión anterior no es muy grande. Hay algunas aristas que se eliminaron luego de que hubo cosas escandalosas en la primera versión, en la llamada Ley Korenfeld. Este tipo de aristas se descartaron porque le tienen miedo a que el pueblo vuelva a tirar su proyecto, y sin embargo, esta versión que es un poco más esbelta que la anterior, deja todo al reglamento, que elaboraría la propia Conagua, así que no son tan visibles los problemas", agrega.

De acuerdo con el colectivo Agua para Todos, la nueva ley planteada por el gobierno dejaría todo el control del agua en manos de la Conagua y su sistema de intereses, permitiendo que las concesiones de aguas nacionales sean destinadas a usos destructivos del medio ambiente, tales como la técnica del fracking y minería tóxica. Asimismo, todo lo que no se explicita en el texto de la ley estaría sujeto a un Reglamento que redactaría la propia Conagua, con lo cual, existe el riesgo de que la gestión de los recursos hídricos se realice de manera discrecional.

Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil plantean un modelo más participativo en la gestión del agua que privilegie el derecho humano al agua por encima de cualquier interés económico.

Y en este sentido, el investigador de la UAM señala que la manera en que el presupuesto federal para 2017 plantea un recorte de 72% del programa Proagua que permite financiar infraestructura hídrica es un claro indicio del abandono que pretende realizar el gobierno para permitir de lleno la entrada de la iniciativa privada en todo el sistema de agua potable y saneamiento, de un modo similar a lo que ocurrió con Pemex y CFE tras la aprobación de la reforma energética.

En el caso de esta ley se mantiene el agua como seguridad nacional y por lo tanto, impide que se hagan gestiones para transparentar las inversiones, las obras y los proyectos que Conagua autoriza. La mayor parte de estos son proyectos que no se licitan. Tenemos entonces un retoño de la Ley Korenfeld y el reto de que el debate de la Ley General de Aguas sea amplio".Pedro Moctezuma, investigador de la UAM

"Sin embargo, sí hay opacidad y una clara orientación privatizante y extractivista, mediante modelos de asociación público-privadas", concluyó.

En septiembre pasado, el senador del PRI, Arturo Zamora, reconoció que la aprobación de una ley de aguas sigue siendo uno de los pendientes del Congreso.

"Cuando se hizo un primer intento de sacarla adelante, en la Cámara de Diputados, se planteó que era el inicio de una privatización y por supuesto que no es así ni es la intención", dijo el legislador tricolor.