POLÍTICA

¿Tienen fin los 'feudos de impunidad' de los gobernadores corruptos?

La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados impondrá más candados para frenar los abusos que enfrentan los gobiernos estatales.

06/10/2016 10:10 PM CDT | Actualizado 17/10/2016 12:30 PM CDT

En el papel, sobre todo en cuestiones financieras y de seguridad, los gobiernos estatales en México han demostrado ser un desastre, inclusive en cuestiones de corrupción. Por ello, surge una pregunta: ¿hay forma de ponerle un freno a la corrupción e impunidad con la que operan los gobernadores?

En lo que va del sexenio, dos mandatarios estatales han sido depuestos por graves crisis políticas, tal como ocurrió en Guerrero con Ángel Aguirre tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en Michoacán, tras la cercanía de varios allegados de Fausto Vallejo con el cártel de La Familia. Otros han sido señalados por desfalcar a sus respectivos estados por prácticas que sugieren actos de corrupción, tal como ocurre con los hermanos Moreira en Coahuila, Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua, Guillermo Padrés en Sonora, Rodrigo Medina en Nuevo León y Miguel Alonso Reyes en Zacatecas. Una lista que se hace todavía más grande si se toman en cuenta otros casos no tan lejanos, como los de Juan Sabines en Chiapas, Mario Marín en Puebla, Ulises Ruíz en Oaxaca, Arturo Montiel en el Estado de México, Tomás Yarrington en Tamaulipas y un largo etcétera de gobernadores que han permanecido impunes.

Pero no sólo eso, sino que el tema del mal manejo de las finanzas públicas y el acelerado endeudamiento de los gobiernos estatales ha encendido las señales de alarma en las finanzas públicas del país, al registrar un monto total de 529 mil 718.6 millones de pesos de deudas estatales.

IMCO

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¿Y LA DISCIPLINA FINANCIERA?

"Lo que ocurre es que tienen una falta de disciplina financiera, es descuido o es, en algunos casos, hasta intención de desviar los recursos. Mayor gasto en endeudamiento, tomar recursos que no son para tales propósitos, es decir, desvío de recursos y en ocasiones, obviamente, corrupción", dijo en el Senado el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, al señalar la responsabilidad que tienen los gobernadores en la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a nivel estatal.

A pesar de que el Congreso aprobó una Ley de Disciplina Financiera para controlar la deuda de las entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha publicado aún las reglas para que pueda entrar en vigor dicha ley.

A raíz de este difícil escenario, surge la pregunta obligada: ¿hay forma de ponerle un freno a la impunidad con la que operan actualmente los gobernadores?

De acuerdo con expertos consultados por el Huff Post México, el problema de fondo tiene que ver con la manera en que a raíz de la transición democrática, los gobernadores dejaron de asumirse como empleados del presidente de la República para construir sus propios "feudos de impunidad", controlando a su antojo prácticamente todas las instancias estatales referentes a la rendición de cuentas, incluyendo los Congresos locales.

"Todo eso va a cambiar con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que pasó esta primavera es tan relevante como para cambiar todo el juego por tres motivos: cambiamos todo el régimen de responsabilidades administrativas, el régimen penal y de fiscalización", dice Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Lo que reina en los estados es la impunidad. Todos saben que llegan, pueden hacer prácticamente lo que quieran y pueden salir del cargo, y lo más que les puede pasar a los gobernadores salientes es una venganza política como en Chiapas y otros lugares, pero con lo que se robaron van a pagar a los mejores abogados de México".Max Kaiser, IMCO

De acuerdo con el experto, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados modificará las reglas del juego para los gobernadores, debido a las modificaciones realizadas al sistema legal en tres áreas: el régimen de responsabilidades administrativas, el régimen penal y de fiscalización.

A raíz de la reforma, las contralorías y auditorías estatales no sólo rendirán cuentas a los gobernadores que suelen controlar también los Congresos estatales, sino que ahora también tendrán que rendir cuentas a un Sistema Nacional de Fiscalización que tendrá que replicarse en los estados, otorgando mayores controles a comités ciudadanos apartidistas, encargados de revisar la gestión de los gobernadores. Controles para los cuales, el fuero no será un impedimento.

"Una de las cosas más relevantes que nadie está viendo es el tema del fuero. Para la responsabilidad administrativa el fuero no cuenta. El Tribunal de Justicia Administrativa, por un proceso de corrupción, va a poder destituir e inhabilitar incluso a un gobernador en funciones", explica Kaiser.

"Si esto hubiera estado hace seis años, en Veracruz, Duarte no hubiera podido hacer tan fácil y tranquilo todo lo que hace. Le hubiera costado más trabajo echar a perder todo el estado", agrega.

Sin embargo, el especialista reconoce que todavía existe el "riesgo latente" de que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda diluirse en la aplicación a nivel estatal, de un modo similar a lo que ocurrió con la reforma educativa tras la negociación entre el gobierno federal y el magisterio, por lo que considera fundamental que la sociedad civil siga de cerca todo el proceso. Una opinión con la que coinciden otros especialistas.

Cuartoscuro

"El reto fundamental es crear sistemas anticorrupción efectivos, y al igual que ocurre en el resto del país es ver cómo le hacemos para consolidar marcos jurídicos adecuados a nivel de los estados", dice Marco Fernández, investigador y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, quien considera que la falta de controles anticorrupción al interior del Poder Judicial es otro de los grandes pendientes a la hora de controlar a los gobiernos estatales.

No ha habido todavía una discusión seria para mejorar los controles anticorrupción al interior del Poder Judicial. Y eso es un reto mayúsculo. No hemos avanzado en eso".Marco Fernández, Tec de Monterrey

Asimismo, el otro gran reto, de acuerdo con el experto en transparencia y rendición de cuentas, será que las posiciones clave de los sistemas anticorrupción a nivel estatal queden en manos de personas calificadas en lugar de que dichas posiciones sean repartidas entre los partidos políticos.

"Esa es la parte más difícil, porque en todo el país tenemos un fenómeno de patrimonialismo donde los partidos políticos quieren llenar la administración pública de cuates y no de gente capaz, que tiene que ser seleccionada a partir del mérito y no las líneas partidistas. Ese es el gran reto, porque si no logramos extirpar ese problema, difícilmente se pueden transformar las instituciones encargadas de combatir la corrupción", finalizó.